España atraviesa la peor crisis económica, política, social e institucional de los últimos cincuenta años. Apenas queda algo que funcione dentro del país. Los problemas, muchos de los cuales se arrastran desde hace décadas, han irrumpido todos de golpe espoleados por la debacle económica. No hay un solo indicador al que agarrarse para recobrar la confianza. El país navega sin rumbo vapuleado por elementos que nadie acierta a controlar.
Asistimos impávidos desde hace tres años a como España se desintegra económicamente. El desempleo alcanza ya máximos históricos y bordea la fatídica cifra de cinco millones de desempleados. La inversión ha caído en picado y nadie parece dispuesto a crear riqueza dentro de nuestras fronteras. Las empresas cierran y apenas abren nuevas. Los jóvenes, víctimas de un sistema educativo ideologizado e ineficiente que hace aguas por los cuatro costados, han perdido ya toda esperanza de encontrar un empleo. Los mayores ven como su jubilación corre riesgo de esfumarse.
El Estado, por su parte, ha dilapidado ya los excedentes de las vacas gordas y ha incurrido en deudas en el extranjero que, más pronto que tarde, tendrá que devolver con el dinero de los contribuyentes, asfixiados por una presión fiscal desbocada que no hace sino aumentar. El Gobierno, lejos de aplicar el sentido común y la moderación cuando llegó al poder al principio de la crisis, ha hecho todo lo posible por arruinar al país en un tiempo récord de solo tres años. Hoy, quemadas las naves y con el PSOE en franca retirada electoral, se aferra al poder impidiendo una necesaria renovación que no puede venir sino es a través de unas elecciones generales.
Pero el drama español es mucho más que económico. Las instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional, están muy desacreditadas. La Justicia en su conjunto atraviesa una crisis aguda provocada por la politización y la falta crónica de fondos. El epítome de esta dolencia se condensa en la sentencia que devolvió a la ETA a los ayuntamientos y las Juntas provinciales del País Vasco en la figura de Bildu, una coalición de nuevo cuño tras la que se escondieron los batasunos de siempre. Sin más necesidad que la obsesión de Zapatero por negociar con los asesinos, se han retrocedido diez años en la lucha antiterrorista.
El estado de nuestra Nación es, en definitiva, deplorable. Urge, más que un debate, un replanteamiento de fondo, una revisión completa al sistema del 78 que devuelva la cordura al país y la serenidad a sus habitantes. No deberíamos bajo ningún concepto esperar a que la situación implosione como ha sucedido en Grecia. Pero para ello Zapatero y todo su Gobierno deben irse de inmediato y convocar elecciones anticipadas. Las consecuencias de no hacerlo, de seguir burlándonos de nuestros acreedores internacionales, podrían ser desastrosas.
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