Tiempos difíciles

Corren tiempos difíciles y estamos en una encrucijada como país, encrucijada que nos afecta a todos y que a todos nos concita, cada uno bajo su responsabilidad, pero con responsabilidad. Como país, tenemos que cumplir o cuando menos acercarnos lo más posible a un objetivo de déficit público, lo cual es necesario para volver a tener credibilidad en el mundo internacional y ante los mercados. Todo lo que sea bajar de un 7 por ciento de déficit es un éxito, puesto que supone romper la tendencia alcista que sin sacrificios lo hubiera situado en más del 11 por ciento. Supondría rebajarlo casi tres puntos en un año y en una situación de crecimiento negativo, algo inimaginable y que, gracias al esfuerzo de trabajadores, funcionarios, empresarios, etc., se puede lograr. Este contexto de ajustes y recortes genera un lógico malestar general, algo con lo que hay que contar, y se habrá de extremar el cuidado para que no haya más personas en situación de exclusión social, el peor de los escenarios posibles. Pero en este contexto también surgen otro tipo de reivindicaciones que, siendo en algunos casos legítimas, no están condicionadas por este escenario, y a lo peor, utilizar el mismo como marco para su ejercicio no resulta adecuado. En este contexto surgen reinvindicaciones en el mundo de la Justicia, las cuales y en algún caso, están relacionadas con diseños del modelo y en otras están lógicamente alimentas por la pérdida de derechos económicos. Las primeras se deberían explicar bien, sobre todo el por qué del rechazo. Y las segundas, siendo muy legítimas, se enmarcan en el proceso de sacrificio general del pueblo español. Pero lo que en mi opinión personal no es tan correcto es vincular la no creíble limitación de la independencia del Poder Judicial como consecuencia de alguna de las reformas propuestas. Las mismas se pueden compartir o no, es legítimo, pero lo que no es adecuado es causalizar una pretendida limitación de la independencia del Poder Judicial precisamente en el país en el que el ejercicio del poder jurisdiccional se ejerce con total independencia. La razón es muy sencilla, si se abusa de la posible pérdida de independencia en el argumentario público, cuando se pueda producir alguna reforma en tal línea, como por ejemplo la de 1985, nadie nos creerá. Hay cuestiones sagradas en una democracia y una de ellas es la independencia del Poder Judicial, atributo esencial que no se posee como algo personal, sino en beneficio de los ciudadanos que son los que tienen derecho al acceso a la tutela judicial efectiva administrada por jueces independientes e imparciales. Por ello, la defensa de aquella se debe hacer en nombre de sus auténticos titulares, que en definitiva son los ciudadanos. Lo contrario no es de recibo. En segundo lugar, los jueces tenemos y debemos, como colectivo depositario del ejercicio de un poder del Estado, una obligación reputacional de imagen ante la ciudadanía, pues esta necesita confiar en sus jueces, lo cual no sólo es una cuestión de ser, sino de parecer, y esto también se debe tener en cuenta en el modo y forma en el que públicamente se realizan peticiones, críticas y valoraciones. El hecho de que el Poder Judicial sea prestado por profesionales unidos con una relación administrativa con el Ministerio de Justicia en cuanto pagador, y bajo el control y supervisión del Consejo General del Poder Judicial en cuanto órgano de gobierno, no puede soslayar que se está ante titulares de una potestad democrática, el Poder Judicial, y ello genera un plus de responsabilidad y prudencia, máxime en momentos como los actuales, del cual no deberíamos prescindir. En tercer lugar y último, también se debe analizar quiénes y por qué encabezan en algunas ocasiones los movimientos reivindicativos. Debemos preguntarnos cuáles son sus auténticas intenciones y, en algunos casos, podríamos llevarnos alguna que otra sorpresa. Decía Hurtado de Mendoza, «pusieron los Reyes Católicos el gobierno de la Justicia en manos de letrados, cuya profesión eran las letras legales, comedimiento, secreto, verdad, vida y alma y sin corrupción de costumbres; no visitar, no recibir dones, no profesar estrechura de amistades en razón al cargo, no vestir ni gastar suntuosamente, humanidad en el trato y juntarse a las horas señaladas para oír causas y tratar el bien público». No cabe duda de que el juez es ante todo ciudadano y como tal sometido a las mismas circunstancias que el resto de los mortales, pero no deberíamos permitir que nada ni nadie utilizara la función como un elemento de lucha personal o partidaria, puesto que flaco favor estaríamos haciendo a nuestro propio prestigio y, lo que es más importante, a la necesaria confianza de los ciudadanos, que reside en gran medida en la imagen que tienen del juez en la sociedad. Hoy por hoy, sigue siendo muy alta.

Enrique López

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