Responsabilidad con las cuentas autonómicas

El agujero financiero de las comunidades autónomas tiene varias causas y culpables.

La indisciplina fiscal de unos gobiernos regionales que imaginaron que el maná del ladrillo sería eterno, el atribulado traspaso de competencias sin la garantía de los fondos necesarios para asumirlas, la irresponsabilidad del Ejecutivo central al disparar los anticipos a cuenta sobre unas previsiones de ingresos poco realistas para calmar a los barones regionales...

Pero ya habrá tiempo de exigir responsabilidades a un desaguisado de tal calibre. Ahora lo que urge es frenar el posible impacto de las dificultades financieras de las comunidades autónomas sobre la percepción que tienen los mercados de la economía española. Por eso es de aplaudir el acercamiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición para buscar una solución de consenso.

La reunión de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera es clave. El margen del Estado para asumir las posibles desviaciones del objetivo de déficit por parte de las autonomías es nulo, por lo que la asunción de nuevos recortes por parte de éstas es inevitable.

Sus vías de fuga en el gasto son múltiples y, salvo excepciones, los recortes han sido escasos. Uno de los lastres más evidentes son las televisiones autonómicas, que acumulan un coste anual de 1.800 millones de euros entre el déficit que generan y las subvenciones que reciben.

Su futuro pasa irremediablemente por la privatización (antes, sin embargo, son necesarios cambios legales a nivel nacional), aunque su estado actual no es el idóneo para atraer a posibles interesados. Un asunto hasta ahora tabú para los ejecutivos regionales, pero que no admite más aplazamientos. También el Gobierno debe dar su brazo a torcer en algunos aspectos.

Sería de agradecer un gesto de buena voluntad con los plazos para que las comunidades devuelvan las cantidades percibidas de más en los últimos años en base a las previsiones de recaudación de impuestos, que no se han cumplido ni por asomo. Pretender en las actuales circunstancias que las CCAA devuelvan 19.000 millones de euros al Estado en los próximos cinco años resulta iluso. Y es cierto que de no ser así el coste en términos de deuda para el Gobierno se dispararía, pero éste debe asumir su parte de culpa en el desmadre de las cuentas regionales y no apretar aún más la soga al cuello de muchas autonomías.

Ante este aciago panorama financiero, parece llegada la hora de poner soluciones estructurales para evitar nuevos episodios de este tipo: fijar techos de gasto claros e inamovibles por regiones, asumir medidas impopulares como el copago sanitario, limitar el recurso a las emisiones de deuda o plantear la devolución de las competencias que no puedan ser digeridas.

Expansión

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Félix Velasco