Diez años después de culminarse el proceso de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, el sistema público español hace aguas y acumula un déficit próximo a los 15.000 millones de euros.
El gasto público en sanidad supone el 7% del PIB y a su contención ha contribuido el bajo sueldo de los médicos y la centralización de las compras por parte de las administraciones públicas. Sin embargo, hay otros factores que están tensando las costuras del gasto y poniendo al sistema en serias dificultades, lo que ha obligado a algunas comunidades autónomas a tomar medidas para reducir el déficit. Entre ellos destacan el envejecimiento de la población y el mayor coste de los tratamientos, pero sobre todo un buen número de ineficiencias que incentivan las malas prácticas y que son en buena medida responsables de la ineficiencia del sistema.
El hecho de que algunas comunidades como Cataluña hayan puesto sobre la mesa el debate del copago en la sanidad pública ha suscitado la polémica en uno de los temas que es considerado tabú entre la clase política, que teme la impopularidad que supone tocar cualquiera de las piezas que componen el Estado de Bienestar.
Pero, tarde o temprano, todas las administraciones tendrán que hacer frente al problema y cortar de raíz un déficit que erosiona aún más las ya deterioradas cuentas públicas. Además del copago, que inicialmente se debiera plantear como fórmula disuasoria para impulsar un mejor uso de la sanidad pública por parte de los ciudadanos, caben otras medidas de organización que contribuirían a reducir el gasto en sanidad. En primer lugar, en los últimos años las comunidades autónomas han desarrollado un modelo hospitalario que en muchos casos no se adaptaba a las necesidades reales de la población, prevaleciendo la instalación de numerosos centros avanzados, cuando hubiese sido suficiente con la creación de centros intermedios o ambulatorios.
El excesivo gasto en pruebas diagnósticas, muchas veces repetidas por la falta de mecanismos informáticos que puedan ser consultados, es otro lastre que arrastra el sistema de salud. Además, el bajo nivel retributivo de los profesionales ha traído consigo un elevado nivel de absentismo, que se ha saldado también con una baja utilización de equipos e instalaciones. La fragmentación territorial de las competencias sanitarias ha dado lugar también a una ausencia total de economías de escala e incluso a la incompatibilidad de los sistemas implantados en las diferentes comunidades autónomas.
La crisis va a obligar a todos los gobiernos regionales a despojarse del populismo que rodea el gasto sanitario y a aplicar recortes para hacerlo sostenible, incluyendo medidas que, como el copago, parecen ya inevitables.
Editorial Expansión
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Félix Velasco
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