En los próximos días se va a celebrar un Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado de urgencia por la ministra Elena Salgado a petición, sobre todo, de las Comunidades Autónomas gobernadas ahora por el Partido Popular y, sobre todo, por el presidente de éste partido, Mariano Rajoy, que fue quien exigió a la vicepresidenta ese foro a cambio de que el PP mantuviera una cierta prudencia en sus declaraciones sobre la herencia recibida tras el 22 de mayo. Pero el pasado lunes, a preguntas de los periodistas, María Dolores de Cospedal rompió su silencio y sacó algo que le estaba quemando por dentro y con razón: el déficit de su Comunidad, que según las cifras oficiales estaba entorno al 1,7%, supera en realidad el 4%. No dijo más, a la espera de reunirse con Salgado y exponerle la realidad de esa cruda situación, pero enseguida han venido los del otro lado a acusarla de desleal.
Es decir, Cospedal llega al Gobierno de Castilla-La Mancha y ocupa un despacho en el que ni siquiera hay teléfonos y mucho menos ordenadores porque, según le cuentan los que allí estaban, Barreda paraba poco por el lugar y solo iba a recibir alguna visita, alguien viene e incluso se lleva un cuadro del despacho porque “era una donación y ahora el dueño lo quiere recuperar”. Después pone a los suyos a trabajar en condiciones que ni se esperaban y se encuentran con que no solo deben no ya 400 millones, como dijo en una primera estimación la anterior consejera, ni siquiera 700 como reconocería después en una entrevista en El País, sino más de 1.700 millones de euros en facturas a proveedores. Y ella es la desleal. Tiene delito. Y tiene más delito todavía que el propio Barreda reconozca ahora, cuando ya no es presidente, que ha mentido a los castellano-manchegos y que, en efecto, deben más de lo que habían dicho. ¿Y alguien se sorprende de que el PSOE haya perdido las elecciones en aquella comunidad –y en el resto-, después de evidenciar que toda su política se ha sustentado sobre los cimientos de la mentira? Pero, ¿saben ustedes cuál es el problema?
El problema es que lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, que es absolutamente imperdonable, es sólo la punta del iceberg de una situación que afecta a la mayoría de las comunidades autónomas, en las que los gobiernos se han dedicado a gastar a espuertas y después han ocultado la verdadera situación de sus cuentas tanto al Gobierno central como a las autoridades de Bruselas. Lo que se va a sustanciar en esa reunión del CPFF de la semana que viene es que en estos últimos meses hemos vivido instalados en una mentira, y que el déficit y la deuda de las CCAA es muy superior a la que se nos había dicho y, sobre todo, se le había dicho a Bruselas. Y eso, no les quepa a ustedes ninguna duda, va a tener un coste añadido en el descrédito y el desprestigio de nuestro país. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que durante años hemos vivido como si fuéramos inmensamente ricos y nuestros gobiernos autonómicos han gastado muy por encima de lo que ingresaban. Lo que tenía que haber sido un modelo de descentralización para hacer más ágil y más cercana la administración para el ciudadano, se ha convertido en un modelo mastodóntico de burocracia y en una verdadera sangría de gasto inútil. Y ahora esos excesos hay que pagarlos y no tenemos dinero.
El primero en denunciarlo fue Artur Mas y todo el mundo se le echó encima, pero no le faltaba razón, aunque en su caso los nacionalistas deberían hacer también examen de conciencia porque bajo los mandatos de Jordi Pujol también se produjeron excesos muy vinculados al victimismo nacionalista. La situación es tan grave que exige, en este momento, un replanteamiento del sistema, del modelo que nos ha acompañado durante todos estos años. No se trata de volver a dar pasos hacia atrás en el sentido de recortar poder o competencias de las autonomías, yo al menos no creo que esa sea la solución, sino que hay que introducir criterios de racionalización en el gasto y, sobre todo, de recortar allí donde sobra. Y sobra en muchas partes. Ya que estamos con Castilla-La Mancha, para muchos fue toda una sorpresa enterarnos de que la administración regional contaba con nada menos que 35 delegaciones provinciales… ¿Para qué? Ejemplos como ese, los hay a cientos.
Las propias diputaciones provinciales, ¿alguien puede decirnos a los ciudadanos realmente para qué sirven? ¿Y es necesario tener parlamentos autonómicos tan amplios en número de diputados? ¿Y por qué cada autonomía tiene que tener una televisión pública? Este es el verdadero debate sobre el ahorro en el gasto público, no el de cómo financiamos el Estado del Bienestar. Es cierto que tenemos problemas de financiación de la Sanidad, pero antes de establecer mecanismos como el copago -como han hecho en Italia-, deberíamos hacer un examen en profundidad de las cuentas de nuestros pequeños Estados regionales, pequeños en tamaño, y enormes en recursos dilapidados inútilmente. La realidad es que a día de hoy, el modelo autonómico funciona como un coche viejo y renqueante. No basta con una mano de chapa y pintura, porque nos volverá a dejar tirados de nuevo. Hay que cambiarlo, hay que ir a la letra de la ley y modificar todo aquello que ha permitido el sobredimensionamiento autonómico o, de lo contrario, nunca saldremos de esta espiral de gasto que nos ha conducido al colapso del sistema.
Federico Quevedo
FVA Management - Blog
Félix Velasco
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