Existe en el mundo de lo metafórico un territorio, no muy vasto pero sí muy próspero, conquistado desde hace tres siglos al absolutismo y la arbitrariedad gracias a la visión, convertida en gigantesco esfuerzo, de una cuantas personas. Sus fronteras no siempre aparecen claramente marcadas en los mapas, aunque desde la honradez intelectual resulta sencillo identificarlas. Lo llaman el Imperio de la Ley. España forma parte de él desde el año 1978, en calidad de miembro de pleno derecho, aunque últimamente se abran fallas en nuestro país que resquebrajan el suelo y amenazan con provocar nuestra expulsión de ese Edén.
No me refiero únicamente a las grietas económicas por las que se cuelan los dineros de muchos ahorradores, poco dispuestos a permitir que nuestra indisciplina, despilfarro e inflación de sector público se traguen los frutos de su trabajo, sujetos a las reglas del mercado libre que tan buenos resultados dan a quienes las cumplen escrupulosamente. Ni siquiera creo que sean ésas las más peligrosas con vistas a la solidez de los preceptos sobre los que se asienta la comunidad selecta de naciones a la que me refiero. Lo que más me preocupa es precisamente lo que permanece oscuro o a media luz, porque lo que no se ve no se arregla hasta que resulta ser demasiado tarde.
El Imperio de la Ley se tambalea cuando el gobierno y sus funcionarios, en las múltiples administraciones, abusan de sus cargos con el fin de enriquecerse o favorecer a sus amigos. (Hay tantos casos flagrantes que huelga enumerarlos.) Cuando el gobierno o sus funcionarios mienten sin pudor ni castigo sobre asuntos tan graves como la negociación con una banda terrorista cuyos sicarios reciben un trato de privilegio con respecto a delincuentes comunes, sin ni siquiera abandonar las armas o cesar en sus amenazas y extorsiones. Cuando el Gobierno o sus funcionarios entierran el principio democrático sagrado de la separación de poderes para adueñarse del Tribunal Constitucional y, desde esa trinchera, aniquilar el espíritu y la letra de la Ley de Partidos o de la mismísima Carta magna (Cataluña). Cuando el gobierno o sus funcionarios desisten de su obligación de velar por la salvaguarda de la propiedad privada, piedra angular de una sociedad de ciudadanos libres, permitiendo que cuadrillas más o menos organizadas okupen (con k de insumisos a la ortografía y la autoridad) edificios de viviendas o servicios, impunemente, mientras ese mismo gobierno y sus funcionarios actúan sin piedad contra quien aparca mal su coche en la vía pública. Cuando el gobierno o sus funcionarios, en suma, ponen mayor empeño en proteger a los victimarios que a sus víctimas.
Llegado el momento de evaluar en toda su dimensión el legado de José Luis Rodríguez Zapatero, tal como decía el pasado martes José Bono al celebrar la Constitución, escarnecida una y otra vez por el presidente saliente, lo que marcará en letras de sangre su gestión será esta quiebra recurrente del sistema de valores que hacía de España un leal súbdito del imperio sometido a la legalidad, entendida como sinónimo de justicia. Antes de él hubo desgarros, por supuesto, y después de él los habrá. Pero nunca como ahora en tantos frentes de tamaña gravedad.
Isabel San Sebastián
FVA Management - Blog
Félix Velasco
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