Islandia

Islandia ha dejado de ser el país de los glaciares, volcanes y vikingos para convertirse en un ideal. Los islandeses son famosos por haberse negado a pagar la deuda externa de los bancos y encarcelar a los culpables de la crisis financiera. Como la corrupción no gusta a nadie, experimento cierta simpatía instintiva hacia el país que ha hecho bandera de la lucha contra el abuso de banqueros y políticos corruptos. Pero, como siempre, la realidad es más compleja que los deseos. Para empezar, Islandia no interesa a nadie. Apenas tiene 320.000 habitantes, de modo que la banca extranjera se avino a amortizar el impago de la deuda –particularmente los bancos alemanes– sin que nadie se ofreciese a prestar dinero para resolver el problema. Cuando a nosotros nos ofrecen un rescate, es porque la mayor parte de nuestra deuda es de los bancos alemanes o franceses y nuestra quiebra supondría la suya. Por otra parte, no es verdad que el cierre de tres grandes bancos y la ruptura financiera con el exterior no trajese consecuencias en Islandia. La gente se ha empobrecido tanto o más que en España. Las cuentas se salvaron, pero se perdieron todas las acciones, valores y productos financieros. La inflación se disparó, los sueldos bajaron, la presión fiscal de los hogares subió un 30 por 100 y un corralito impide hasta hoy sacar el dinero. En realidad, España tiene suerte de disponer de una línea de crédito que nadie dispuso para Islandia, y sin embargo, podríamos imitar algunos aspectos de su «revolución de las cacerolas». Por ejemplo, reclamar ciertas responsabilidades. En Islandia están siendo investigados un centenar de cargos y ya están en la cárcel dos altos ejecutivos de la caja de ahorros y un responsable de Hacienda. Incluso se condenó por negligencia y mala gestión al ex primer ministro Geir Haarde, aunque se le evitó la prisión. A mí me gustaría que se estableciese quiénes se lucraron o miraron hacia otro lado en el Banco de España o en los bancos que ahora tenemos que financiar con el sudor de nuestra frente. También que ganase terreno cierto sentido de la justicia social. En Islandia (y esto no es nuevo) los ingresos de la primera ministra equivalen tan sólo a cuatro veces un salario medio. Basta de bonos y dividendos injustificados en los consejos de administración. Puede que la revolución islandesa no deba aplicarse en España, pero sería bueno que esta crisis no se superase con el sufrimiento del pueblo a costa de dejar intactos los mecanismos corruptos del poder.

Cristina López Schlichting

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