En una conversación telefónica el 10 de febrero de 2011, Alsina le plantea a su socio Sergi Pastor, también imputado, la posibilidad de entrar en el negocio de las cárceles a través de concesiones públicas. Alsina había recibido un «soplo» y se puso manos a la obra. Estaba muy bien informado, ya que justo un año después de esta conversación, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Felip Puig, anunció en rueda de prensa que su departamento estaba estudiando introducir medidas privatizadoras en la gestión de las cárceles (Cataluña tiene transferidas todas las competencias del Estado en lo que se refiere a prisiones). El primer paso sería encargar a la seguridad privada las tareas de vigilancia del perímetro de las cárceles catalanas, y así «liberar» a los agentes de los Mossos d’Esquadra que hasta ese momento se encargaban de ello.
«Privadas como en EEUU»
Pero Alsina iba más allá y quería tomar posiciones, gracias a su fluida relación con el secretario general del Convergencia, de cara a una posible privatización completa de la gestión de las cárceles. El empresario, acusado de tráfico de influencias, le dijo a su socio, en una conversación de unos cinco minutos, que «hay modelos en otros países, en Estados Unidos sobre todo» donde «las cárceles se han convertido en concesiones». Alsina no creía que la completa privatización fuera cercana en el tiempo, pero confesó a su socio: «Yo sí que sé que Cataluña es uno de los que va por delante», tal y como le daría la razón el «conseller» Puig unos días después. Alsina creía que las cárceles se pueden privatizar, como ocurrió con «las funerarias aquí», y que alguien tendría que gestionar ese «paquete llave en mano». Su socio Sergi Pastor no tenía información en ese momento, pero se comprometió a buscarla. Por su parte, el amigo de Oriol Pujol le dijo que él también investigará «un poco más».
La especialidad de Alsina y Pastor, a los que la juez también los acusa de falsedad documental, delito contra la hacienda pública y malversación, consistía en lograr concesiones administrativas y ofrecérsela a un socio capitalista a cambio de una parte del negocio. Así lo planearon para las ITV. De hecho, tenían varios candidatos y daban por hecho que eran ellos los que adjudicarían la concesión, amañando el concurso público. En otra intervención telefónica, Pastor le dice a Alsina: «Si llega el concurso y el tono es malo, que no va bien, que te quieren enredar o lo que sea, pues nada, no hay problema, se le adjudica a otro y ya está».
Las grabaciones del sumario
El 10 de febrero de 2011, a las 12 y 18 minutos del mediodía, Sergi Pastor llama a su socio Sergi Alsina (juntos forman el núcleo de la trama corrupta). Los empresarios detenidos el pasado marzo finiquitan en unos segundos el primer asunto: Alsina va a enviar a Pastor por correo electrónico el orden del día de una reunión que tienen con la multinacional alemana a la que le ofrecieron una concesión pública para montar una estación de ITV. Solventado esto, aparece un uevo negocio en el horizonte:
- Sergio Alsina: Y después otro punto que me han comentado, que no sé si tú debes conocer, el tema de las cárceles, ¿eh?
- Sergio Pastor: Sí.
- S.A.: Parece que hay modelos en otros países, en Estados Unidos sobre todo, que las cárceles se han convertido en concesiones.
- S.P.: Sí, es verdad, es así.
- S.A.: Y que, como las funerarias aquí, al final acaban siendo privadas y tienes a alguien que gestiona el paquete «llave en mano». ¿Es un sector que tú conozcas? Yo aquí en Cataluña no sé exactamente cómo funciona, sí que sé que Cataluña es uno de los que va por delante, pero tampoco creo yo que haya dado este paso a la privatización, ¿no?
- S.P.: No que yo sepa, no te lo sabría decir, pero se podría buscar, pero no te lo puedo decir en este momento.
- S.A.: ¿No lo conoces tú? ¿No has tenido ningún input de este servicio?
- S.P.: No, no, no te puedo... En este aspecto no te puedo decir nada.
- S.A.:Bueno, pues déjame, que busco a ver si investigo un poco más.
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