Creer que la recuperación económica se alcanzará por medios puramente económicos es miopía y es reduccionismo. La realidad no está hecha de compartimientos estancos. Sería fatal quedarse con la visera y los manguitos y aplazar la regeneración nacional, ahora que el FMI nos anuncia un decrecimiento del 1´7 en 2012, dando verosimilitud al informe de JP Morgan —aún no digerido— que apuntaba a un apocalíptico paro español del 27 por ciento a final de año. Que procedan los contables, pero este reto les desborda: ha llegado la hora inaplazable de la regeneración. De la altura de miras va a depender nuestro futuro todo, incluyendo el económico. El esfuerzo será doble porque venimos de dos legislaturas desastrosas, de sembrarnos de piedras el camino, de meter el sentido de nación en una batidora y de cultivar con perverso mimo la falta de fe en nosotros mismos. Ninguna institución puede zafarse.
No habrá futuro si la justicia sigue careciendo de los recursos humanos y tecnológicos precisos para cumplir su cometido con eficacia e independencia, si la dilación de procesos y la saturación de expedientes son la norma, la fiscalía sigue politizada y el juicio a un juez provoca reacciones corporativistas de las que cabe inferir la resistencia de un cuerpo del Estado al imperio de la ley.
No habrá futuro si nuestros mejores jóvenes abandonan España, si la educación continúa alejada del concepto de instrucción pública, si se traduce en ñoños adoctrinamientos, mantiene su ridícula fragmentación, su falta de valores comunes y esa ínfima calidad que se constata cada vez que se nos somete a estándares comparativos.
Despertemos: regeneración y recuperación van de la mano. Nadie discute la necesidad de los ajustes, el sometimiento a la disciplina presupuestaria, el respeto a lo previsto en el nuevo artículo 135 de la Constitución y la consecución de los objetivos europeos (¿salvo quizá Montoro?). Todo ello, junto con las reformas laboral y financiera, es condición necesaria, pero no suficiente, para la recuperación económica.
España tiene un grave problema de competitividad; descartados el dirigismo, la planificación y la fe en un Estado omnisciente —que, como Dios, proveerá—, los poderes públicos solo pueden, y solo deben, actuar sobre las condiciones del entorno de los negocios, no directamente sobre ellos. Basta con consultar el informe anual del Foro Económico Mundial para constatar la enorme cantidad de factores ligados a la competitividad que, a su vez, tienen que ver con la adecuada actuación de los poderes públicos. Un país no entra en la senda económica virtuosa solo porque tenga buenos emprendedores y empresarios y una mano de obra cualificada. Es preciso algo más.
Es preciso que arraigue una cultura emprendedora favorable al riesgo, mejorar un entorno donde rijan realmente la igualdad ante la ley, el cumplimiento de los contratos, la protección de la libre competencia, la erradicación de la corrupción y de los favoritismos políticos, la persecución eficaz de las infracciones económicas, incluyendo la piratería y el engaño publicitario. Donde la justicia funcione deprisa, con independencia y sin sometimiento fáctico a otros poderes del Estado (y no digamos a poderes privados). Donde las universidades estén en contacto con las empresas. Donde las administraciones no obstaculicen la creación y el desarrollo de negocios con infinitas trabas burocráticas, reglamentismos kafkianos y permanente desconfianza hacia los únicos generadores de riqueza y de empleo productivo, las empresas. Donde las infraestructuras se adecuen a las necesidades de las industrias y a las estrategias de los actores económicos, ni más ni menos. Donde empresas y consumidores actúen en un mercado único, libre de barreras internas en forma de farragosas normativas territoriales. Asumámoslo: no habrá recuperación sin regeneración.
Juan Carlos Girauta
FVA Management - Blog
Félix Velasco
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