A finales del año 2007, las administraciones públicas españoles debían 381.401 millones de euros. En ese momento, comenzaban a verse los primeros signos de la crisis económica más importante de las últimas décadas. Las familias y las empresas españolas tomaron nota rápidamente: cerraron los negocios improductivos, cayó el crédito al sector privado y aumentó el ahorro. Había que adaptarse a las nuevas circunstancias, con un planteamiento más austero que permitiera pagar las deudas contraídas durante el boom y sirviera de acopio con el que encarar el futuro.
Evidentemente, esta lógica no se aplica a la clase política. Los gobernantes españoles decidieron que con ellos no iba eso de la austeridad, el ahorro y la contención del gasto. Al fin y al cabo, el dinero no era suyo, así que podían derrochar con alegría. Por eso, desde el 31 de diciembre de 2007 hasta el pasado mes de septiembre, la deuda de las administraciones públicas ha aumentado en casi 325.000 millones. De hecho, según los datos del Banco de España conocidos este viernes, entre Gobierno central, comunidades autónomas y entidades locales deben 706.340 millones de euros.
Con unas cifras tan grandes, es difícil perderse. Nadie se imagina con precisión qué significan 325.000 millones más de deuda. Además, el discurso político suele difuminar las responsabilidades, se le echa la culpa a la crisis, a la coyuntura internacional o al aumento del gasto social (prestaciones por desempleo, pensiones, etc...). Nunca se admite que es el despilfarro de las administraciones el que provoca esta situación y que esto puede comprobarse fácilmente viendo como algunos gobiernos sí mantienen una línea de control del gasto mientras otros caen en los números rojos y dejan a sus regiones, ciudades o países al borde de la quiebra.
Por ejemplo, en España, el Estado central debía 292.000 millones en 2007 y debe 534.000 millones ahora, un incremento del 82%. Mientras, las autonomías debían algo más de 60.000 millones y ahora adeudan 135.000, lo que supone una subida del 125%. Las corporaciones locales, por su parte, pasan de 29.400 millones a 36.700, un 25% más. Esto quiere decir que son los gobiernos regionales los que más han incrementado sus números rojos, aunque los gastos más asociados al ciclo económico (como las prestaciones por desempleo) son competencia del Gobierno central.
Para aquellos que no se hagan una idea de la gravedad de este despilfarro, lo más sencillo es pasar los datos a cifras más cercanas. Por ejemplo: si dividimos los 325.000 millones de deuda entre los 16,3 millones de hogares que hay en España, nos sale una cifra de 19.578 euros de deuda para cada familia. Si tomamos sólo a los 18.156.000 trabajadores, a cada uno le tocan 17.900 euros de deuda. Y si sólo cogemos al sector privado (el que genera riqueza, puesto que todos los ingresos de la administración llegan a través de impuestos o tasas), sus 14.936.000 empleados deben desde 2007 21.760 euros más por cabeza.
No son cifras para tomar a la ligera. La deuda total es más o menos el doble. Por lo tanto, cada hogar español debe casi 40.000 euros gracias al Estado. La mayoría de los ciudadanos no lo saben. Lo tendrán que pagar con sus impuestos de años venideros. Pero que no esté en su extracto bancario, no hace a esta deuda menos real.
Todas las generalizaciones son injustas. Cuando decimos que los políticos han dilapidado la riqueza de sus contribuyentes, hay que aclarar que no todos son iguales. Algunos, han sido más derrochadores que otros. Merece la pena destacar a aquellos que mejor han cuidado de las finanzas de su administración y señalar a los que han dejado las arcas vacías e hipotecadas para el futuro. De esta manera, Esperanza Aguirre y José Ramón Bauzá demuestran cada día que no creen aquello de que "el dinero público no es de nadie". Del mismo modo, José Luis Rodríguez Zapatero, José Montilla o José Ramón Barreda deberían dar explicaciones por lo que han hecho con los presupuestos de sus negociados.
Esperanza Aguirre, líder en austeridad: la Comunidad de Madrid ha sido la autonomía que menos ha incrementado su deuda desde 2007. Entonces, suponía el 5,4% del PIB regional, ahora alcanza el 7,9%, una subida del 2,5% (le siguen Andalucía y Canarias con incrementos del 4,5%, casi el doble). Esta austeridad ha convertido a la región de Esperanza Aguirre en la líder en porcentaje de deuda del país.
José Ramón Bauzá, cambio de tendencia: el Gobierno balear del PSOE pasó de una deuda pública del 6,9% en 2007 al 17,1% en la primavera de este año. Fue el tercer ejecutivo más derrochador durante la crisis. Entonces, tuvieron lugar las elecciones autonómicas y llegó José Ramón Bauzá a la Presidencia. En este último trimestre, Baleares es la única comunidad que ve una reducción significativa de su deuda (0,3%). Es un paso meritorio y corresponde a un equipo que ha llegado con las ideas claras: menos intervencionismo y menos gasto.
José Luis Rodríguez Zapatero, el principal responsable: evidentemente, si alguien tiene responsabilidad en esta deriva es el ocupante de La Moncloa. No sólo el Estado central ha disparado su deuda un 82%, como veíamos arriba, sino que ha permitido a las regiones hacer lo propio con la suya, dándoles una manga ancha que algunos han aprovechado en perjuicio de sus ciudadanos.
José Montilla, una región en quiebra: Cataluña se está llevando la palma este otoño en cuanto a noticias sobre recortes, deuda disparada y necesidades de financiación. Más allá de que el nuevo Gobierno de CiU pretenda esconderse detrás de su predecesor para no tomar medidas impopulares (también es habitual echarle la culpa al Estado, por supuesto), es cierto que la gestión económica del tripartito liderado por José Montilla deja mucho que desear. La deuda pública catalana es ahora mismo del 19,7%, la segunda más alta tras la de Valencia, y ha crecido en más de 12 puntos desde 2007. De hecho, ya hay anuncios de retrasos en los pagos y recortes en cuestiones muy sensibles: Cataluña es prácticamente una región en quiebra. Ahora, le tocará a Artur Mas lidiar con esta herencia. Eso sí, lleva un año en el cargo y por ahora ha habido más quejas que soluciones. De su capacidad para salir del paso, dependerá el juicio a su labor.
José María Barreda, el gran derrochador: pero si alguien se lleva la palma en cuanto a despilfarro, ése es José María Barreda, que se encontró en 2004 una deuda del 3% y se va con el 18,3%. De hecho, los números rojos de Castilla-la Mancha han crecido un 1% desde que su sucesora tomó posesión y no precisamente porque el nuevo Gobierno no haya emprendido un acelerado plan de recortes del gasto, sino porque las cifras ocultas de la deuda eran incluso superiores a las conocidas.
D. Soriano
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