La cuerda sobre la que se sostienen a duras penas las finanzas de varias comunidades autónomas está a punto de resquebrajarse.
La cuerda sobre la que se sostienen a duras penas las finanzas de varias comunidades autónomas está a punto de resquebrajarse.
El manido recurso al endeudamiento ante la brutal caída de la recaudación provocada por la crisis y las abultadas estructuras de gasto que los gobiernos regionales han edificado durante décadas han tensionado hasta tal punto la tesorería de autonomías como Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha, entre otras, que la amenaza del colapso parece más cercana que nunca.
La Generalitat catalana ha tenido que aplazar parte de los pagos a sus empleados (ya lo hacía con los proveedores) ante su incapacidad para obtener los 1.700 millones de euros que necesita para cerrar el año. La excusa de última hora de que el Gobierno nacional no ha cumplido con la transferencia prometida de 760 millones en concepto de pago por las infraestructuras no resulta creíble, puesto que ese dinero en todo caso no debería destinarse a pagar nóminas, como pretendía la administración regional.
El drama es que Cataluña ha sido hasta ahora la comunidad más valiente a la hora de emprender los necesarios recortes del gasto –más por necesidad que por firme convicción–, pero sus resultados distan mucho de los esperados. Al cierre del pasado mes de junio, en la tesorería de la Generalitat catalana sólo había 19 millones. Mientras tanto, su homóloga valenciana afronta su via crucis particular.
Tras sumarse alegremente el año pasado a la fiebre de la emisión de bonos patrióticos iniciada por Cataluña, ahora, cuando toca renovar esta deuda, la Generalitat que preside Alberto Fabra se está mostrando incapaz de conseguir la financiación minorista necesaria. Por eso, se ha visto forzada a negociar con la banca y el ICO préstamos para salvar esta situación y, de paso, afrontar también el pago de las facturas pendientes a los proveedores, que ascienden a 2.400 millones.
El agujero financiero de las comunidades autónomas será una de las patatas calientes que deberá gestionar el nuevo Gobierno a partir de la semana que viene. Pese a los anuncios de reducción del gasto, la deuda de los gobiernos regionales siguió aumentando en el tercer trimestre, un 22% más que en 2010, en parte también por los mayores costes de financiación. Pero precisamente porque es insostenible mantener unas administraciones públicas tan endeudadas aumenta la urgencia de desmontar el andamiaje creado por el Estado autonómico.
El parche con que ayer se despidió el Ejecutivo de Zapatero –4.500 millones extra a las autonomías para que paguen nóminas y adelanto de los pagos a cuenta a los ayuntamientos– es el colofón a una etapa negra en la historia económica de España que no debe repetirse.Editorial Expansión
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Félix Velasco
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