No a la desleal competencia pública

Si buscamos la definición de empresa en la RAE encontramos: "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos" (énfasis añadido). De esta descripción se desprende que, para considerase como tal, una empresa debe ganar dinero a cambio de ofrecer un servicio o producto. Algo cada vez más difícil para las empresas españolas, especialmente para las pequeñas: están ahogadas por la intolerable morosidad de las administraciones públicas, no tienen acceso al crédito y su capital humano no dispone de flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. Pero hay otro problema que se suma a estos: la competencia desleal. Una competencia que viene de las administraciones, las cuales, supuestamente, están para favorecer la iniciativa privada y la seguridad jurídica, actuando como meros árbitros.

En los últimos cuatro años han desaparecido más de 300.000 empresas en nuestro país, lo cual ha sucedido con la connivencia del Gobierno de Zapatero, porque muchas lo han hecho por no poder soportar la competencia de un mercado donde lo público no juega con las mismas reglas. La Administración Pública, haciendo uso de su fuerza y de su poder, entra en el mercado y se lleva clientes. Una práctica cada vez más habitual, como demuestra el hecho de que en España haya más de 4.000 empresas públicas, la mayoría creadas por las comunidades autónomas. En sólo cinco meses de 2010 se crearon 31. Entidades que cuentan con ventajas añadidas frente a las privadas: agilidad en el proceso de constitución, tienen a sus respectivos gobiernos como garantes, subvenciones, el legislador en casa...

La proliferación de estas entidades podría –a lo mejor– estar justificada si fuesen rentables y ofrecieran un buen servicio, pero su ineficiencia y su deficiente servicio están más que probados, no sólo a causa de la burocracia administrativa y la falta de estímulo de sus equipos. Los datos del Banco de España evidencian que en los últimos tres años el endeudamiento de las más de 4.000 compañías públicas casi se ha duplicado, pasando de 38.523 millones a finales de 2008 a 57.170 en el tercer trimestre de 2011.

El principal objetivo que se ha marcado el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es cumplir con la reducción del déficit comprometida ante Bruselas. Para ello tendrá que recortar al máximo la partida del gasto público. Y uno de los apartados en los que existe mayor recorrido para ajustar es el ligado a las empresas y fundaciones públicas. Las comunidades autónomas afrontan un reto sin precedentes: eliminar 445 empresas públicas en los próximos meses para recortar su abultado gasto y reconducir su déficit. Por tanto, si para recortar gasto hay que eliminar empresas públicas, su existencia es totalmente arbitraria y caprichosa.

Los datos obtenidos por estas empresas muestran que no existe justificación económica para su mantenimiento, ya que son ineficientes e introducen distorsiones en el mercado. Esta intervención pública ya no se hace imprescindible en la mayoría de los sectores donde se estaba produciendo, como se ha podido ver en los últimos años. Sin embargo, su presencia en el mercado sigue aumentando sin control.

Las administraciones públicas crean sus propias empresas para, presuntamente, solucionar necesidades coyunturales, añadiendo, de esta forma, un coste fijo a las arcas públicas. Si en vez de este mecanismo los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el propio Estado optaran por contratar a empresas privadas para prestar esos servicios, estarían convirtiendo el coste en variable, a la vez que ganarían en eficiencia, por el grado de experiencia y conocimiento de estas compañías.

Es momento de favorecer la iniciativa privada, porque es la única que nos puede sacar de este hoyo.

Francisco Aranda Manzano

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