Ayer el Banco de España publicó que la deuda acumulada por las comunidades autónomas al cierre del primer trimestre de 2011 era 121.420 millones de euros, lo que supone un 26,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Esta cantidad se aproxima a las que provocaron las intervenciones de Irlanda (139.000) y Portugal (151.000). Este mal dato puede ser peor, porque ha sido práctica habitual en las CC.AA. más endeudadas el retraso en contabilizar facturas pendientes. Debajo de las alfombras autonómicas hay demasiada deuda escondida para mostrar mejor imagen electoral. Una prima de riesgo de la deuda española superior a los 270 puntos básicos es una demostración de que España es cada vez un país con más riesgo moroso. El pasado miércoles los Credit Default Swaps (CDS), un seguro de impago de deuda, otorgaba a Grecia un 75% de posibilidades de suspender pagos antes de 2016, siendo del 47% para Portugal, de un 46% para Irlanda y de un 20% para España. La alarmante situación griega hace que los mercados miren con mayor desconfianza a la siguiente en la cola de posibles intervenidos: España.
Estos datos exigen que el Gobierno actúe con contundencia con el fin de ganar confianza ante los mercados. Las autoridades europeas no van a consentir que España siga intentando ocultar la realidad a base de maquillaje. Salgado debe reunir en julio al Consejo de Política Fiscal y pactar el recorte autonómico que la situación precisa. Si no lo hacemos nosotros, lo hará Europa y el castigo será peor.
Julio Pomes
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