Establezcamos de antemano todas las cautelas pertinentes hasta conocer el auto del juez por el que el viernes se procedía al registro de la sede la Sociedad General de Autores, SGAE, el Palacio de Longoria, y la detención de su presidente, Teddy Bautista, por presuntos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos. Digo que habrá que conocer el auto porque, vaya usted a saber, a lo mejor luego todo esto se queda en nada, pero la verdad es que hay que reconocer que ayer, quienes llevamos años luchando contra el abuso de poder que ha venido ejerciendo la SGAE con el amparo del Gobierno deRodríguez Zapatero, nos llevamos una alegría inmensa. No es que yo le desee mal alguno al señor Bautista, pero hay gente que se merece a veces que le receten un par de cucharadas de su propia medicina, y eso es exactamente lo que ha pasado.
Algunos venimos advirtiendo desde hace tiempo del modo de actuar de esta especie de mafia siciliana que, desde su sede en Madrid, ha ido extendiendo sus tentáculos por toda España, sin que haya rincón, café, bar, peluquería, comercio, boda-bautizo-comunión, etcétera que no haya sido visitado, y saqueado, por los inspectores de la SGAE, que en algunos casos recuerdan a aquellos camorristas del Chicago de los años 20 que iban de comercio en comercio cobrando a cambio de protección. Una vez me contó un amigo que había visto como dos inspectores de la SGAE intentaban cobrarle derechos de autor a un pobre mendigo que tocaba con su guitarra canciones de toda la vida para sacarse unas perrillas… Me resultó increíble, pero mi amigo insistía en la veracidad de la anécdota.
O no tan anécdota, porque casos de inspectores de la SGAE acudiendo incluso a peluquerías a cobrar derechos de autor por poner música en una radio portátil hemos visto unos cuantos, hasta el punto de que el gremio de peluquerías se negó en redondo a pagarle ni un euro más. Hasta ahí podríamos llegar, hombre, que buenas son las peluqueras… El afán recaudatorio de la mafia de la SGAE no conoce límites: incluso se atrevieron a llevarse el 10% de la recaudación de un concierto benéfico ofrecido por David Bisbal a un niño con Síndrome de Alexander. Al final lo devolvieron bajo amenaza de colapso por parte de miles de personas indignadas.
Y hablando de indignados, fue precisamente una ley aprobada en otoño pasado por el Gobierno con el apoyo del PP, que permite a la SGAE denunciar a aquellas páginas web que la propia sociedad asegure que vulnera los derechos de autor, para que se proceda a su cierre, lo que sirvió de germen al movimiento 15M, que ayer celebraba como una victoria casi propia la acción de la Guardia Civil. Esa prerrogativa censora era lo que ya le faltaba a esta cueva de ladrones que se lucra con el famoso canon digital que el Gobierno recauda a beneficio de inventario de la SGAE, pero sin que luego se fiscalice en modo alguno el destino de esos fondos. Y por eso ha pasado lo que ha pasado. Era inevitable: todo ese dinero, que sale de nuestros bolsillos, no podía ir a parar a causas benéficas, ¡hombre, por Dios…! No, ha ido a parar sabe el Señor a qué bolsillos y con qué espurios fines, y eso es lo que esperamos que nos aclare la Justicia, que es verdad que actúa tarde, y muchas veces mal, pero actúa al fin y al cabo, que es de lo que se trata.
Dejemos, por tanto que esa vía siga su camino. Lo que nos atañe a nosotros es otro asunto, y es que la SGAE no hubiera podido actuar del modo en que lo ha hecho, recurriendo al chantaje y a la extorsión –porque para mí tanto el modo de cobrar el canon como el de exigir los derechos de autor son formas de chantaje y de extorsión-, sino hubiera tenido el paraguas legal y la cobertura política que le ha ofrecido gratis et amore el Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en especial, la ministra de Cultura Ángeles González Sinde, quien, sobre todo este asunto, lleva un carrerón que ni les cuento. De entrada, el Ministerio está obligado a hacer dimitir a Bautista por la gravedad de las acusaciones sobre las que el juez ha fundamentado el registro y su detención, pero además debería de poner bajo sospecha todas las actividades de la SGAE.
Y si este fuera un país serio y normal, el Gobierno, con el apoyo de la oposición, debería de llevar al Parlamento una ley que, sin perjuicio de los derechos de autor, que nadie niega que deben ser protegidos, imponga unas normas de funcionamiento a las sociedades de autores y, sobre todo, fiscalice sus cuentas para evitar casos como éste. Convendrán conmigo en que aquí solo caben dos soluciones: o se eliminan el canon y se pone límite al cobro abusivo de derechos de autor y los poderes públicos se limitan a aplicar la ley en aquellos casos de descargas ilegales con ánimo de lucro, o si se mantiene se permite sin limitaciones la copia privada pero, además, se somete a las sociedades de autores al control político en la medida en que están siendo financiadas con un impuesto preventivo, y se obliga a que la elección de sus órganos directivos se produzca en el marco de una estricta observancia que garantice la limpieza democrática de la misma.
Es decir, que no haya un ‘pucherazo’ como el del jueves.
Federico Quevedo
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