La calle no es de los indignados

La calle es un espacio público. Como tal, tiene tantos usos potenciales como queramos darle sus dueños últimos, los ciudadanos. El primero y esencial, aquel para el que se inventaron calles y plazas, es el de poder circular por ellas para desplazarnos. Pero evidentemente no es el único, y algunos de ellos entran en colisión con otros. No podemos circular si en la calle hay una manifestación o un mercadillo. De ahí que sean los poderes públicos, a los que elegimos democráticamente, quienes regulen qué usos pueden darse en nuestras calles y cuándo.

Esa es la principal razón por la que el derecho de manifestación está regulado, debiendo recibir autorización de la delegación del Gobierno. También el comercio lo está; los kioscos, por ejemplo, pagan una licencia para poder operar. El código de circulación es la forma en que se regula que los coches puedan desplazarse de forma ordenada y con los menores problemas posibles. Puede haber mejores arreglos, pero si alguna razón de ser tiene el Estado es el de mediar entre los distintos derechos de los ciudadanos cuando estos chocan entre sí. Y como la calle no es propiedad de nadie en particular, su regulación corre a cargo del Estado.

De ahí que no tenga sentido la reclamación por parte del movimiento 15M de una parte del espacio público en la Puerta del Sol para su exclusivo uso y disfrute. Da lo mismo cuál ha sido la causa del desalojo, pero la única crítica que cabe hacerle es que ha llegado demasiado tarde. ¿Qué excusa había para amenazar a Alcaraz con una multa cuando la concentración de las víctimas en noviembre se excedió de los límites previstos de la plaza de Colón, si resulta que basta con usar otros eslóganes para que te permitan hasta plantar tiendas en el corazón de la capital de España? ¿Con qué cara va el Ayuntamiento de Madrid a cobrar las licencias a los bares que ponen una terraza en la calle después de la barra libre que ha disfrutado la acampada de Sol?

La calle no pertenece a la extrema izquierda, por más que se proclame a sí misma como "el pueblo" y asegure que los políticos a los que sí han votado los ciudadanos no los representan. La máscara de ser un "movimiento pacífico" no puede ocultar que desde el 16 de mayo en adelante no ha hecho otra cosa que violar la ley de forma constante. Y la violación de la ley debe perseguirse, ya sea con detenciones y juicios o con cargas policiales.

Afirma Jáuregui que "no es lógico que la ciudad esté invadida de tiendas de campaña, porque se viola el derecho de otros ciudadanos" y Rubalcaba que "200 personas no pueden poner patas arriba una ciudad". Ambos tienen razón. Pero la tienen desde hace dos meses y medio, durante los cuales dejaron hacer a un movimiento al que esperan atraer. Así que no intenten hacer pasar al PSOE como un garante de la ley y el orden. Como reconocía su idolatrado fundador Pablo Iglesias, la legalidad sólo la enarbolan cuando les permite adquirir lo que necesitan. No han cambiado tanto en cien años.

LD

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Félix Velasco