El mes de abril del año pasado, la aplicación del principio de precaución ante la erupción del volcán islandés Eyjafjallajokull provocó la cancelación de 95.000 vuelos, pérdidas por valor de mil doscientos millones de euros y dejó en tierra a más de diez millones de pasajeros. Según las pruebas que se hicieron entonces, el riesgo de que se hubiera producido un accidente se había sobreestimado claramente por el centro de observación de cenizas volcánicas. Los ejemplos de una aplicación precipitada del llamado «principio de precaución», el último de ellos el del caso de la bacteria E.coli, se acumulan y afectan cada vez más a la vida cotidiana de las personas en las sociedades desarrolladas.
El principio de precaución es la base de las grandes cuestiones contemporáneas en materia medioambiental y salud humana, esencialmente está en el núcleo de la formulación de todas las teorías sobre el cambio climático y, como era de esperar, sometido a las mismas tensiones y polémicas. Fue enunciado en 1976 por el ecologista alemán Konrad Von Moltke y saltó a la escena global en 1992 en la Convención de Río sobre Diversidad Biológica, que estableció que «en caso de riesgo de daños graves o irreversibles, la ausencia de certeza científica absoluta no debe servir de pretexto para aplazar la adopción de medidas efectivas de protección».
El elemento más trascendente del principio es que se acepta como hipótesis real algo de lo que no se tiene evidencia, lo que no ha impedido que algunos países como Francia lo hayan llegado a inscribir en su constitución y la Unión Europea lo tenga como un criterio básico de gestión, que fue adoptado el año 2000 inicialmente para ser aplicado en la protección del medio ambiente, pero que ha sido rápidamente trasladado a la gestión de los riesgos contra la salud y la defensa de los consumidores. El Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo lo había convertido en fundamento jurídico en 1998 cuando dictaminó, en una sentencia contra Gran Bretaña, en el caso de las «VACAS LOCAS» que «aunque subsistan las incertidumbres sobre el alcance de los riesgos para la salud de las personas, las autoridades pueden tomar medidas precautorias sin esperar a que la gravedad de tales riesgos quede plenamente demostrada».
La hoy eurodiputada popular Pilar Ayuso estaba en la célula de crisis de la administración española cuando se preparaba para una catástrofe que nunca se produjo con LOS ORDENADORES EN EL CAMBIO DE SIGLO. Ahora forma parte del Comité de Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo y a la vista de los resultados de la gestión en Alemania de la crisis de la bacteria E.coli y se ha convencido de que «deberíamos empezar a revisar este principio, que mezclado con la tendencia a la demagogia de muchos dirigentes políticos puede conducir al caos», o al menos «clarificar mejor los criterios de aplicación».
En su formulación más amplia, la UE incluyó el matiz de la «razonabilidad del coste» de las medidas de precaución, pero en los hechos ha desaparecido. El francés Claude Allegre, ex ministro socialista y miembro de la Academia de Ciencias de la Tierra de París insiste en que asumir el principio de precaución es «una trampa para los políticos, porque a cada accidente correspondería una sanción por no haberlo sabido prevenir, cuando el riesgo cero no existe, porque la vida es riesgo». Como dice el también científico de la salud francés Jean de Kervasdoué, «ser prudentes, analizar los riesgos para intentar evitarlos, es un sabio consejo, pero hacer de la precaución un principio es un drama, porque no se trata de tratar de imaginar la evolución posible según la información de la que se dispone, sino de imaginar lo irreal, con el pretexto de que los daños causados podrían ser importantes».
La Comisión Europea, insiste en que los casos como las alertas alimentarias, el principio de precaución «se aplica solamente cuando existe la certeza científica» y por eso el comisario de Sanidad, John Dalli ha reconocido que después de lo que ha pasado en Alemania «será necesario sacar conclusiones». Pero sobre su mesa siguen casos tan emblemáticos como el de los vegetales transgénicos, donde nadie ha probado que sean dañinos para la salud ni lo contrario, pero siguen esperando un consenso imposible bajo el principio de precaución.
La vacuna que acabó en la basura
LA VACUNA CONTRA LA GRIPE A. fue uno de los casos emblemáticos de la aplicación injustificada del principio de precaución. A la vista de las proyecciones de una gran mortandad presentadas como altamente probables, los países europeos compraron cantidades ingentes de vacunas dando como ciertas las previsiones más catastrofistas. A un coste medio de 10 euros la unidad, Francia, con 60 millones de habitantes, compró 94 millones de dosis. En España se encargaron 37 millones para una población de 45 millones, aunque luego se revisó a la mitad y como en la mayoría de los países europeos, más del 80 por ciento no se utilizaron, una vez que se demostró que las predicciones eran erróneas. Muchas teorías evocaron entonces la sombra de una manipulación por parte de ciertos laboratorios, que tampoco ha podido ser demostrada.
¿Protegerse de los teléfonos móviles?
LOS MÓVILES CANCERÍGENOS. Primero fue una resolución aprobada por la Asamblea General del Consejo de Europa y días después, a primeros de este mes, apareció otro informe firmado por una agencia de la Organización Mundial de la Salud incluyendo a los teléfonos móviles y las redes wi-fi entre los factores «potencialmente cancerígenos». Este último informe, realizado por un grupo de científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, reconoce que no existen evidencias científicas de lo que dicen, pero la aplicación estricta del principio de precaución les ha permitido dar por hecho que sería mejor tomar precauciones.
El nerviosismo que empeora las cosas
LA SOJA ASESINA. En el caso de la gestión por parte de las autoridades locales de la intoxicación alimentaria causada por la ingesta de brotes de soja procedentes de una granja cerca de la ciudad de Hamburgo, se puede considerar como el perfecto ejemplo de cómo agravar una crisis sembrando una alarma injustificada, sin por ello contribuir —sino todo lo contrario— a resolver el problema principal, que siguió causando muertes en el norte de Alemania. La correcta interpretación de los datos científicos y la utilización de los cauces establecidos por la Comisión Europea habrían evitado las enormes pérdidas económicas que se han producido (no solo en España, sino en toda la UE) aunque en el mejor de los casos, un simple consejo a la población de que procediese a desinfectar todos los alimentos crudos habría sido suficiente para evitar males mayores.
Enrique Serbeto
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