Varios gobiernos autonómicos están en pie de guerra y tienen todo el derecho a estarlo, las drásticas medidas impuestas por Rajoy hacen muy difícil que mantengan el nivel de servicios y que los dirigentes de esos gobiernos puedan mantener su aceptación popular -que se lo digan si no a Artur Mas-, pero lo que habría que preguntarse es si España puede permitirse el lujo de mantener su Estado autonómico tal como se ha asentado. Un Estado autonómico que no tiene nada que ver con el que habían propuesto los padres de la Constitución, pues las rivalidades por ir más lejos que el de al lado, asumir más competencias e impartir directrices que respondían a otras instituciones no sólo han disparado las cifras, sino que han provocado la creación de multitud de organismos inoperantes que no tenían más sentido que engrosar la Administración regional y han provocado que cuatro o cinco organismos se ocupen del mismo asunto.
No hay un solo país del mundo en el que una misma competencia sea responsabilidad del Gobierno central, el autonómico, el ayuntamiento y la diputación, como ocurre en la mayoría de las provincias españolas. Alemania, que siempre se pone como ejemplo con los länder, presume de que si funciona bien su modelo es porque se diseñó el reparto de competencias, no la duplicidad. En España, en cambio, el ansia de poder ha provocado duplicidades, multiplicidades, y creación de organizaciones sin sentido. No es una anécdota, sino algo muy serio, que el Gobierno se haya encontrado a centenares de personas que seguían recibiendo su sueldo por pertenecer a instituciones creadas años atrás para eventos muy concretos, como la Expo de Sevilla o conmemoraciones iberoamericanas.
Se entiende que haya gobiernos que no acepten la amnistía fiscal, aunque habría que recordarles que en España hubo dos en tiempos de Felipe González, y sirvieron para recaudar miles de millones de pesetas, y que países como EEUU, Canadá, Bélgica, Francia, Italia, el Reino Unido o Alemania también decretaron amnistías fiscales para aflorar dinero negro. Pero lo que no se entiende es que en esta España agobiada por una crisis en la que un porcentaje importante de responsabilidad recae en la pésima gestión de las administraciones autonómicas, algunas de ellas pongan pie en pared y se declaren insumisas ante la amnistía fiscal y ante una ley aprobada por el Parlamento en tiempos de Zapatero y ratificada ahora durante el Gobierno de Rajoy: poner límite al gasto autonómico.
¿No están todos los españoles apretándose el cinturón, con gran sacrifico, en el día a día?
Pilar Cernuda
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