Primeras imputaciones por fraudes masivos

La Guardia Civil ya ha empezado a tomar declaración a algunos de los miles de beneficiarios del fraude en las subvenciones al empleo de la Unión Europea gestionadas por la Junta de Andalucía. Tras descubrir los investigadores centenares de anomalías en 6.875 expedientes de empresas, algunas de las Fiscalías andaluzas ya han movido ficha y han pedido que declaren como imputados los empresarios que recibieron las ayudas, y como testigos los trabajadores que fueron contratados en virtud de esas bonificaciones, y en muchos casos despedidos antes de tiempo.

En Sevilla se localizaron 2.653 expedientes de empresas que habrían cometido presunto fraude y es en esta provincia donde han comenzado las declaraciones. La Fiscalía de Málaga ha seguido el mismo guión y tiene previsto que los agentes tomen declaración a los empresarios en los próximos días, según fuentes de la investigación. En esta última provincia, como adelantó ABC, el fraude podría alcanzar a 931 expedientes y el supuesto defraudado superaría los tres millones de euros, frente a los casi diez millones que salieron a la luz en Sevilla.

Estas dos provincias llevan la delantera en un caso que parece atascado, pese a su alcance. El 37% de los 64 millones en ayudas de la UE al empleo en Andalucía fueron fraudulentos. Algunas empresas al saber que estaban en el punto de mira devolvieron parte del dinero recibido, pero solo lo justo para no cometer un delito y que los hechos quedaran en una infracción administrativa (el primero se da cuando se sobrepasan los 87.000 euros de subvención).

Devoluciones

La Consejería de Empleo de la Junta «no reflejó esas devoluciones» en los datos aportados a la Guardia Civil, según el informe. Algunas de esas restituciones se hicieron fuera de plazo, meses e incluso años después de que el trabajador fuera despedido. Una de las sociedades que reintegró parte del dinero cobrado está vinculada a una organización de discapacitados.

Las empresas investigadas en toda Andalucía tienen más de 8.000 empleados y, según los indicios, han defraudado 25.697.173 euros de las bonificaciones destinadas a nuevas contrataciones de trabajadores fijos discontinuos o transformación de contratos temporales en indefinidos. Las ayudas no solo no sirvieron para crear empleo, sino que todo apunta a que se convirtieron en un ejemplo de descontrol público. La Junta niega cualquier responsabilidad.

Tras un inexplicable parón, las Fiscalías de Sevilla y Málaga han tomado la iniciativa; en el extremo opuesto están los casos de los fiscales encargados en Granada (501 expedientes con supuesto fraude) y Almería (621), donde no se ha decidido ninguna medida. En Córdoba, el asunto se judicializó a finales de marzo y se está a la espera de que se ordenen diligencias, mientras que en Jaén el fraude de las ayudas, que fue remitido al Decanato, está aún pendiente de reparto. Caso distinto es el de Cádiz, donde comenzaron las pesquisas. Allí, con 773 empresas involucradas, fue detenido un empresario que había recibido 120.000 euros.

Los investigadores se muestran recelosos con las dilaciones que se están produciendo. El grueso del fraude son infracciones, cierto, pero hay miles de casos y deficiencias burdas.

Al cruzar datos de los organismos de control, Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social (que no los aportó a la Guardia Civil hasta que no medió Fiscalía), se detectó a trabajadores «fichados» tras la fecha de inicio del contrato; otros fueron despedidos antes de acabar y existe un tercer grupo que firmó después de la fecha de inicio y fue a la calle antes de tiempo. No solo eso: se descubrió que otros empleados no aparecen como altas ni bajas en la Seguridad Social, pero sí en la Consejería. Los agentes llegaron a encontrar el mismo NIF para dos empleados distintos de diferentes empresas y expedientes.

Cruz Morcillo y Pablo Muñoz

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