En medio de la descomposición interna del PSOE, los responsables de Economía de este Gobierno cesante sólo son capaces de perseverar en ese rasgo que tanto los ha caracterizado durante estas dos legislaturas: su improvisación permanente. Después de llegar al poder negando la existencia de la crisis, sólo han sabido mantenerse en él ocultando la imperiosa necesidad de ejecutar profundas liberalizaciones y enérgicos planes de austeridad. Por eso, toda su política económica ha consistido en una chapuza tras otra: hemos perdido cuatro preciosos años para acometer un reajuste integral de nuestro sistema productivo por culpa de la obstinación socialista por bloquear la reforma laboral y el ajuste presupuestario.
En lo que claramente son los últimos coletazos de un equipo económico cuya cabeza, la vicepresidenta Salgado, ni siquiera piensa concurrir en las listas socialistas para las generales, ayer el Gobierno se sacó dos nuevos conejos de la chistera. El primero, y aprovechando las misivas que varios multimillonarios han remitido a sus respectivos Ejecutivos en EEUU y en Francia a favor de que se les suban los impuestos, ha sido el de anunciar que este viernes se aprobará un incremento de la tributación sobre los más ricos. Una medida meramente populista que en nada contribuirá a reducir el déficit –pues la práctica totalidad de la tributación de este y de cualquier otro país recae sobre la sufrida clase media– y que como mucho estimulará la fuga de capitales, agravando todavía más la crisis.
El segundo no es más que el enésimo parche a una legislación laboral tremendamente rígida que nos ha terminado convirtiendo en la economía europea con una mayor tasa de paro. En lugar de liberalizar a fondo las relaciones laborales, el Gobierno optó por un simulacro de reforma del contrato de trabajo y otro simulacro de reforma de la negociación colectiva. Ahora, vistos los pobres resultados alcanzados, propone suspender durante dos años la limitación para encadenar contratos temporales e implantar un nuevo contrato de formación y aprendizaje. En vez de optar por la liberalización, se elige la precarización.
Sólo ha faltado que en medio de este despropósito que suena más bien a un "sálvese quien pueda", haya aparecido el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para reclamar la creación de unos hispabonos respaldados por el Estado central con el propósito de rescatar a las comunidades autónomas. Nueva improvisación, pues, pero ésta proveniente de los nacionalistas catalanes: en lugar de empezar con la reforma del insostenible modelo autonómico que nos ha abocado a la crítica situación actual, Mas-Colell reclama que el Estado central se endeude para tapar los agujeros regionales.
Con estos gobernantes tan irresponsables y cortoplacistas, lo extraño sería que estuviésemos en la senda de la recuperación.
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Félix Velasco
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