Desde la 2ª Guerra Mundial los poderes públicos se han ido haciendo progresivamente garantes de los derechos sociales (siempre crecientes) a favor de sus ciudadanos, han ido buscando la nivelación económica, la seguridad y la estabilidad en el empleo, el establecimiento de estabilizadores automáticos, el mantener la demanda agregada, etc. Poco a poco la actividad del Estado ha ido encargándose también de la asistencia sanitaria, la educación, la regulación del trabajo, el salario mínimo, el subsidio por desempleo, la jubilación, el fomento de ciertas industrias... para luego extender su radio de acción sobre la cultura, las políticas activas de empleo, la vivienda digna, la protección al medio ambiente, la dependencia de los ancianos, la igualdad de trato, etc. A todo ello hay que darle un sustrato jurídico, una dotación presupuestaria y un desarrollo reglamentario que dañará, a la postre, las reglas de convivencia, pues para conseguir aquellos fines colectivos se acabará yendo inexorablemente contra la libertad y hacienda de los más productivos.
Ante la avalancha de mandatos, normas finalistas y sus bandazos regulatorios, el ciudadano permanece paralizado ante la eventualidad de incurrir en cualquier infracción, el empresario a la espera de autorizaciones administrativas y dedicando sus escasos recursos a satisfacer los deseos del legislador, en vez de innovar y trabajar para las preferencias del cliente y, por último, el inversor quedará espantado. Los costes de este régimen de incertidumbre para el interés general son incalculables.
El derecho no debería nunca adecuarse a la política, es la política la que ha de ser adecuada al derecho. Esto no deja de ser hoy un desiderátum, la realidad es justo la contraria. El mantenimiento del extenso y complejo entramado de relaciones que implican las modernas sociedades abiertas pende de un hilo –cual espada de Damocles– con cada iniciativa que se le ocurra al gobernante de turno y la consiga introducir en el ordenamiento jurídico.
El legislador actual impone compulsivamente objetivos comunes a todos. Esto es impracticable en un orden extenso a no ser que se pretenda minarlo antes o después. La cuestión de fondo es saber cómo podemos vivir juntos en una sociedad repleta de personas que se mueven por distintas opiniones, creencias, intereses y fines muy diversos. Para ello, hay que sustituir el anhelo afectivo de lo "social" por el estricto respeto a las meras reglas de procedimiento y por un constante empeño por mejorar la definición de los derechos de propiedad y sus garantías, es decir, por el marco jurídico de una sociedad fértil y libre. Las insistentes pretensiones de justicia social que cada dirigente imponga o mantenga, a pesar de las buenas intenciones, pueden malograr a largo plazo la sociedad abierta.
Hay muchas formas de vivir, pero son pocas las formas de vivir pacífica y prósperamente. Frente a la crisis actual del sobreendeudado Estado moderno, una de las formas verdaderamente claves de organizarse la sociedad es conforme al equilibrio presupuestario y a los principios del Estado de Derecho clásico. La socialdemocracia actual y su Estado de bienestar, su inflación, su protección de grupos organizados y su indisciplina presupuestaria no podrán sobrevivir sin una permanente regulación. Una sociedad libre, por el contrario, no podrá nunca hacerlo sin la Ley. El mercado libre y la Ley nacen (y mueren) juntos.
Francisco Moreno
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