martes, 28 de febrero de 2012

Consejos para no lograr tus objetivos



  1. Mira mucho la televisión y/o no leas nada interesante.
  2. Cultiva algún vicio que te vuelva dependiente, inconstante, errático, deprimido, o inconsciente.
  3. Desecha todo lo que parezca una agenda y no te atrevas a ponerle fecha y horario a algo que tengas realmente que hacer.
  4.  Ama, sobre todas las cosas,  la improvisación,... alguna vez, algo, te saldrá bien.
  5. No planifiques ni seas disciplinado en tus propósitos, seguro que la gente te disculpará siempre,... aunque eso haga más difícil sus vidas.
  6. Vive aferrado a tus rutinas, evita la creatividad y la innovación. No te pagan por pensar, además más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
  7. Confía ciegamente en cualquiera que se cruce en tu camino, deja que sean otros los que decidan por ti, sobre todo  las cosas fundamentales.
  8. Básate siempre en suposiciones y especulaciones, no compruebes ni confirmes jamás los datos,... es muy cansado.
  9. Fútbol, solo fútbol,... nada de música, teatro, cine, viajar, conversar,... no sea que te culturices.  
  10. Preocúpate únicamente por tu apariencia y esfuérzate en ser muy superficial.
  11. Hazlo todo tú, no delegues nunca nada a nadie. Tienes talento suficiente, puedes hacer lo tuyo más el trabajo de al menos tres personas más. La idea es que no logres nada y te estanques, recuerdalo.
  12. Rodéate de personas holgazanas, cansinas, aburridas y agobiadas,... serán un estímulo perfecto.
  13. Sobre todo gestiona muy mal tu tiempo, deja para mañana lo que puedas solucionar hoy. Llega tarde a tus reuniones y compromisos,... A la gente le encanta que le hagan esperar y desperdiciar su tiempo.
  14. Muy importante: Olvida por completo el objetivo central de tu esfuerzo. Divaga, descuídate, desoriéntate con frecuencia, cae en un limbo de ineficacia,... haz de tu vida algo sin razón.
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Félix Velasco

domingo, 26 de febrero de 2012

Caretas fuera

Esta semana ha sido apartado el juez Garzón de la carrera judicial. Una decisión que desde la izquierda y ciertas asociaciones se ha interpretado como una purga más allá de lo judicial, como un ajuste de cuentas político a una figura internacional, defensora de los derechos humanos. En su momento, la valentía del juez Garzón para luchar contra el terrorismo fue reconocida por todos. El problema fue cuando desveló sus cartas de aspiración política, a las que se sumarían otras posteriores ambiciones, como la de colocar su nombre en un frontispicio universal. Garzón aspiró a ser Premio Nobel de la Paz a través de la causa Pinochet y ahí fue donde comenzó su codicia política internacional. Un salto devastador, que le ha llevado, en la actualidad, a asesorar al Presidente de Ecuador, Rafael Correa. Un personaje del que conviene repasar su biografía para saber exactamente quién es y a quién asesora Garzón.
El Presidente Correa promovió el cambio de la Constitución de Ecuador para arrebatar privilegios a lo que él llamó «partidocracia», o sea, la influencia de los partidos políticos tradicionales en las instituciones públicas del país. Así fue cómo en Ecuador se acabó una Constitución liberal y nació otra para desarrollar el socialismo del siglo XXI. Y así fue cómo en aquel país comenzaron a cercenarse las libertades. Desde entonces la hostigacion del Gobierno hacia los demás partidos, los jueces y los periodistas es permanente y creciente. Cualquier crítica de los medios de comunicación hacia la gestión del Ejecutivo es interpretada por el Presidente como el resultado de una «mafia informativa» (sic), como un activismo político contra su persona, que acaba en los tribunales. El último y más escandaloso caso ha sido la condena a tres años de prisión al editor y tres directivos del diario «El Universo». Los periodistas, además, tendrán que pagar 40 millones de dólares al Presidente, quien acudió personalmente al juzgado a escuchar la sentencia.
A esa justicia tutelada y a ese Presidente «socialista» es a quien asesorará Garzón. A pesar de haber sido expulsado de la carrera judicial española, de haber sido declarado, por unanimidad, persona non grata por la Federación Nacional de Abogados de Ecuador, y a pesar de enfrentarse en aquel país a todo este colectivo que le quiere procesar por ser «cómplice de malversación de fondos estatales».
Es menester pues conocer la relación entre Garzón y Correa. Defendidos ambos por la izquierda más arcaica, esa que estrangula los Derechos Humanos que sarcásticamente ellos dicen defender. Una izquierda alelada, que sigue sin denunciar que los tiranos se hereden unos a otros, entre pompas militares, en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela, allí donde se instalen... Y aquí me paro y dejo de escribir. No vaya a ser que la larga mano de Correa me reclame tres años de cárcel y 40 millones de dólares por criticarle. Menos mal que Garzón, aquí en casa, ya no podrá ser el brazo ejecutor.
Gloria Lomana 
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Morosos y matones

Ya va siendo hora de que erradiquemos algunas malas costumbres asentadas entre nosotros y que algunos pretenden ennoblecer con los ropajes de la tradición. En España el Estado ha sido siempre un mal pagador y aún así, encastillado en su morosidad, resulta implacable con sus deudores. Un sólo día en el retraso en el pago de un impuesto ocasiona a quien debe satisfacerlo un coste extraordinario, un recargo porcentual, significativo. Por el contrario, la Administración es, en todos sus niveles —estatal, autonómico y local—, una mala pagadora que no atiende al Evangelio de San Mateo y, en consecuencia, no perdona a sus deudores como estos —incluso por las malas— le perdonan a ella.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar un proyecto de ley orgánica y un real decreto para que, mientras se perfecciona la base legal por la que las Autonomías disfruten del mismo tratamiento, los Ayuntamientos puedan pagar a sus proveedores. La medida es irreprochable y demuestra la firme decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de activar la economía nacional. Pero —toda decisión política tiene su pero—, ¿no se exigirán simultáneamente responsabilidades, incluso penales, a los alcaldes que hicieron de su capa un sayo y dispusieron de fondos para los que no tenían ninguna autorización presupuestaria? Nos hemos instalado en una democracia impune que permite a los gobernantes sacar los pies del plato presupuestario sin mayores consecuencias y ello es, si bien se mira, un híbrido entre el totalitarismo y la corrupción.
Los 8.000 Ayuntamientos españoles acumulan una morosidad superior a los 20.000 millones —cantidad equivalente a la deuda autonómica— y, según se anuncia, cobrarán primero los acreedores, pequeñas empresas y autónomos, que ofrezcan una quita, un descuento, en sus facturas pendientes. Es histórico que el general Francisco Javier Castaños, el héroe de Bailén, fue citado a palacio por Fernando VII en un duro día de invierno. El duque de Bailén compareció con uniforme de verano, de lino blanco. El rey le afeó al prócer su presencia estrafalaria y el militar respondió: «Señor, acabo de cobrar la mesada de julio y visto como requiere la estación». ¿De qué tendrán que vestirse los acreedores de lo público? La prioridad en el cobro de quienes renuncien a su beneficio, o a parte de los costes de su servicio, es un caso de matonismo de Estado. Ya es vergonzoso que ese Estado no pague, con la puntualidad que exigen las leyes en vigor, sus deudas pendientes; pero que abuse de la necesidad de sus acreedores, y les fuerce a una quita, es bochornoso. Sin simetría no hay igualdad.
Manuel Martín Ferrand

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Félix Velasco

miércoles, 22 de febrero de 2012

Pudimos. Podemos.


Es evidente y explicable el estado de postración en que ha recaído la «psique» nacional. Golpeados diariamente por el hachazo de una realidad hostil y anegados por noticias que no parecen hallar el fondo de la desesperación, la dureza implacable de la mala economía —pronto la cuarta parte de los españoles en edad de trabajar no podrán hacerlo— arrebata los pocos vestigios que restaban de la autoestima nacional, aquella que hace todavía pocos años presumía de tantas y tan buenas cosas. ¿Sería excesivo proclamar que la patria está en peligro, o que volvemos a las andadas de nuestra peor historia, o que necesitamos replantearnos lo que colectivamente somos y valemos, o que, al modo de los del 98, y siguiendo la senda de la que otrora fuera angustiosa «cuestión alemana», debemos de nuevo estudiar la «cuestión española»?
La «crisis» está gráfica y dolorosamente instalada en el tejido de nuestra convivencia y sus síntomas tienen tal alcance que pareciera tener naturaleza permanente e insoluble. Nadie parece entrever la tramposa luz al final del túnel y ninguno se atreve a predecir cuándo, si alguna vez, llegaremos a verla. A la evidencia de la astrosa condición en que nos encontramos se suma la aniquiladora duda existencial: ¿cuándo y cómo podremos salir del hoyo?
En esta complicada tesitura de poco sirven las experiencias que puedan abonar la esperanza, pero tampoco cabe obviar su recordatorio, aunque solo fuera a efectos terapéuticos: lo hicimos a la muerte de Franco, cuando, en circunstancias extremadamente inciertas y sin guión que nos marcara el camino a recorrer, un poderoso aliento colectivo, al que no faltó la sabiduría política de la dirección marcada a los acontecimientos por el Rey y por Adolfo Suárez, permitió que España se instalara pronto en la normalidad democrática, doméstica e internacional, y recuperara sin prisa pero sin pausa capacidad productiva e innovadora, equiparando nuestros niveles de vida a los que durante decenios habíamos envidiado en nuestros vecinos europeos. Ha sido desafortunada moda política, y luego cultural, durante los dos últimos mandatos socialistas la de desprestigiar, minusvalorar y desdeñar el acervo de ese tiempo histórico, al que los practicantes de la corrección política han dado en calificar de «gris», cuando no abiertamente de oscuro. Ni tienen razón científica para afirmarlo ni los que así piensan han comprendido con exactitud el tamaño de su desvarío: solo una mala digestión cargada de ideologismo revanchista podía llevar a la ignorancia de lo que en verdad fue una bella e inesperada hazaña: los españoles recuperaban los buenos hábitos laborales junto con las sanas prácticas democráticas, y tirios y troyanos quedaban justamente admirados ante el buen desempeño de un pueblo al que se había dado por perdido.
La tarea hoy, que solo puede traer a colación el recuerdo como muestra fehaciente de que no es imposible la recuperación, tiene naturalmente otras exigencias, no menos brutales ni contundentes que aquellas, aunque necesitadas de recetas, reclamaciones y objetivos diferentes. La primera y fundamental: repensar España a la cruda luz de las nuevas circunstancias. Resumida en conceptos simples y fácilmente entendibles: se acabó la fiesta, no podemos seguir como antes, el pastel está drásticamente reducido, nos toca a menos, somos más pobres. Son varias las responsabilidades que confluyen en esa dramática constatación y sería fácil distinguir lo que en ellas existe de culpas exteriores y de otras interiores. Pero el tiempo no permite ahora practicar el lujo de los distingos, más allá de recordar a cada minuto lo que en ningún caso cabe repetir, para no vernos de nuevo sumergidos en el pozo, y exige claridad en la visión y contundencia en el propósito. Al fin y al cabo, si alguna ventaja tiene la crisis sería la de permitirnos extraer de una vez por todas las lecciones de su aparición.
Repensar España es reclamar la exigencia de la austeridad como virtud pública y privada, practicar el aprendizaje de vivir dentro de los medios que el país posee, conceder la dimensión posible tanto al Estado del bienestar como al Estado de las Autonomías, huir escrupulosamente de la trampa corrupta, reconstruir la unidad dentro de la diversidad que la Constitución predica, reforzar la identidad nacional, potenciar el uso del español sin demérito del cuidado que merecen las demás lenguas habladas en el país, propugnar y practicar la excelencia, mejorar los niveles educativos y escapar definitivamente de la noción rosácea de un paraíso terrenal dominado por la relación existente entre «coleguillas» que ganan poco y trabajan menos pero siempre tienen tiempo y dinero como para marcarse unas vacaciones en tierras exóticas. Esta ya no es la hora, suponiendo que alguna vez lo hubiera sido, del «desparrame sentimental» —expresión por demás acertada que tomo prestada del escritor y periodista Fernando González— que ha caracterizado el periodo más reciente y negativo de la historia de España.
Repensar España es también, sin que sirva de consuelo lateral, el recordar lo que de lo adquirido permanece, la estabilidad política, la cohesión social, la internacionalización de nuestras empresas, la mejora de nuestras infraestructuras, las hazañas deportivas —por efímeras que resulten—, los éxitos gastronómicos, el mismo nivel de vida, por mucho que haya sufrido las mellas que la crisis impone. Es este un país todavía sólido, urgentemente necesitado de una cura de realismo, y probablemente encaminado, si los poderes públicos y la sociedad civil aciertan con el ritmo y el impulso que la delicada situación exige, a ocupar de nuevo el lugar de respeto y consideración que nuestras historias antiguas y nuevas merecen.
No está España en el mejor momento de su reputación internacional. Los golpes recibidos por la crisis externa, su desastrosa gestión interna y la errática política exterior de unos gobernantes socialistas dados más a la ocurrencia que a la fiabilidad, más al progresismo de salón que a la defensa de nuestros intereses nacionales, tan preocupados por el relumbrón populista como descuidados de la necesaria previsibilidad en sus comportamientos, han dañado gravemente lo que con más acierto comercial que político ha venido en llamarse la «marca España». Su recuperación no puede fiarse a una simple operación de mercadotecnia que pretenda lavar una imagen averiada, sino a un conjunto de acciones que hagan de la necesidad virtud y de la realidad un imperativo categórico. Es esta de verdad una encrucijada crítica tras la que solo sacando fuerzas de nuestra propia flaqueza podremos reencontrarnos en el sitio tan trabajosamente adquirido entre los años que transcurren desde 1975 hasta 2004. La nueva etapa política abierta con la victoria electoral de Mariano Rajoy en noviembre de 2011 encierra para muchos, incluyendo no pocos de los que no le votaron, un resquicio indispensable para la esperanza. Apenas el único.
Pudimos. Podemos. ¿Podremos?
Javier Rupérez - Embajador de España
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domingo, 19 de febrero de 2012

El sindicalismo del siglo XXI

MONTORO
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El carnaval indecente

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José Luis de Vilallonga me distinguía con un afecto que nunca creí merecer. No éramos amigos, pero me pidió que le presentara dos libros, y su conversación era siempre estimulante. Simpatizaba con el PSOE, le votaba, pero tampoco disimulaba su título nobiliario, con grandeza de España, ni dejaba de vivir como un rico, aunque no lo fuera. Me he acordado de él y de Nicolás Sartorius, comunista de primerísima hora, hijo de los Condes de San Luis, y un valiente activista que pagó con seis años de encierro en las cárceles de Franco su ideología y su militancia. ¿Por qué estas dos personas tan respetables no pueden compararse al secretario general de UGT en Madrid? Porque nunca disimularon, porque jamás mintieron, porque no se les ocurrió ponerse un disfraz.
No es inmoral que un sindicalista cobre de un consejo de administración más de 180.000 euros anuales. Ni lo es defender la escuela pública y llevar a los hijos a un colegio privado, ni es ninguna contradicción pertenecer a la nobleza y defender ideas de izquierdas. El problema de este sindicalista es que, nada más abandonar el consejo de administración de una entidad bancaria, se ponía el traje de Robespierre y, como si quisiera hacer, no sólo de Robespierre, sino de Dantón, empleaba ese tono tabernario y soez de revolución barata, como si los compañeros sindicalistas fueran unos brutos incapaces de comprender un lenguaje civilizado, semejante al que se usa, por ejemplo, en los consejos de administración de los bancos. La contradicción no está en el origen social, ni en la manera de vivir, ni en los gustos, ni en el dinero que se cobra: la discordancia estriba en esa actuación carnavalesca, en esa insistencia en la grosería, en esa demagogia de los tiempos manchesterianos, cuando, desde luego, ningún sindicalista se sentó en el consejo de administración de una entidad financiera.
A mí me parece que los ministros cobran poco dinero. Pero cuando veo a uno de ellos que, en definición de Joaquín Leguina, comenzó en las juventudes del partido, no terminó la carrera universitaria, no hubo de presentarse a una entrevista de trabajo, porque siempre tuvo un puesto en el partido, y le contemplo con la cartera ministerial en la mano, me siento tan desmoralizado como la inmensa mayoría de la sociedad.
Y, cuando veo a un sindicalista, que no tiene conocimientos económicos, ni experiencia bancaria alguna, sentado en el consejo de una entidad a la que, seguramente, vamos a tener que ayudar con el dinero de los contribuyentes, me siento estafado, porque ya hay demasiadas personas en este país que no luchan por la ideología, sino que la ideología les ha procurado un empleo de por vida, mientras decenas de miles de nuestros jóvenes, que se han sacrificado y han estudiado para culminar sus estudios, son la actual y auténtica «famélica legión» que tiene que emigrar de su país. Y me asquea tanta demagogia desilustrada, tanto abuso encubierto, tanto voceras impúdico, tanto y tan costoso Carnaval indecente.
Luis del Val 

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Sueldazos de progresía

La progresía decía Julio Anguita es, ni más ni menos, que «el sumidero por donde se han ido las ideas de la izquierda». El califa rojo pensaba así viendo las políticas de Zapatero y decía que «aquella progresía era quedarse en la reforma de una serie de aspectos sociales, como los matrimonios homosexuales o las medidas de discriminación positiva de la mujer, dejando intacta una realidad económica injusta». En esa época en que así hablaba Anguita –antes de estallar la crisis– al calor de la más descarnada realidad económica y a la sombra del poder iban medrando sindicalistas e izquierdistas, acomodados con sueldazos de escándalo en Cajas y empresas públicas. Así fue como se aupó a los 520.000 euros de sueldo el señor de Izquierda Unida Moral Santín o cómo el camarada de la UTG, José Ricardo Martínez, conocido antes por mandar literalmente a «su puta casa» al gobernador del Banco de España, ha llegado a ser más conocido ahora por sus ingresos de 181.000 euros en la Caja y por dedicarse con igual éxito al pluriempleo. En 2011 el sindicalista Martínez ganó más que el gobernador del Banco de España. Gracias a su puesto de jefe del sindicalismo madrileño, en el que se mantiene desde hace 16 años.
La progresía de ahora, la del PP, va a ser el sumidero por donde se van ir no sólo las ideas de la izquierda que diría Anguita, si no, muy posiblemente, los vividores de la izquierda que han estado chupando de la mamandurria durante largo tiempo. Entiendo pues el monumental enfado que los sindicalistas tienen con Rajoy. Y entiendo que le monten una huelga general con trompetas y estandartes. Para protestar por los recortes sociales y, cómo no, por los personales. ¡Hasta ahí podíamos llegar, dar el salto de obrero a señorito para que ahora lleguen los del PP a desmantelar el chollo del sindicato!
Gracias a los sindicatos, muchos de sus líderes han obtenido poltrona, sueldos astronómicos, cursos y subvenciones del Estado cuyos euros han recontado desde el coche oficial. ¿Cómo encajar, pues, que el edén se acabe?
El Gobierno ya ha limitado los sueldos en las empresas públicas, ha recortado las ayudas estatales a los sindicatos y más de un liberado ha tenido que coger de nuevo el pico y la pala para simultanear representación sindical con trabajo. Desde esta dolorosa trinchera se asoman los sindicatos a las manifestaciones de esta mañana. Y desde esa dolorosa realidad preparan ya la huelga general. Si así son las cosas ahora, cabe preguntarse qué vendrá cuando los sindicalistas deban dejar los consejos de Administración de Cajas y empresas públicas. Porque este es el lógico devenir de los tiempos. Y porque cabe esta reflexión: si un empresario no se sienta en el comité de los trabajadores de la empresa ¿por qué un sindicalista debe sentarse en su Consejo de Administración?
Gloria Lomana

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Félix Velasco 

La solución para Cataluña: España

España tiene un problema en Cataluña. Complicación que conviene abordar lo antes posible y de manera clara, o terminará amargándonos en los próximos años. Y debería acometerse sin la falsificación de la Historia, que tan perversamente hacen los nacionalistas, y con los datos objetivos y fríos que se derivan de las balanzas fiscales. Cuanto antes se pinche el globo secesionista con racionalidad y la ley en la mano, mejor transitaremos por los duros años que nos quedan por delante. Comparto la preocupación de muchos españoles acerca de la inhibición del Partido Popular y la irresponsabilidad de los socialistas, al traicionar sus ideas y su historia en este asunto.
Los ciudadanos le dieron un mensaje claro a Mariano Rajoy: mayoría absoluta para enderezar España de nuevo y sin necesidad de pactos vergonzosos. Si no, ¿para qué quiere la mayoría el PP? El estado anímico de la sociedad española acepta ahora las reformas institucionales y los sacrificios que sean necesarios. Anhela un horizonte de esperanza. Y para ello prefiere que la mano tendida, que Rajoy anunció tantas veces, sea con la otra gran fuerza de este país, el PSOE. Así se evitará el error de volver a caer en el chantaje nacionalista, que no sólo no ha arriado ni una sola de sus banderas reivindicativas, sino que las ha aumentado. El techo de hoy es el suelo de mañana. Una espiral de desafíos separatistas viene acompañando todas las intervenciones de los dirigentes de CiU, junto con la tergiversación de la Historia y la manipulación de las estadísticas.
Populares y socialistas representan prácticamente el ochenta por ciento del electorado español. Y la democracia sigue siendo todavía el gobierno de la mayoría. Esas invocaciones emocionales y de sentimientos frente a la racionalidad son batallas superadas a lo largo de estadios históricos y perfectamente definidas como reaccionarias en todos los manuales de ideas políticas. ¿Podemos involucionar en esta materia? Podemos. Pero no nos conviene. Sería un retroceso histórico que nos convertiría en los peores antepasados. Es decir que les dejaríamos a nuestros hijos una España mucho peor que la que recibimos.
Dentro de la zozobra generalizada en la que todavía nos movemos, no podemos resignarnos a pensar que cualquier cosa puede pasar. Por el contrario, se demanda del actual Gobierno de España que no haya ni una duda acerca de lo que nos hace más fuertes: la suma de 47 millones de ciudadanos, todos iguales ante la ley, y sin privilegios ni diferencias en función del lugar de nacencia o residencia.
¿Es viable España? O, expresado de otro modo, ¿cuáles son las condiciones necesarias para su viabilidad? Reconozcámoslo: el actual sistema autonómico se ha mostrado muy ineficiente en muchos aspectos. No estoy abogando por su desaparición. Pero sí clamo por una redefinición del mismo y por un fortalecimiento del Gobierno central en aras de lograr una España más solidaria.
Las autonomías fueron buenas en muchos aspectos, pero, lejos de resultar un elemento integrador de la diversidad en todos los órdenes de España, han devenido en una insostenible e ineficiente plataforma para el medro de tendencias disolventes. Estas que, además, se han convertido en un obstáculo para el desarrollo del pueblo español, de los ciudadanos, como usted y yo. Todo ello agravado con la aparición de un caciquismo de nuevo cuño, alentado por redes clientelares y una oligarquía empresarial local a la que ya le va bien en ese ombliguismo, que financiamos con los impuestos de todos. Mientras, nuestras grandes multinacionales consideran que es mejor irse de España, porque la economía es global. Pobre España y pobres españoles. Si no te desprecian los malos, te desprecian los buenos.
Insisto, las autonomías fueron buenas y su redefinición todavía puede convertirlas en instrumentos eficaces. Pero su actual colapso sólo tiene solución en una España más fuerte y en un diseño nuevo del Estado autonómico. En este nuevo concepto debe abordarse, con valentía y sin complejos, la posibilidad de terminar con el café para todos. Incluso es probable una España autonómica de dos velocidades. Nos lo exigen el futuro y la angustiosa realidad presente. No es tolerable el actual fracaso escolar derivado de 17 sistemas educativos diferentes. O el mantenimiento de cien mil cargos políticos y asimilados, antesala de la disolución definitiva de los logros históricos alcanzados a través del Estado del bienestar.
Conviene en estos casos, siempre que se abordan cuestiones como la que hoy nos ocupa, volver a leer más historia o releer páginas tan lúcidas y luminosas como las que escribió el premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal en el año 1934. Al abordar las ansias independentistas catalanas decía: «También los catalanes necesitan para fundamentar sus juicios situarse a espaldas de la Historia. Castilla no expolió nunca al Principado. Ella fue víctima como Cataluña de los funestos déspotas». Tampoco ahora se usurpa o se despoja a Cataluña de nada. Muy al contrario, su pertenencia histórica a España es la que ha hecho de ella su realidad actual, con sus luces y sus sombras,tras treinta años de autogobierno, aprovechados de manera irregular. Por eso, de nuevo, será en España donde encuentre el arreglo a sus problemas.
No fue España la que quebró Banca Catalana o Spanair. Ni siquiera la que jerarquizó determinadas inversiones frente a otras. Pero sí es España la que les da innumerables oportunidades de negocio a un buen número de empresarios catalanes. Sólo con una España fuerte le irá mejor a Cataluña, y para Cataluña siempre fue España su mejor negocio. Y así deberá seguir siendo.
Lejos de la confrontación simplista, el problema catalán, además de conllevarlo, como decía Ortega, habrá que abordarlo. Con valentía y con claridad; y entre otras muchas cosas, me atrevo a recordarles a los nacionalistas de cualquier signo que no hay nada que se parezca más a un hombre que otro hombre. Que venimos todos del mismo cansancio viejo y somos todos hijos del hambre, que suele cambiar de territorio con frecuencia. Y que la España actual tiene entre sus grandes virtudes el rico mestizaje histórico, que nos permite vivir lejos de donde nacimos, y la libertad como fuerza más fecunda y creadora.
Bieito Rubio - Director de ABC

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martes, 14 de febrero de 2012

ZP se forra a pesar de la crisis


El ex presidente del Gobierno toma posesión en el órgano consultivo junto al ex jefe de la Casa del Rey y otros cuatro miembros.
Más de 70.000 euros al año por asistir a una reunión al mes. Esa es la jubilación dorada de la que, junto a los 80.000 euros de la pensión de ex presidente del Gobierno, disfrutará desde hoy José Luis Rodríguez Zapatero. A las 12.30 horas tomará posesión de su cargo como miembro nato del Consejo de Estado, condición que afecta a todos los ex miembros del Ejecutivo desde que los socialistas cambiaron la ley para que así fuera.
Tanto Felipe González como José María Aznar renunciaron a ello pero Zapatero solicitó su ingreso en el órgano en cuanto pudo, a mediados del mes de diciembre.
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sábado, 28 de enero de 2012

Las dos clases sociales

Gran acierto el de Carlos Marx al considerar que las sociedades funcionan como si se entablara una lucha de intereses entre dos clases sociales, burgueses y proletarios. Solo que esto podía servir para los países industriales del siglo XIX. Ahora esas dos clases no existen. En su lugar se alzan otras dicotomías. La más útil para entender la sociedad española actual es la que sigue. Parto de la población ocupada y sus familias: (A) Los pecheros o contribuyentes. No porque los demás no paguen impuestos, sino porque esa clase A se distingue porque es la que acumula más carga fiscal, siempre en términos relativos a los ingresos. (B) los subvencionados. No porque otros carezcan de sunvenciones públicas, sino porque en ese grupo B destaca mucho la suma de ingresos que provinen del erario. En los pecheros estaríamos casi todos los que tenemos ingresos modestos o medios. En los subvencionados estarían los que su posición se asienta sobre el dinero que reciben del erario (políticos, liberados sindicales o patronales, empresarios subvencionados, corruptos, personas acaudaladas que logran pagar pocos impuestos de manera legal o ilegal). Naturalmente, los del grupo A quieren que los impuestos bajen. Los del grupo B quieren que suban, que se amplíe el llamado "Estado de bienestar", porque lo es sobre todo para ellos. Nótese que los pecheros tienen que mantener también a los no ocupados, bien a través de la familia o los impuestos. Los no ocupados son un grupo creciente de la población. Vale. 
Amando de Miguel
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Glorioso ZP

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¡Y encima se marcha sin ser juzgado, cobrando jugosas pensiones,... por su desastrosa administración,... y le dan una medalla!
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Tres argumentos

Primero, el aumento del paro no es sólo culpa del freno y marcha atrás en la recuperación, que también, sino del intervencionismo en el llamado mercado laboral; mal llamado porque un 47,3 % de paro juvenil indica que no estamos ante un mercado. Los catastróficos resultados de este pseudomercado no responden a decisiones y contratos voluntarios de los ciudadanos. Los políticos, sindicalistas y grupos de presión no podrán «luchar» contra el paro si no reconocen que son sus principales responsables. Segundo, la reforma laboral ha sido siempre imperativa y lo es ahora más que nunca. La estadística de la EPA puede cargar de razón a las autoridades para hacerla. Sospecho que volverán a hacer un pasteleo, porque padecen el habitual miedo a la libertad, pero el optimismo me lleva a anticipar que, como hicieron casi todas las reformas laborales, no van a empeorar las cosas. Tercero, aquí no hay disyuntiva entre ajustar o crecer. Esta falacia se debe sólo a la política. Las familias y las empresas se han ajustado, dolorosamente. La política no se había ajustado, ni antes de la crisis, ni después: esa demora es lo que ha agravado la situación. Las dos labores que las administraciones no han hecho –bajar impuestos y gastos, y abrir mercados–, siguen siendo cruciales, y no valen las consignas del estilo «hay que crecer» o «hay que evitar la fractura social», para continuar cebando la bomba fiscal, como si los mayores impuestos o los déficits continuados no tuvieran impacto económico apreciable.
Carlos Rodríguez Braun
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La cacharrería

La reforma judicial anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone una gran noticia y motivo de alegría para millones de ciudadanos. No es una reforma caprichosa, por cuanto en su mayoría, se contemplaba en el programa electoral del Partido Popular. Pero hay que reconocerle al ministro rapidez y dídimos. No ha perdido el tiempo y le ha puesto «ovos» al asunto. «Ovos» en portugués significa «huevos», y el arriba firmante es muy partidario, de cuando en cuando, de usar el bellísimo idioma de los lusitanos. 
Serán los jueces, y no los políticos, los que elegirán a sus representantes en el Poder Judicial. Nueva Ley de Planta. Nuevo Código Mercantil para garantizar la unidad de mercado. Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde el siglo XIX. Reforma de la Ley del Aborto de Bibiana Aído, la profesora de baile. Reforma del Estatuto de las Víctimas. Nueva Regulación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y la pena de prisión permanente revisable. Las escandalosas sentencias dictadas últimamente y que han alarmado a la sociedad necesitaban de una respuesta inmediata. Y la pena de prisión permanente, que es un truco semántico para ocultar la también solicitada por una mayoría de la sociedad cadena perpetua, significa un paso de valentía social. Los peores delincuentes, los autores de los crímenes más horrendos, no podrán gozar de los besos garantistas de nuestra Justicia buenista y demagógica. Lástima que les llegue tarde a una serie de criminales, de asesinos y de terroristas con un horizonte de libertad excesivamente cercano a pesar de sus gravísimos delitos. 
La «prisión permanente revisable», o como quiera llamarse, era una demanda de la sociedad siempre desatendida. Y el Gobierno de Mariano Rajoy, desde su Ministro de Justicia, ha atendido la demanda de la sociedad. La modificación de la Ley del Aborto de Bibiana Aído, la profesora de baile, era una barbaridad. La barbaridad ha sido aliviada, que no vencida, pero se ha entrecerrado la puerta abierta de la impunidad con el asesinato de los seres más inocentes y el funcionamiento de las trituradoras. Y la sociedad, más que demandar, exigía el retorno del bueno de Montesquieu, la independencia del Poder Judicial, sin la cual un sistema democrático deja de serlo automáticamente. Y Gallardón ha dado el paso. A Montesquieu se le permite, de ahora en adelante, volver a instalarse en la Justicia española. 
Los socialistas, por medio de un portavoz patricio, han dicho que Gallardón quiere entrar como un elefante en una cacharrería. Ha creído usar de una frase ingeniosa, sin apercibirse de que lo ha hecho con una sentencia diáfana y descriptiva. Nada importa el animal que en la cacharrería irrumpa, paquidermo o felino. El alboroto es el mismo. No por el elefante, sino por el desorden caótico de los cacharros. Los socialistas han reconocido que su Justicia era una cacharrería, y en este aspecto, hay que reconocerles al menos un arranque de sinceridad.
Alberto Ruiz-Gallardón es fiscal en excedencia. Y ha propuesto un Fiscal General del Estado respetado y admirado por casi todos. A Eduardo Torres-Dulce le dio pelifrús Conde-Pumpido, el de la mirada diagonal. Y el nuevo ministro de Justicia es hijo de un jurista excepcional, José María Ruiz-Gallardón, que unía a su excepcionalidad profesional un temperamento fuerte y un sentido de la decencia y la eficacia asombroso. Entrará como un elefante en una cacharrería, precisamente por eso, porque se trata del vertedero de cacharros inútiles que nos ha dejado el PSOE en la Justicia. 
Alfonso Ussia
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Félix Velasco

La aventura aérea catalana

En el pleno del mes de diciembre del ayuntamiento de Barcelona, medio de tapadillo, los concejales aprobaban sin apenas publicidad la última subvención a la compañía Spanair; una más. La concesión se hizo sin debate, a escondidas, sabedores los ediles de la dudosa legalidad de unas ayudas —unos 150 millones desde 2009— que han sido, prácticamente, el único sustento de una aerolínea nacida con voluntad «de país». Con el anuncio de suspensión de vuelos, más que el fracaso de una compañía se estrella el sueño de la administración catalana, también de parte de su empresariado, que trató de establecer en El Prat una base de vuelos intercontinentales que rompiese con la dependencia de Barajas. Se trataba de convertir Barcelona en un «hub internacional»: el sueño se acabó.
Si la última etapa de Spanair es la de la impotencia de la Administración y la incapacidad para atraer a un socio industrial, otros sucesos han marcado su trayectoria. El más trágico, grabado en negro en la historia de la aviación española, el accidente del vuelo JK5022 con destino a Gran Canaria, que el 20 de agosto de 2008, en Barajas, segó la vida de 154 personas.
Habían pasado veinte años desde que Spanair comenzase a operar como exitosa compañía chárter. Fundada por la escandinava SAS, que aún tiene un 10,9%, y Marsans, el gran salto adelante se produce en 1994, cuando comienza a operar vuelos regulares en territorio español. Al poco tiempo da el salto internacional, donde llega a tener enlaces con Washington, Río, Buenos Aires y La Habana. En marzo de 2002 Spanair se integra en SAS y, en 2003, queda bajo el paraguas de Star Alliance.
El accidente de 2008 precipitó el cambio de manos de la compañía, que se había convertido en un lastre para la escandinava. Ante la posibilidad de que Spanair acabase en manos de Iberia, lo que desde Cataluña se explicó como el anuncio de la marginación definitiva de El Prat, acabó por cuajar la solución pública. Casi como si fuese un deber patriótico, Spanair quedó en manos de Iniciativas Empresariales Aeronáuticas (Ieasa), que aglutina a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fira y un grupo de empresarios. Fue una aventura tan cara como efímera. Un pozo sin fondo. El «no» de Qatar Airways y las dificultades económicas de la Generalitat precipitaron el fin. La aventura aérea catalana se ha estrellado.
La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a Ferran Soriano y su equipo en la gestión de Spanair "por si de su actuación en los próximos días pudiera desprenderse presunta malversación de las ayudas públicas o inversiones que el Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona les concedieron".
El presidente de Asetra, Ignacio Rubio, ha afirmado en un comunicado que la "deficiente gestión" del equipo de Ferran Soriano ha acabado con una empresa viable hace unos años atrás, y ha denunciado la falta de una "gestión de calidad" en la viabilidad de la compañía. Además, ha denunciado la pérdida de más de cerca de 25 millones de euros de las "inversiones" del erario público sin garantías de devolución a las arcas del Gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona por parte de la dirección de la aerolínea.
La asociación considera que deberá estudiarse legalmente "si los actuales responsables de Spanair y los dirigentes políticos que apoyaron la concesión de las ayudas o inversiones - como las califica la aerolínea- conocían la situación financiera real de la compañía y entregaron dinero y ayudas públicas a una compañía en presunta quiebra técnica a sabiendas de su situación económica malversando presuntamente el dinero de los ciudadanos"
Por ello Asetra insta a la Fiscalía General del Estado a investigar la gestión de Ferran Soriano en Spanair y el destino de tales "inversiones" como en su día se hizo con el cierre de la empresa Air Madrid.
El presidente de la asociación ha remitido esta tarde una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que le manifiesta su pesar por el cierre de las operaciones de Spanair y pide el apoyo del Gobierno para recolocar a los pasajeros de la aerolínea y proteger a sus profesionales y sus familias.
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lunes, 23 de enero de 2012

Impuestos

‎"Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona debe haber trabajado para ello, pero sin recibirlo... 
El gobierno no puede entregar nada a alguien, si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. 
Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad esta obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitara lo que han logrado con su esfuerzo, eso... mi querido amigo...
...es el fin de cualquier nación. 
No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola."
Adrian Rogers
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