martes, 30 de agosto de 2011

Movilizaciones a favor del despilfarro

Pese a que Rubalcaba se haya salido con la suya y haya conseguido aguar lo que podría haber sido una gran reforma constitucional, la movilización de la extrema izquierda, tanto sindicatos como indignados, no resulta ni mucho menos de recibo en estos momentos de crisis económica. La izquierda no sólo yerra en el fondo de la cuestión, sino también en las formas.
Se equivoca en el fondo porque insiste en reclamar dos objetivos incompatibles: que no dependamos de los mercados (y por tanto que no tengamos que colocar nuestra en el mercado) y que no dejemos de endeudarnos (y por tanto que sigamos dependiendo de los mercados a la hora de colocar nuestros bonos). Lo ideal, por supuesto, sería que nuestros políticos no gastaran más de lo que ingresan, pero amplios sectores de la izquierda prefieren la prodigalidad a la austeridad, sobre todo cuando el despilfarro lo pueden cargar, mediante la deuda, a la cuenta corriente de nuestros hijos y nietos.
Pero sindicatos e indignados yerran también en las formas. En unos momentos en los que los inversores extranjeros observan con extrema desconfianza no sólo nuestra capacidad para devolverles el dinero sino también nuestra determinación para hacerlo, estas manifestaciones que promueve la izquierda para el próximo día 6 de septiembre sólo conseguirán acercar a nuestro país, dentro del imaginario de los ahorradores internacionales, a las algaradas callejeras que se han vivido en Grecia durante los últimos meses.
No, si de algo deberíamos estar molestos los españoles es de que nuestros políticos no se hayan atado lo suficiente las manos como para evitar que se repitan episodios tan lamentables como la gestión de los sucesivos Ejecutivos de Zapatero. De salir a la calle, deberíamos hacerlo para exigir que nuestros políticos sean lo suficientemente diligentes como para honrar hasta el último céntimo de sus deudas y para reforzar nuestra credibilidad como país. La alternativa izquierdista de acabar de hundirla no puede ser más ruinosa.
Editorial Libertad Digital
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Félix Velasco

No es lo mismo.

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Moción de autocensura

Hay algo aún más aburrido que ver en diferido un partido de fútbol con empate a cero y es un debate parlamentario en el que PP y PSOE están de acuerdo en todo. Sin embargo, el riesgo que corre hoy el Congreso no es hastiar a los tendidos con una sesión versallesca, sino defraudar a los perplejos y darles munición a quienes gritan por las esquinas eso de «no nos representan». Es probable que tengan razón los dos grandes partidos cuando desestiman el referéndum para revalidar una reforma de la Constitución que no toca directamente derechos fundamentales, sino que alude genéricamente al control del déficit. Pero tienen que explicarlo con claridad y, si entra en el sueldo, ser sinceros con sus errores, que son muchos y muy graves. Porque esta reforma es, antes que nada, el reconocimiento paladino de un gran fracaso de la clase política: el de no haber manejado con responsabilidad, honradez y previsión los dineros públicos. Lo mismo desde el Gobierno de la nación que desde los gabinetes autonómicos y las alcaldías. Todos ellos dispararon con pólvora del rey, gastaron como cigarras e hipotecaron las tres próximas generaciones con pasmosa frivolidad. Espoleados por el «principio» económico «El dinero público no es de nadie», acuñado por la mente maravillosa de Carmen Calvo, a la sazón ministra de Cultura, se lanzaron sobre el botín con hambre atrasada y se carcajearon de Aznar, que como castellano viejo presumía de déficit cero y de techo de gasto. Una de las pancartas más inteligentes que este domingo pasearon los «indignados» de Barcelona decía así: «¿Cómo le explicarás a tus hijos que perdiste lo que ganaron tus padres luchando?» No se puede expresar mejor la incompetencia de unos gobernantes que en estos ocho años han despilfarrado una década de bonanza como no se recordaba en España. Si nuestros socios europeos han obligado a reformar la Constitución no es porque quieran recortarnos el Estado de Bienestar: es que no se fían de nuestros dirigentes como gestores de las arcas públicas. Por eso, sería signo de decencia y dignidad que Sus Señorías entonaran hoy en el Congreso el «mea culpa» y admitieran que el retoque constitucional es la primera moción de autocensura en la historia de nuestra democracia. De ahí que los del 15-M sigan en la inopia cuando exigen un referéndum como coartada para rechazar la reforma, pues deberían apoyarla por tratarse de un acto de legítima defensa de los ciudadanos frente a gobernantes irresponsables y vanos que estiraron más la mano que la manga.
José Antonio Álvarez Gundín
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lunes, 29 de agosto de 2011

¿Pueden los empresarios explotar a los trabajadores?


La economía clásica popularizó la errónea idea de que bajo el capitalismo los trabajadores se encontraban sometidos a una "ley de hierro de los salarios": cuando los sueldos se incrementaban por encima del nivel de subsistencia, las familias comenzaban a tener hijos y la mayor oferta de mano de obra terminaba impulsando a la baja los salarios (y, viceversa, si éstos caían por debajo del nivel de subsistencia, la gente moría, lo que hacía que volvieran a elevarse).
Hoy, la interpretación popular de esta ley de hierro de los salarios pasa por atribuir a los empresarios un poder absoluto frente al trabajador. Si no hubiese leyes de salario mínimo, sindicatos, convenios colectivos e inspectores laborales, los sueldos caerían pronto al nivel de subsistencia y las condiciones de trabajo serían las propias de los cuentos dickensianos. Al fin y al cabo, el trabajador se encuentra en una posición de inferioridad respecto al empresario: a diferencia de éste, el obrero tiene que trabajar para comer y no puede mantenerse mucho tiempo en el paro, de modo que tendrá que aceptar a la desesperada cualquier cosa que se le ofrezca. Todos hemos experimentado alguna vez cómo apenas tenemos algo que oponer en una entrevista laboral: si somos muy exigentes, el de recursos humanos simplemente nos despachará y contratará a otro.
Bajo este prisma, los liberales que deseamos abolir todo el derecho laboral –por ser un derecho de excepción que sólo sirve para destruir riqueza y empleos– no somos más que los sicofantes de unos capitalistas que quieren reinstaurar su cruenta explotación decimonónica.
Pero, más allá de la caricaturización socialista, ¿somos así de desalmados? No exactamente. De entrada, los supuestos de que el trabajador carece de todo poder de negociación y de que el empresario es omnipotente no son del todo realistas, o al menos no son realistas para todo el mundo.
Por un lado, un trabajador puede buscar un empleo teniendo ya un empleo, por lo que sí sería capaz de rechazar una oferta laboral que no le agrade (no tiene que coger cualquier empleo basuriento). Asimismo, una persona puede disponer de ahorros (personales o familiares) de los que ir tirando hasta que encuentre un empleo que se adecúe a sus necesidades.
Por otro, un trabajador no es siempre perfectamente reemplazable por otro; hay empleados muy especializados que de hecho tienen un enorme poder de negociación frente a los empresarios. El caso paradigmático probablemente sea el de los futbolistas de Primera División y el de otros deportistas famosos, pero existe un amplio abanico de casos reales: directivos, inversores muy cualificados, profesores universitarios, ingenieros informáticos de renombre, periodistas famosos... En todos estos ejemplos, la negociación laboral se desarrolla en pie de igualdad o, incluso, en pie de desigualdad a favor del trabajador. Obviamente, no todos los trabajadores se encuadran en estas categorías, pero tampoco todos se encuadran en el otro extremo donde se carece de cualquier poder de negociación. La mayoría de las personas se hallan en un punto intermedio: cuanto más valor añadido generen dentro de la empresa y menos sustituibles sean, mayor será su poder de negociación.
Y, por último, tampoco es del todo cierto que un empresario pueda mantenerse sin contratar a nadie durante mucho tiempo. Una vez se ha constituido la empresa, el empresario comienza a perder dinero si ésta no está en funcionamiento: como poco, soportará algunos costes operativos (electricidad, alquiler, internet...) y los financieros (el tipo de interés de los préstamos que haya solicitado para crear la empresa, o las remuneraciones que le exigirán sus accionistas). Por no hablar de que si la compañía ya está en marcha, las bajas de ciertos trabajadores pueden interrumpir su funcionamiento y ocasionarle quebrantos extraordinarios (por eso las huelgas son tan dañinas).
Pero, pese a las objeciones anteriores, sí es cierto que, en general, el empresario tiene más poder de negociación en la relación laboral que el trabajador sin demasiada cualificación. Y es así por motivos parecidos a por los que el consumidor tiene una ventaja negociadora frente al productor: porque quien tiene el dinero (empresario contratante o consumidor) puede atesorarlo y esperar a que la otra parte (trabajador o productor) ceda y mejore las condiciones de la transacción. Desde luego que existen contrapesos como los que acabamos de describir, pero la tendencia general es ésa. Ahora bien, ¿significa ello que el trabajador está desamparado frente al empresario y que sus salarios tenderán a reducirse al nivel de subsistencia?
No y por motivos similares a los que impiden que los consumidores fuercen que el precio de un Ipad se reduzca hasta su coste de producción. Me explico. Imaginemos que el coste medio de fabricar un Ipad es de 100 dólares; si ese fuera el precio de salida, la demanda sería astronómica: los consumidores se pagarían por hacerse con uno de estos aparatos. Apple sólo podría mantener el precio a 100 dólares si incrementara lo suficiente la producción de Ipads para que al final todo el mundo tuviera uno y su utilidad marginal cayera hasta ser inferior a los 100 dólares que cuesta. Si por alguna razón Apple se niega a hacerlo (y con "alguna razón" quiero decir "maximizar sus beneficios"), la oferta de Ipads será relativamente rígida (en esencia, porque nadie más los produce), lo que llevará a que la competencia entre los consumidores eleve el precio de los Ipads muy por encima de sus costes. ¿Cuándo dejará de encarecerse el Ipad? Pues cuando su precio sea tan alto que empiecen a aparecer Ipads que no se vendan. ¿Y por qué habrá Ipads sin venderse? Porque a ese elevado precio no habrá suficientes consumidores que lo valoren más que el dinero que cuesta: es decir, su precio superará la utilidad marginal del cacharro.
Con el factor trabajo sucede algo parecido. La oferta de trabajo es inelástica y los empresarios son los "consumidores" que compiten por agenciarse a los escasos trabajadores.
Por un lado, la oferta de trabajo es bastante inelástica a corto y medio plazo –los individuos pueden trabajar más horas pero no puede "fabricarse" de inmediato un mayor número de trabajadores, sobre todo cuando ya se trata de trabajadores con una eleva formación– y a largo plazo la oferta responde a consideraciones distintas a su precio. Los clásicos estaban equivocados al pensar que si el salario crecía por encima del nivel de subsistencia las familias tendrían muchos más hijos. En Occidente ha sido más al revés: cuando esos salarios han superado definitivamente el nivel de subsistencia, la natalidad se ha desplomado. Digamos, por simplificar, que en la planificación familiar influyen muchísimos más factores que los salarios, lo que significa que la oferta de mano de obra a largo plazo también es casi del todo independiente del nivel de salarios.
Por otro, la enorme acumulación de capital que ha tenido lugar en las economías de mercado durante los últimos siglos ha permitido que la productividad de incluso el más inútil de los trabajadores sea muy alta. En la actualidad, la cantidad de productos que cada mes es capaz de fabricar de cualquier obrero (no digamos ya de los muy cualificados), gracias a la calidad de las herramientas que tiene a su disposición, es muy superior a lo que fabricaba, por ejemplo, en el s. XVIII y también muy superior a los niveles de subsistencia. Los empresarios capitalistas disponen de bienes de capital, pero carecen del factor trabajo, que han de alquilar e insertar dentro de sus planes de negocio para generar beneficios.

Los empresarios, por consiguiente, pujarán por una oferta más o menos rígida del factor trabajo y lo harán con la vista puesta en la productividad marginal de los obreros: como sucedía con el precio de los Ipads cuando los compradores querían adquirir un número limitado de unidades, el salario de los trabajadores tenderá a subir por encima del coste de subsistencia (al igual que los Ipads se encarecían por encima de su coste de producción). Y lo hará no porque individualmente cada empleador desee pagar salarios más altos, sino porque el resto estarán dispuestos a abonarlos con tal de hacerse con los trabajadores que necesitan.
¿Hasta cuándo subirán los salarios? Si los Ipads se encarecían hasta equipararse con la utilidad marginal que permitía que todos ellos se vendieran, el salario se encarecerá hasta equipararse con la productividad marginal que permitirá que todos los obreros que deseen ser contratados lo estén. No puede situarse por encima de este nivel, porque entonces habría personas desempleadas dispuestas a ser contratadas por un salario más bajo (otra cosa es que la ley les impida aceptar un salario más bajo, en cuyo caso habrá paro) y tampoco puede ser inferior, porque entonces habría empresarios dispuestos a contratar a los trabajadores pagando salarios más elevados. Por eso mismo, además, aunque los economistas clásicos hubiesen tenido razón en que unos salarios elevados promovían la natalidad, habrían estado equivocados en sus conclusiones: una mayor oferta laboral no tiene por qué rebajar los salarios si esos empleados incrementan directamente la productividad marginal (por ejemplo, si son muy cualificados, esto es, si incorporan mucho capital humano) o si lo hacen de manera indirecta, a saber, produciendo más bienes de capital.
Es importante fijarse en que la existencia de trabajadores parados no invalida la explicación de que los empresarios compiten por contratar a los trabajadores. Sin duda, si existe un abundante desempleo, la rivalidad tiende a desaparecer y el empresario podrá ofertar salarios más bajos. Pero, como decíamos, la existencia de paro significa justamente que los salarios se han situado por encima de la productividad marginal de los trabajadores y que, por tanto, tienen que reducirse. Que en un mercado libre los salarios se sitúen por encima de los de subsistencia no significa que puedan ubicarse por encima de la productividad marginal del trabajador: son cosas muy distintas. El problema, como sucedía en los albores de la Revolución Industrial, se da cuando la productividad es muy baja y, por tanto, los salarios también son muy bajos. Pero no es un problema de explotación, sino de pobreza general de la sociedad.
Este es el marco general dentro del que se determinan los salarios. Por supuesto, hemos de tener en cuenta que no todas las ofertas de trabajo son idénticas (como decíamos, los trabajadores de distinta cualificación no compiten directamente entre sí) y que existen problemas de información (no todos los empresarios están en contacto con todos los obreros y, de hecho, los procesos de selección pueden ser largos y cansinos) y costes ocultos que frenan la movilidad de los trabajadores (por ejemplo, la renuencia a cambiar de residencia). Habrá ocasiones, pues, donde un trabajador percibirá un salario superior al que cobraría si el empresario conociera y pudiese contratar a todos los candidatos idóneos para ese puesto y otras en las que percibirá un sueldo inferior al que obtendría si conociera y estuviera dispuesto a desplazarse a todos los puestos que encajan con su perfil. Pero, en todo caso, es falaz que el poder de negociación de los empresarios les permita rebajar los salarios hasta el nivel de subsistencia.
Luego, podremos encontrarnos con organizaciones de empresarios y de trabajadores –cartels– para tratar de controlar la fijación de los salarios. Sería el caso de las patronales y de los sindicatos. Ambas organizaciones, sin embargo, es improbable que tengan mucho éxito sin apoyo estatal. En el caso de los empresarios, porque si existe libertad de entrada para formar nuevas empresas (también para los trabajadores, que pueden hacerse autónomos), no sólo para el capital nacional, sino también para el extranjero, la patronal debería vincular no sólo a los empresarios existentes, sino a todos aquellos que pueden llegar a crear una empresa. ¿Acaso es posible crear un cartel empresarial por el que todos los empresarios existentes se comprometan a no competir por sus trabajadores y todos los restantes ciudadanos acepten no crear nuevas empresas (pues entonces deberían fichar a los trabajadores de otras empresas)? No, salvo que lo imponga la ley.
Lo mismo cabe decir de los sindicatos: la sindicación universal es harto complicada, sobre todo si existe la posibilidad de celebrar contratos Yellog Dog (contratos que remuneren la no sindicación). De todas formas, si los sindicatos lograran su objetivo de representar a todos los obreros, tampoco podrían fijar salarios sin graves consecuencias: si suben los salarios por encima de la productividad marginal que permite contratar a todos los trabajadores (aquel salario al que tiende el libre mercado), parte de esos trabajadores se volverían incontratables. Esto es, habría paro: unos cobrarían más a costa de que otros cobraran menos. Para incrementar los sueldos no necesitamos más sindicatos, sino unos trabajadores más productivos que sean demandados con más intensidad por los empresarios, esto es, necesitamos mayor acumulación del capital, desarrollo tecnológico y libertad en los mercados.
En definitiva, la falta de poder de negociación de un trabajador poco cualificado frente a un empresario no le condena ni mucho menos a cobrar un salario de subsistencia, ya que el empresario, en realidad, está compitiendo con el resto de capitalistas por contratarlo y es esa competencia la que impulsa al alza los salarios. De ahí que, aun cuando un obrero carezca de voz y de voto en una entrevista laboral, el salario (y el resto de condiciones laborales, que son pagos en especie) que ya de entrada le ofrezca el empleador será bastante cercano al que estarán dispuestos a ofrecerle otros empresarios, que a su vez no se irá mucho de su productividad marginal (en caso contrario, el resto de empresarios estarían dispuestos a ofrecerle un sueldo superior para "explotarlo" en sus fábricas). No confundamos cobrar salarios de subsistencia con no cobrar aquello que nos gustaría percibir o que creemos que deberíamos facturar por nuestros excelentes e insustituibles servicios.
Juan Ramón Rallo
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viernes, 26 de agosto de 2011

Desmontando a Buffett ¿Por qué los ricos quieren subidas de impuestos?

En un artículo publicado en The New York Times bajo el título Dejad de mimar a los super-ricos, el legendario inversor Warren E. Buffett ha pedido más impuestos para las renta altas. El mes pasado ya afirmó lo siguiente en Bloomberg: "Pienso que los ricos tenemos la responsabilidad de pagar impuestos más elevados".
El presidente Obama ha citado en diversas ocasiones estas opiniones del inversor para proponer subidas fiscales a los más ricos, y países como Francia -y pronto España- ya han anunciado medidas en esa dirección. Pero la propuesta de Buffett, como las medidas en estos países, ni sirve para solucionar el problema real ni evitará que ciertos super-ricos como él mismo sigan recibiendo mimos. Por el contrario, dicha subida fiscal sí tiene graves efectos negativos, entre ellos, para los trabajadores y los potenciales inversores.
Buffett dice que tributa menos que sus empleados
Buffett ilustra su descontento con el sistema tributario norteamericano lamentándose de que el Gobierno sólo le grava el 17,4% de su renta imponible, mientras su veintena de empleados soportan entre un 41% y un 36%. Pero esta comparación adolece de varios defectos importantes:
1. Como él mismo reconoce, paga un 17,4% porque en vez de tributar como asalariado lo hace como perceptor de dividendos. Como propietario de una cuarta parte de su propia empresa, Buffett podría contratarse como trabajador y, efectivamente, tributaría mucho más que ahora. Pero, por algún motivo, prefiere tributar sólo al 17,4%. Si verdaderamente Buffett quiere pagar más impuestos no necesita ninguna reforma fiscal, basta con que aproveche la legislación vigente en beneficio de la Hacienda americana. Lo curioso es que en su artículo Buffett ni se plantea tal posibilidad.
2. Buffett omite que lo que él gana como propietario de Berkshire Hathaway ya ha tributado por el impuesto sobre Sociedades; un impuesto que en EEUU puede llegar al 35%. En 2008, Berkshire Hathaway ingresó a Hacienda unos 3.000 millones de dólares por este concepto. Por tanto, aproximadamente, lo que paga Buffett se acerca más al 45% que a ese 17,4% de modo que, en realidad, paga mucho más que cualquiera de sus veinte empleados.
3. Lo más importante de esa comparación, en el contexto del artículo, es la insinuación de que, sistemáticamente, los más ricos tributan a tipos más bajos que los más pobres, lo que en Derecho tributario se denomina regresividad del sistema tributario.
Observa Buffett que, en los últimos años, los ingresos de los más ricos han ido en aumento mientras los tipos que soportan se han ido reduciendo. Para demostrarlo cita datos del Fisco estadounidense (IRS): en 1992 los 400 norteamericanos con mayores rentas sumaban una renta total de 16.900 millones de dólares, que tributaban al 29,2%; una década y media después, en 2008, los 400 norteamericanos con mayores rentas sumaban una renta conjunta de 90.900 millones de dólares, que tributaba al 21,5%.
Su conclusión no es que los tipos impositivos más bajos favorecen la creación de riqueza sino que esos tipos son injustamente bajos. Sin embargo, en 2008, un estudio de la OCDE afirmó exactamente lo contrario: EEUU tiene el "sistema tributario más progresivo y obtiene la mayor parte de sus impuestos del 10% más rico de la población".
Como apunta Stephen Moore, del Wall Street Journal, citando datos fiscales correspondientes a 2008, de todos los hogares norteamericanos "el 10% con mayores ingresos (más de 114.000 dólares al año) pagó un 19% de su renta en impuestos federales. Los situados en el 1% superior (más de 380.000) pagaron un 23,3%. El 0,1% superior, con ingresos de 2 millones de dólares o más, acabó pagando un impuesto ligeramente inferior del 22,7% porque una mayor parte de sus ingresos la obtuvieron con inversiones".
Y añade: "Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, las familias de clase media en 2007 (con rentas entre 34.000$ y 50.000$) pagaron un 14,3% de sus rentas en todos los impuestos federales. El 5% que obtuvieron rentas más altas pagaron un 27,9% y el 1% superior pagó un 29,5%".
4. Un último detalle que Buffett omite es el de las donaciones a obras benéficas. Una gran parte de los beneficios de Berkshire Hathaway (el fondo de inversión que preside) se destina a organizaciones sin ánimo de lucro, tales como la Gates Foundation, de Bill Gates, o su propia Susan Thompson Buffett Foundation, con las consiguientes ventajas tributarias.
Claramente, su veintena de empleados no realiza aportaciones tan importantes a este tipo de instituciones, por lo que no puede disfrutar de dicha ventaja fiscal. Pero Buffett ni se plantea dejar de destinar sus ingresos a estas fundaciones ni pide que se graven con mayores impuestos ese tipo de organizaciones. Así que cuando pide impuestos más elevados para los "mega-ricos" lo hace a sabiendas de que tampoco le afectarían demasiado.
Su propuesta
Buffett lanza su propuesta a los 12 miembros del Congreso que han sido designados para poner orden las cuentas públicas de EEUU. "La primera tarea para los 12 es reducir algunas de las promesas de futuro cuyo cumplimiento resultaría imposible, incluso para una América rica. Son grandes los importes a ahorrar en este capítulo. Luego, los 12 deberían centrarse en la cuestión de los ingresos. Yo no tocaría los tipos a los que están gravados el 99,7% de los contribuyentes y seguiría con la actual rebaja de 2 puntos en la aportación de los trabajadores al impuesto sobre salarios. Esta rebaja ayuda a los pobres y a la clase media, que necesitan cada rebaja que puedan conseguir".
Y detalla su propuesta: "Pero para aquéllos que ganan más de 1 millón de dólares (236.883 hogares en 2009) yo subiría el tipo de gravamen sobre la base imponible de inmediato, incluyendo, por supuesto, dividendos y plusvalías. Y para aquéllos cuyos ingresos superan los 10 millones de dólares (8.274) sugeriría un incremento adicional en su tipo impositivo".
El inversor presenta esta propuesta explicando que a los 12 "les han pedido que elaboren un plan a 10 años para reducir el déficit en al menos 1,5 billones de dólares. No obstante, es primordial que consigan mucho más. El pueblo estadounidense está perdiendo la fe en el Congreso y su habilidad de gestionar los problemas fiscales que atraviesa nuestro país".
Pero sorprende que Buffett limite toda su propuesta a los impuestos sin decir nada respecto al gasto público, clave para solucionar el grave problema de deuda pública americana. Así, como observa Jeffrey A. Miron, "el primer problema de Buffett es que el número de super-ricos es demasiado pequeño para notarse mucho en nuestros problemas presupuestarios".
Basta con unos simples cálculos para verlo. "En 2009, los ingresos percibidos por los 236.833 contribuyentes con más de un millón en renta bruta eran unos 727.000 millones de dólares. Imponiendo un recargo del 10% sobre estas rentas generaría como mucho 73.000 millones en nuevos ingresos fiscales, tan sólo un 2% del gasto público. Y 73.000 millones es un cálculo optimista: los super-ricos eludirían o evadirían gran parte de ese recargo, reduciendo significativamente así el ingreso fiscal". De hecho, la propuesta de Buffett apenas reduciría la deuda pública de EEUU en un 0,5%.
Posteriormente, en una reciente entrevista, el propio inversor admitía la necesidad de recortar gastos: "Tenemos que hacerlo", dijo. "Incluso un país rico tiene límites y hemos prometido cosas que no podemos cumplir, y eso es un error". E insistía: "Pienso que abandonar las promesas que no puedes cumplir es importante [...] No pienso que lo que estoy diciendo ahora sobre los impuestos solucione la brecha del déficit en absoluto".
Y concluía: "Tenemos que darle a ambos lados [gastos e ingresos], y no nos podemos poner en una trayectoria que aumente automáticamente el lado del gasto a medida que pasan los años, que es lo que hemos hecho con los programas sociales".
Dice que no afectaría al 99% de la población...
Él mismo observa que su propuesta afectaría a menos del 99% de la población americana. Y los datos analizados por Miron dejan claro que actuando sobre tan pocos contribuyentes, por muy ricos que sean, el efecto sobre el problema del déficit americano sería irrelevante.
Pero los mega-ricos son un buen chivo expiatorio, desviando así la atención sobre otros asuntos. Según Miron, "señalar a los super-ricos distrae la atención del problema real: la miríada de políticas que, para empezar, no tiene ningún sentido porque inhiben el crecimiento económico y, simultáneamente, redistribuyen riqueza de los hogares de rentas bajas a las clases medias y altas".
Y pone un ejemplo: "La deducción de los intereses de la hipoteca de la casa incentiva a invertir en exceso en vivienda. Los contribuyentes de rentas altas consiguen los beneficios, puesto que los contribuyentes de rentas bajas tienen pocas viviendas o ninguna y, en cualquier caso, no desglosan las deducciones".
Y que tampoco afectaría a la inversión...
Dice Buffet: "Llevo más de sesenta años trabajando con inversores y aún no he visto a nadie (incluso cuando las plusvalías se gravaban al 39,9% en 1976-77) dejar pasar una inversión sensata simplemente por el tipo de impuesto con el que se gravaría la plusvalía potencial. La gente invierte para ganar dinero, y nunca se ha asustado por los posibles impuestos. A los que argumentan que unos tipos más altos dañan la creación de empleo, les diría que el número de empleos aumentó en casi 40 millones (netos) entre 1980 y 2000. Y sabéis lo que ha pasado desde entonces: tipos impositivos menores y mucho menor ritmo de creación de empleo".
Pese a tal afirmación, la realidad es que los impuestos que gravan los rendimientos de capital juegan un papel crucial para determinar dónde se invierte y dónde no. La experiencia demuestra que una mayor fiscalidad sobre las inversiones incentiva la fuga de capitales a otras plazas menos gravosas. De hecho, los tipos que aplica EEUU, superiores en muchos casos al de otros países, son, precisamente, los que han contribuido a la deslocalización industrial de los últimos años, reduciendo así el ritmo de crecimiento del empleo americano al que se refiere Buffett.
...pero tampoco le afectaría a él
Por último, uno de los detalles más interesantes de su propuesta es que poco o nada le afectaría a él, gracias a las ventajas que obtiene destinando los ingresos de Berkshire Hathaway a su propia fundación sin ánimo de lucro. Y endurecer especialmente la tributación sobre este tipo de instituciones no está en los planes de los países que anuncian ahora impuestos más altos para los más ricos.
Sin embargo, a quienes sí podría afectar es a los que se están enriqueciendo. Es decir, una mayor fiscalidad podría imponer una importante barrera de entrada a incipientes inversores, evitando con ello competencias indeseadas a Buffett y a sus colegas mega-ricos. Esto explicaría el entusiasmo que despierta entre los más ricos las propuestas destinadas a subir los impuestos a las rentas más elevadas.
Toni Mascaró
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jueves, 25 de agosto de 2011

Instalados en la improvisación permanente

En medio de la descomposición interna del PSOE, los responsables de Economía de este Gobierno cesante sólo son capaces de perseverar en ese rasgo que tanto los ha caracterizado durante estas dos legislaturas: su improvisación permanente. Después de llegar al poder negando la existencia de la crisis, sólo han sabido mantenerse en él ocultando la imperiosa necesidad de ejecutar profundas liberalizaciones y enérgicos planes de austeridad. Por eso, toda su política económica ha consistido en una chapuza tras otra: hemos perdido cuatro preciosos años para acometer un reajuste integral de nuestro sistema productivo por culpa de la obstinación socialista por bloquear la reforma laboral y el ajuste presupuestario.
En lo que claramente son los últimos coletazos de un equipo económico cuya cabeza, la vicepresidenta Salgado, ni siquiera piensa concurrir en las listas socialistas para las generales, ayer el Gobierno se sacó dos nuevos conejos de la chistera. El primero, y aprovechando las misivas que varios multimillonarios han remitido a sus respectivos Ejecutivos en EEUU y en Francia a favor de que se les suban los impuestos, ha sido el de anunciar que este viernes se aprobará un incremento de la tributación sobre los más ricos. Una medida meramente populista que en nada contribuirá a reducir el déficit –pues la práctica totalidad de la tributación de este y de cualquier otro país recae sobre la sufrida clase media– y que como mucho estimulará la fuga de capitales, agravando todavía más la crisis.
El segundo no es más que el enésimo parche a una legislación laboral tremendamente rígida que nos ha terminado convirtiendo en la economía europea con una mayor tasa de paro. En lugar de liberalizar a fondo las relaciones laborales, el Gobierno optó por un simulacro de reforma del contrato de trabajo y otro simulacro de reforma de la negociación colectiva. Ahora, vistos los pobres resultados alcanzados, propone suspender durante dos años la limitación para encadenar contratos temporales e implantar un nuevo contrato de formación y aprendizaje. En vez de optar por la liberalización, se elige la precarización.
Sólo ha faltado que en medio de este despropósito que suena más bien a un "sálvese quien pueda", haya aparecido el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, para reclamar la creación de unos hispabonos respaldados por el Estado central con el propósito de rescatar a las comunidades autónomas. Nueva improvisación, pues, pero ésta proveniente de los nacionalistas catalanes: en lugar de empezar con la reforma del insostenible modelo autonómico que nos ha abocado a la crítica situación actual, Mas-Colell reclama que el Estado central se endeude para tapar los agujeros regionales.
Con estos gobernantes tan irresponsables y cortoplacistas, lo extraño sería que estuviésemos en la senda de la recuperación.
Libertad Digital - Editorial
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viernes, 19 de agosto de 2011

Moncloa hipoteca en 3.300 millones a las grandes empresas en plena crisis

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto-Ley en el que se recogen nuevas medidas económicas para tratar de recortar el déficit público. La norma recoge tres medidas básicas: reduce el IVA para la compra de vivienda nueva durante cuatro meses, hasta el 31 de diciembre de 2011; adelanta el pago del Impuesto de Sociedades y elimina deducciones temporalmente, hasta 2013; y aplica un nuevo plan para reducir el gasto farmacéutico.
En primer lugar, el Gobierno ha decidido reducir la fiscalidad de la vivienda nueva. En concreto, aplicará una reducción "temporal y extraordinaria" del IVA que grava la compra de vivienda nueva, del 8% actual al 4%. Sin embargo, tan sólo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, es decir, apenas se aplicará durante cuatro meses.
Según ha explicado en rueda de prensa el ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, José Blanco, esta rebaja supondría un ahorro de 8.000 euros en el caso de un piso que cueste 200.000. El objetivo de esta medida es impulsar la compraventa de pisos y, así, tratar de ayudar a reducir el stock existente. Pero Blanco ha explicado que la rebaja, sobre todo, ayudará a las entidades financieras a desprenderse de los activos inmobiliarios, con lo que se trata más bien de una propuesta para tratar de relajar, aunque sea sólo temporal y mínimamente, la presión del sistema financiero.
Adelanto en el pago de Sociedades
En segundo lugar, el Ejecutivo ha reformado el Impuesto de Sociedades. La idea es que las empresas de mayor dimensión (con una facturación superior a los 20 millones de euros al año) incrementen los pagos a cuenta de este impuesto y así aumentar la recaudación fiscal prevista inicialmente. Se trata, igualmente, de una medida temporal que se aplicará durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013.
Actualmente, las empresas tienen la obligación de realizar tres pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades durante el ejercicio fiscal y lo hacen en los meses de abril, octubre y diciembre de cada año. Se trata de pagos a cuenta, que se compensan una vez que se liquida el impuesto (esto se hace entre el 1 y el 25 de julio de cada año para las empresas cuyo ejercicio fiscal es el año natural).
Las empresas tienen dos formas de realizar estos pagos fraccionados: aplicando un porcentaje del 18% sobre la cuota íntegra del último Impuesto de Sociedades declarado o en base a los resultados que están teniendo durante el ejercicio. En este último caso, el porcentaje a pagar es de cinco séptimos del tipo impositivo correspondiente, por lo que con un tipo de tributación del 30%, el porcentaje a aplicar sería del 21%.
Las pequeñas empresas pueden optar por cualquiera de los dos métodos, pero las grandes empresas sólo pueden recurrir a la segunda opción. El Gobierno pretende ahora aumentar la recaudación elevando el actual porcentaje sobre el cual se calculan los pagos a cuenta (21%). En concreto, Salgado ha detallado que a las empresas con una cifra de negocio de entre 20 y 60 millones se les aplicará un tipo de gravamen del 24%, mientras que para las que facturen más de esa cantidad será del 27%.
De esta forma, Hacienda obtendría más dinero por anticipado de las empresas de mayor dimensión. El adelanto afectará a alrededor de 3.900 compañías que facturan más de 20 millones de euros anuales, lo que supone menos del 0,5% del tejido empresarial español.
El mayor efecto recaudatorio de esta medida tendrá lugar el presente ejercicio. Según ha explicado la ministra, el adelanto del pago permitirá recaudar unos 2.500 millones de euros más en 2011. Sin embargo, en 2012 y 2013, el Gobierno prevé un efecto neutro e incluso positivo, ya que puede haber un pequeño efecto de arrastre, gracias al aumento de beneficios. Por ello, en 2012 esta medida "no dificultará el cumplimiento de déficit, sino que más bien lo favorecerá".
Eliminación "temporal" de deducciones
Salgado ha insistido en que en ningún caso se trata de una subida de impuestos para las empresas. Sin embargo, además de adelantar los pagos, el Gobierno ha eliminado ciertas deducciones empresariales hasta 2013, lo cual se traduce en una subida fiscal, con la promesa de que serán compensadas en el futuro.
En concreto, Economía establece "límites con carácter temporal a la compensación de bases imponibles negativas procedentes de ejercicios anteriores". Hasta ahora, las grandes empresas se podían beneficiar de una compensación de hasta el 100%.
Sin embargo, hasta 2013 las grandes empresas que facturen entre 20 y 60 millones solo podrán aplicar una deducción del 75% de las bases imponibles negativas, porcentaje que se verá reducido al50% cuando se trate de sociedades cuya cifra de negocios sea superior a 60 millones de euros.
De este modo, las grandes empresas tendrán que pagar no sólo antes sino también más impuestos hasta 2013. A cambio, el Gobierno amplía de 15 a 18 años el plazo máximo por el cual las empresas se pueden deducir el 100% de las bases negativas procedentes de ejercicios anteriores. Es decir, tendrán que pagar más hasta 2013 a cambio de poder beneficiarse de dicha deducción durante tres años adicionales.
"Esta medida beneficiará por igual a todo tipo de entidades, incluidas las Empresas de Reducida Dimensión, aunque no se vean afectadas por las limitaciones a la compensación aplicables en 2011, 2012 y 2013 a las muy grandes empresas", indica el Gobierno.
Por último, también reduce la deducción del fondo de comercio financiero. Las empresas tan sólo podrán aplicar una deducción del 1% anual hasta 2013 por este concepto (inversiones en el exterior) frente al 5% vigente en la actualidad. Por tanto, "se trata también de una periodificación de impuestos, ya que los importes no deducidos en dichos ejercicios serán deducibles en los ejercicios posteriores", explica el Gobierno.
Con estas tres medidas que afectan al Impuesto de Sociedades, el Gobierno pretende recaudar un total de 3.300 millones de euros extra hasta 2013: 2.500 millones con el adelanto de pagos en 2011, y unos 400 millones adicionales con la eliminación parcial de deducciones en 2012 y 2013.
De este modo, los cambios en Sociedades implican una hipoteca próxima a los 3.300 millones de euros para las grandes empresas hasta 2013, en plena crisis económica y financiera. Y es que, el mensaje de Moncloa es el siguiente: las grandes compañías tendrán que pagar al Fisco más de 3.000 millones de euros extra estos tres años, bajo la promesa de que serán compensadas en el futuro. Tal y como señala el comunicado del Consejo de Ministros:
Las medidas afectan únicamente a las muy grandes empresas, con veinte o más millones de cifra de negocios [...] por considerarse que tienen mayor capacidad económica para realizar una aportación temporal anticipada que contribuya a las sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.
En ningún caso se trata de incrementos impositivos, sino de cambios en la periodificación de los ingresos tributarios, en concreto en el Impuesto sobre Sociedades, para anticipar la recaudación del tributo y reforzar el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit público hasta el año 2013.
Gasto farmacéutico
La tercera medida del decreto se centra en reducir el gasto farmacéutico para ahorrar, tanto al Estado como a las CCAA, un total de 2.400 millones de euros al año en medicamentos y 177 millones al conjunto de los ciudadanos.
A partir de ahora, los médicos tendrán que recetar los medicamentos por principio activo, no por el nombre de las marcas, y los farmacéuticos deberán dispensar el fármaco de menor precio de una misma categoría.
Blanco también ha anunciado la distribución de ayudas a farmacias pequeñas que se encuentran en ámbitos rurales y zonas deprimidas de España, con pequeños volúmenes de ventas. Estas compensaciones se percibirán con la factura mensual y podrán alcanzar hasta los 10.000 euros al año (833 euros al mes).
Libre Mercado
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Félix Velasco

miércoles, 17 de agosto de 2011

Eliminar diputaciones... y ayuntamientos

Hay que reconocer a Rubalcaba la habilidad con que ha colocado la eliminación de las diputaciones en el centro del debate político. Es cierto que otros países europeos con problemas han comenzado a reformar y reducir su estructura administrativa. Pero cabe preguntarse si la socialista es la única propuesta posible o siquiera la mejor alternativa.
No nos cabe duda de que el PSOE ha optado por promover la supresión de las diputaciones porque, como ha recordado el PP, prácticamente se ha quedado sin ninguna tras las últimas elecciones. Es difícil tomarlo como una propuesta seria cuando el propio Rubalcaba apoyaba una simple reforma y no su eliminación hace poco más de un mes. Pero no es menos cierto que estas instituciones serían las que menos echarían en falta esas "quince millones de personas" que Ana Mato calculaba que se verían afectadas por su supresión. Primero porque no se elige directamente a nuestros representantes en ellas y, en segundo lugar, porque resulta difícil encontrarles competencias que no puedan asumir entre ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, las regiones que cuentan con una sola provincia ya carecen de diputaciones, y nadie parece haberlas echado de menos.
La medida no estaría exenta de problemas. Para empezar, en el País Vasco las diputaciones forales sí que tienen bastante presupuesto y muchas competencias que en el resto de España corresponderían a las comunidades autónomas, y su eliminación sería constitucional y políticamente muy complicada. Otro tanto sucede, aunque en menor medida, con los cabildos y consejos insulares de Canarias y Baleares. Aunque siempre podría establecerse la supervivencia de estas instituciones, eliminando las demás diputaciones.
Por otro lado, siendo la Constitución tan explícita en su artículo 141.2, que regula el Gobierno de las provincias, es posible que su eliminación obligara a una reforma constitucional, de modo que sólo podría llevarse a cabo con el acuerdo de ambos partidos, salvo un descalabro del PSOE sin precedentes. Así que la propuesta de Rubalcaba no deja de ser un brindis al sol, como previsiblemente lo serán todas y cada una de las que haga en campaña.
Sin despreciar esta propuesta, posiblemente necesaria, cabe pensar que no es la única posible, ni siquiera la mejor forma de reducir duplicidades y gastos superfluos en nuestra estructura administrativa. Cuando tenemos 8.112 ayuntamientos, casi los mismos que Alemania con aproximadamente la mitad de su población, de los que el 80% gobiernan municipios de menos de 5.000 habitantes, parece claro que su reducción es un imperativo. Mientras que en España se han creado 32 nuevos consistorios desde el año 96, Gran Bretaña ha pasado de 1.500 a 400, Alemania de 25.000 a 8.4000, Bélgica de 2.359 a 596 y Grecia de 5.300 a poco más de mil.
Italia, que es el país que más recientemente ha presentado una reforma de su estructura administrativa, eliminará las provincias más pequeñas, sí, pero también obligará a fusionar casi 2.000 ayuntamientos de menos de mil habitantes de los 8.094 que hay en el país. De hecho, mientras que el PSOE no ha estimado cuánto se ahorraría por la supresión de las diputaciones, UPyD ya calculó en 16.000 millones de euros al año el gasto público que podría reducirse fusionando ayuntamientos pequeños. Es la diferencia entre una ocurrencia y una propuesta seria.
LD
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Al Gobierno no le salen las cuentas

Permítanme hacer un poco de memoria. Durante el último Debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno nos trajo la buena nueva de que la economía española estaba acelerando su crecimiento durante el segundo semestre del año. Eufórico por ello, Zapatero dio alas a sus dotes de adivino y, ni corto ni perezoso, nos dijo que la economía española concluiría el ejercicio con una tasa de crecimiento algo superior al 1%. Y, ya puestos a realizar vaticinios prodigiosos, nuestro particular Merlín de la economía y la política nos permitió entrever en 2012 un futuro en el que volvería la creación de empleo. Desde luego, no sé quién es el responsable en Moncloa de las previsiones económicas, pero, a la luz de los datos que acaban de publicarse sobre la evolución de la actividad productiva en nuestro país en el periodo abril-junio, habría que despedirle ya mismo porque no ha dado ni una. La economía no va a más, sino a menos, y ya nos podemos ir olvidando de la creación de empleo, si es que alguien, en algún momento, llegó a creérselo.
La cuestión verdaderamente importante, en cambio, no es si Zapatero nos mintió o no cuando avanzó semejantes pronósticos, porque faltar a la verdad ya se ha convertido en él en norma y porque, a fin de cuentas, ya es un presidente, y un político, amortizado. Por lo que de verdad tenemos que preocuparnos ahora es por lo que va a pasar con las cuentas públicas de aquí a fin de año, o de aquí a las elecciones. Los datos de crecimiento económico que acabamos de conocer son peores que el peor de los escenarios barajados por el Gobierno y amenazan con deteriorarse todavía más y devolvernos de lleno a la recesión. Las consecuencias presupuestarias de este comportamiento son obvias: una recaudación tributaria muy por debajo de lo previsto y mayores pagos en prestaciones por desempleo debido a un incremento del paro mayor de lo estimado, todo ello en medio de la grave crisis fiscal que azota a este país. En resumen, que las previsiones de déficit público para este año no se van a cumplir ni de lejos.
Lo que viene a continuación ya se lo pueden imaginar: en cuanto los mercados se percaten de ello, que será más bien pronto que tarde, van a volver a meter más y más presión sobre la deuda española. Vamos, que casi tenemos servida la crisis de deuda para el próximo otoño porque las cosas van peor de lo que se dijo y porque el Gobierno ni hace nada al respecto ni adelanta las elecciones para que puedan venir otros a poner orden en el presupuesto. En resumen, que a ZP no le salen las cuentas: ni las económicas, ni las políticas.
Emilio J. González
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¿Y las autonomías no sobran?

Los políticos se preocupan en primer lugar de su bienestar y el de sus correligionarios y si les queda tiempo (y algo de dinero) hacen como que trabajan para preservar el bien común. Es éste un rasgo transversal en toda la clase política, pero en deslealtad hacia los ciudadanos los socialistas baten todas las plusmarcas. Es algo que se aprecia con perfecta claridad en el debate incipiente sobre la reforma de nuestro organigrama administrativo, en que la clase política ha dejado claro ya que, como mucho, "revisará" su funcionamiento para evitar "duplicidades", pero que de eliminar las fuentes de ingresos de decenas de miles de sus militantes, nada de nada.
Los socialistas son los únicos que se han atrevido a señalar a las diputaciones provinciales como objetivo a suprimir, pero desde luego no lo hacen para evitar a los contribuyentes la pesada carga de financiar a la legión de desocupados que medran en sus estructuras, sino porque habiendo perdido el control político de casi todas ellas, el coste para sus paniaguados es prácticamente insignificante. He ahí la solución al enigma de por qué el candidato socialista, tras siete años en el machito, acaba de descubrir que las diputaciones provinciales son órganos administrativos perfectamente inútiles dado el reparto de competencias existente en nuestro sistema institucional.
Si los políticos fueran sinceros con ellos mismos y leales con los contribuyentes acordarían de inmediato una reforma constitucional para eliminar las 17 comunidades autónomas, el mayor desastre político y económico que ha padecido jamás un país civilizado y causa principal de que nuestro futuro común, aún después de que pase la crisis (si es que alguna vez remite), sea perfectamente inviable.
No lo harán, claro, porque ese es el PER de la clase política española, del que viven, y muy bien por cierto, miles de diputados autonómicos y altos cargos con sus correspondientes asesores, todos ellos nombrados naturalmente a dedo.
Ajenos a la realidad y al sufrimiento de los españoles, los partidos políticos acaban de descubrir que "redefiniendo" el papel de las diputaciones provinciales, los problemas financieros provocados por un derroche administrativo sin parangón van a quedar solucionados.
Pablo Molina
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martes, 16 de agosto de 2011

Villarriba y Villabajo

Lo razonable sería hacer como en Italia y suprimir miles de ayuntamientos que arrastran una gloriosa independencia miserable, de modo que en vez de 8.000 alcaldes con sus 8.000 cortejos de gasto pudieran los vecinos españoles ser administrados por no más de 5.000, que ya son bastantes. Los 64 millones de franceses, por ejemplo, con su peculiar sentido cartesiano, se organizan con apenas 3.900 cantones consistoriales. Y los alemanes, que son 82 millones, proyectan una poda a la mitad de sus 11.000 municipios. Hasta los griegos han hecho un ERE en el Olimpo municipal y los belgas han fusionado la aldea de Asterix adelantándose a Roma. Desde el éxodo que en los años 60 despobló las zonas rurales, centenares de ayuntamientos boquean en una lenta agonía de muros en ruinas, yerbajos y largartijas. Sólo la casa de la abuela, remozada como vivienda de fin de semana y de vacaciones, conserva la lumbre encendida y unos rescoldos de vida en medio de la melancolía. Pero los inviernos son largos y caros. En gran parte de los municipios pequeños todo lo que se recauda en impuestos se va en pagar los sueldos del alcalde, del secretario y de los concejales. Hay casos en que todo el pueblo no vale ni la deuda que tiene con la Seguridad Social. El artificioso Plan-E del Gobierno no fue más que un espejismo de aceras y farolas, migajas en las barbas del hidalgo que come una sola vez al día. Pero ya se sabe que lo sensato casi nunca se abre paso en el páramo administrativo, como lo demuestran esos aeropuertos de un solo vuelo diario a ningua parte, trenes del AVE que transportan 8 pasajeros al día y polideportivos que compiten en tamaño con la Muralla china. El aldeanismo demagógico no es exclusivo de los nacionalistas y con tal de no aparentar menos que el vecino se hipotecan hasta la novena generación. Es la rivalidad tribal de Villarriba contra Villabajo. Ahí siguen, irreductibles y numantinos: antes muertos que mezclados. Será difícil dulcificar ese individualismo de Santo Patrón y Virgen lugareña tan arraigado en el mapa. Ni siquiera el régimen franquista, que no preguntaba ni la hora, logró reordenar lindes de 200 años que el tiempo ya había borrado. Pero esta piel de toro no da más de sí y urge repasar sus costuras antes de que se caiga a girones.
José Antonio Álvarez Gundín
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sábado, 13 de agosto de 2011

Cuando las cigarras devoran a las hormigas

El mercado funciona porque da beneficios a quien lo hace bien, y castiga con pérdidas a quien lo hace mal. Es así como la economía va evolucionando y generando cada vez más prosperidad. Si una empresa es capaz de ofrecer un buen producto que la gente quiera comprar, y a la vez es capaz de mantener controlados sus gastos, el resultado será una alta rentabilidad. Sin embargo, la empresa que no es capaz de ser austera o vive del crédito sin posibilidad de devolverlo, será apartada del mercado. Este mecanismo no sólo sirve para que prosperen las empresas más eficientes, sino también para que todos los agentes económicos empujen en la misma dirección. Para que eviten el despilfarro y la mala gestión, y busquen ofrecer al público buenos bienes y servicios con el menor consumo de recursos posible. En el mercado, la austera hormiga prospera, y la manirrota cigarra quiebra. En este caso todos quieren ser hormigas.
Hasta aquí cualquier lector pensará que esto es obvio, que no es más que sentido común. El problema es que nuestros gobernantes han terminado por montar una Europa que funciona en sentido contrario. Se ha instalado un sistema en el que el manirroto es automáticamente rescatado, y el austero que evita los atajos paga la cuenta. Los países periféricos siguen gastando como si nada pasara, y Alemania rescata con cargo al contribuyente. De esta manera, como decía, no sólo se comete la barbaridad de recircular la riqueza desde los lugares productivos a los improductivos. Además se genera un sistema de incentivos contrario al de una economía sana: se premia el despilfarro, y se desincentiva la buena gestión. En una economía en la que no se penaliza a quien lo hace mal, todos tenderán a hacerlo mal. Así, al ver que siguen teniendo déficit público países que si no fuera por Alemania habrían quebrado, todos se suman al carro. Ni siquiera en plena sobredosis keynesiana, en esta crisis de deuda generada por los políticos, nadie quiere desaprovechar esta oportunidad gratuita de gastar más de lo que pueden devolver.
La guinda al pastel europeo, después del rescate encubierto a España e Italia mediante la compra de bonos por parte del BCE, es la incorporación de Francia a la lista de los países en apuros. Es la confirmación de que toda Europa empuja en dirección al abismo, y que queda poco margen para caer. Cada paso en esa dirección aumenta la bola de deuda e inflación que lastrará la economía del continente durante décadas, y que hace más difícil salir de la crisis. Es como si las cigarras manirrotas hubieran llegado al poder, y estuvieran devorando a las austeras hormigas. Si no se hace el gran ajuste de las cuentas públicas a nivel continental, corremos el riesgo de que las cigarras hagan saltar Europa por los aires. Y cuando no queden hormigas comprobaremos lo duro que es el invierno.
Ignacio Moncada 
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jueves, 11 de agosto de 2011

El mito del colesterol nació de un conejo

Mezclemos un par de estudios totalmente sesgados, algún científico deseoso de protagonismo, una nueva industria alimentaria ávida de beneficios y unos cuantos políticos y, ¿qué obtenemos? El mito del colesterol en marcha.
Podríamos decir que el del colesterol fue un mito sacado cual conejo de la chistera, y no estaremos nada equivocados en tanto el origen del mismo fueron precisamente conejos. Si tuviéramos que señalar con el dedo a un culpable, sin duda éste sería Ancel Keys, máximo e inagotable defensor de la hipótesis de y contra el colesterol y las grasas saturadas. Esto es, el rey de la lipofobia (odio a las grasas). Ancels Keys es a la colesterolfobia lo que Karl Marx es al marxismo. Empezando con la parte política, a mediados del siglo XX en EEUU se hizo meridianamente claro un patrón de mortalidad que parecía haber estado cambiando desde décadas atrás. A la vez que la mortalidad por enfermedades infecciosas se redujo drásticamente, aparecía un nuevo villano en la ciudad: la enfermedad cardiovascular. En 1950, ésta ya era en EEUU la primera causa de mortalidad, lo cual es doblemente notable si consideramos por ejemplo que en 1900 el infarto de miocardio era algo extraño. Sin duda, algo había que hacer, y para ello estaban ahí los políticos dispuestos a hacerlo. Pero, ¿hacer qué?
Si miramos a la industria alimentaria, para mediados de siglo una de las industrias alimentarias más emergentes era la de la margarina y los aceites vegetales. En pocas décadas se había cuadruplicado su consumo. Y aunque para cualquiera esto convertiría a estos alimentos en sospechosos, el poder de esta industria sería capaz de dar la vuelta a la película. Entre los disidentes de la religión lipofóbica, el doctor Dudley White era aplastantemente lógico cuando replicaba a la banda de Keys: "Comencé mi práctica como cardiólogo en 1921 y nunca vi un infarto de miocardio hasta 1928. Volviendo a los días sin infarto anteriores a 1920, las grasas más consumidas eran mantequilla y manteca y creo que todos nos beneficiaríamos de la dieta de esos días cuando no existía aún aceite de maíz". Para acallar a científicos como White, haría falta el inestimable apoyo de la ciencia sesgada. Y aquí viene el conejo.
Aunque la creencia en la hipótesis del colesterol venía de unos años atrás, todo indica que una de las mayores revelaciones para Keys en favor de sus ideas preestablecidas tuvo lugar a mediados de los años 50. Un joven científico ruso llamado David Kritchevsky publicó en 1954 un estudio sobre los efectos de alimentar con colesterol puro a conejos. La consecuencia más clara es que los conejos desarrollaron rápidamente placas arteriales o ateromas. La estructura de sus arterias se modificó y el colesterol empezó a acumularse incluso en sus órganos. Es decir, se les indujo entre otras cosas arterioesclerosis. Justo ese mismo año, Kritchevsky publicó otro estudio sobre el poder de las grasas (poliinsaturadas) típicas de los aceites vegetales como girasol, maíz y soja para reducir el colesterol. Keys, obviamente, no pudo menos que entusiasmarse con el estudio de Kritchevsky, en el que vio un auténtico espaldarazo a su teoría. ¿Cómo no iba a ser malo el colesterol si administrándoselo a conejos éstos desarrollaban inequívocamente una profunda arterioesclerosis? Como he señalado en otras ocasiones, si la ciencia suele estar plagada de prejuicios y perjudiciales ideologías, probablemente la ciencia de la nutrición se lleva la palma. Cualquier persona común estaría de acuerdo con Keys a la hora de ver el estudio de los conejos. Pero que un científico pueda ver en ese estudio una demostración de la teoría de las grasas es para echarse a llorar, o a temblar. ¿Por qué? ¡Porque los conejos son vegetarianos! Kritchevsky no podría haber obtenido iguales resultados por ejemplo con ratas, y sin embargo eligió conejos. Un modelo animal poco extrapolable a la fisiología humana.
La locomotora anticolesterol estaba en marcha, y parecía imparable. El estudio de los conejos simplemente marcaría el comienzo de una lista de estudios sesgados, conclusiones precipitadas y una lucha encarnizada por ajustar la ciencia a las presunciones de Keys, Stamler, Dawber y toda la banda lipofóbica. En el fondo de sus corazones libres de grasa, creían estar salvando al mundo, aunque fuera con cianuro. Quizás fueran unos caraduras, quizás unos iluminados, y sin embargo es fascinante a la par que dramático el poder de seducción que han ejercido sobre la medicina. Por ejemplo, el libro y manual Nociones de salud pública de Juan Martínez Hernández publicado en 2003 llamaba a Keys y Dawber "gigantes de la inteligencia humana". Con tales benefactores, quién necesita verdugos.
Todo esto me recuerda a una anécdota del doctor Michael Eades cuando aprendía a pilotar. Cuando estaba tomando lecciones de vuelo, la torre de control le dio vía libre en un momento determinado para cruzar una pista. Así que Michael preparó el motor para hacerlo. Justo en ese momento, su instructor de vuelo pisó rápidamente el freno y le preguntó qué estaba haciendo. "La torre me dijo que podía proceder en la pista 15 L". A lo cual el instructor le respondió: "Sí, pero no has mirado el tráfico que había en la pista que cruza a ésta, la 15 R, antes de proceder. Esto es lo que tienes que aprender. Si el piloto comete un error, muere él. Si la torre comete un error, el que muere es el piloto. Compruébalo siempre tú mismo."
Estas mismas palabras son aplicables a la dieta. No dejes que otros te digan lo que tienes que hacer. No apuestes a lo que digan los políticos, los gurús de turno o la industria alimentaria. Se trata de tu vida.
Adolfo D. Lozano
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Cambio de horizonte


Horizonte
El siglo XX vivió cambios acelerados en la vida de las personas. Por hablar de España, mis padres se enfrentaron al hundimiento de un mundo todavía liberal y algo democrático y luego a una guerra civil, una dictadura de 40 años y un gigantesco cambio tecnológico, moral y de costumbres a partir de los años 60. Supieron adaptarse, recrear su propia vida, alumbrar fuentes de riqueza y criar a sus hijos. También se quejaban menos de lo que nos solemos quejar nosotros. No se quejaban nunca, más exactamente. Era de mala educación.Los que hemos venido después hemos visto otros cambios… de lejos. La caída del Muro de Berlín y la salida de millones de personas de la pesadilla del socialismo fue para nosotros un espectáculo, aunque a veces vivido con dramatismo, como lo ha sido la ola integrista en el islam. Parecía que nada de todo eso nos iba a afectar de verdad. Esperábamos, o eso parecía, que los demás se fueran sumando a nuestra forma de vida, como los países se iban sumando a una Unión Europea que acabaría abarcando el mundo entero, con su bienestar garantizado para toda la vida, la perpetua delegación de responsabilidades en el Estado, la secularización, la cada vez más tenue densidad de la vida comunitaria, de la familia, de las naciones, de la sociedad.No ha sido así. Mientras hubo dinero todo se sostenía, más o menos, pero la crisis que empezó como una crisis financiera en el 2007-2008 se ha convertido ya en un cambio muy profundo, y no sólo en nuestras ideas, sino también en lo que Ortega llamaba nuestras creencias, lo que damos por seguro, por hecho. Estos cambios no se han trasladado todavía a los comportamientos, pero estamos en una mutación que nos exigirá volver a pensar el Estado y su capacidad de intervención. Habremos de pensar nuestras relaciones con los demás, nuestra propia vida, que ya no tiene por delante el perpetuo horizonte de bienestar y progreso que antes dábamos por supuesto. De pronto las cosas, nuestra realidad, nuestra vida depende de nosotros mismos.Los políticos, que gestionan el presente, no parece que se hayan dado cuenta todavía de la auténtica naturaleza de lo que está ocurriendo y no tienen nada que decir. 
José María Marco
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martes, 9 de agosto de 2011

Insolventes

Mientras las autoridades intentan arreglar los problemas financieros que ellas mismas crean, otro francés perpetra un panfleto contra la libertad, aunque desde una perspectiva diferente a la de «Indignaos». De entrada, «¡Insolventes!» no está firmado. Su autor dice que es un sexagenario que vive «exiliado» en Vietnam pero que tenía en Francia una vida normal, «condicionada por todas las tentaciones del consumismo salvaje, intrusivo, imperativo». El culpable es el «sistema… le interesa hacernos consumir de todo y cualquier cosa». Es la vieja línea de que no se nos puede dejar solos, ergo, debemos ser menos libres. Esta conclusión no es abiertamente defendida nunca, pero no cabe otra. Aquí hay un componente adicional de cara dura. Nos dice el autor que llegó a la insolvencia «gastando, sin darme cuenta, un poco más de lo que mi trabajo me reportaba cada mes». ¡Sin darse cuenta! ¿Cómo se puede hacer eso sin darse cuenta? Todos los topicazos que repite sobre el pérfido capitalismo (del socialismo no dice nada, claro) empalidecen frente a su historia personal, que relata como si fuera regla universal: «no sabía lo que hacía ni lo que debía hacer». Termina «arruinado por los bancos», como si él no hubiese hecho nada. Y entonces «decidí romper la trampa del consumismo». ¿Cómo lo hizo? Fácil: decidió «no pagar más». Y se fue a las antípodas a escribir anónimos. Eso sí, a los demás nos conmina: «tomemos conciencia».
Carlos Rodríguez Braun
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Campus estéril

Sorprende que entre las reivindicaciones de los «indignados» no haya una sola alusión, siquiera de pasada, a la Universidad, estando como están muchos de ellos en plenos estudios superiores. Es más, se diría que están satisfechos con el sistema académico, con la gestión de los rectores y con el profesorado, lo cual resulta asombroso si se tiene en cuenta que ninguna universidad española figura entre las 150 primeras del mundo por su calidad y prestigio. De la duodécima potencia mundial cabía esperar que su enseñanza universitaria no desmereciera del ranking, pero la realidad es que se disputa los puestos del pelotón con países del Tercer Mundo. De hecho, la Universidad pública española es una fábrica de frustración a pleno rendimiento y un título suyo no tiene más utilidad para encontrar trabajo que un diploma de la asociación de vecinos. Y lo peor es que aún no ha tocado fondo. Hace algunas semanas, un centenar largo de catedráticos difundió un manifiesto contra la reforma del personal docente que proyecta el Gobierno, con denuncias tan vigorosas que dejan pasmado al más escéptico. Según los firmantes, en su mayoría de centroizquierda, la Universidad se dirige a toda máquina hacia la perfecta burocratización, sindicalización y endogamia, donde se puntúa más el papeleo de despacho y la militancia sindical que la investigación, las publicaciones o el currículum en el extranjero. Se alimenta así una casta parasitaria cuyo objetivo es controlar los resortes del claustro para fines ideológicos. Eso es lo que explica por qué el campus se ha convertido en el patio de recreo de los grupúsculos radicales, una minoría que impone sus reglas y decide quién puede pronunciar una conferencia y quién no, a quién se le abre el aula magna y a quién se le cierra. Es muy loable que los «indignados» quieran cambiar el mundo, pero ¿qué tal si empiezan por su raídos pupitres? La Universidad no puede convertirse en refugio de mediocres ni fonda de fracasados, sino en el principal motor intelectual, científico y de renovación social, donde se prime el mérito y el esfuerzo, donde no se malverse el dinero público impunemente y se impida su utilización política, que por depender de las autonomías suele ser cateta y de vuelo gallináceo. Si el título universitario no recupera su utilidad laboral y su prestigio, sobra tanta universidad inútil y estéril.
José Antonio Álvarez Gundín
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lunes, 8 de agosto de 2011

¿Cómo crean dinero los bancos?

Una de las críticas más habituales contra el sistema bancario es que crean "dinero de la nada". La expresión puede ser pegadiza por su simplicidad, pero es incorrecta. Y lo es por dos motivos: el primero, que los bancos no crean dinero, sino medios de pago alternativos al dinero; el segundo, que no lo crean de la nada. Con ello no quiero negar, ni mucho menos, que en ciertos contextos la actividad bancaria sea profundamente distorsionadora, pero para poder criticar con fundamento a la banca, antes es imprescindible saber de verdad cómo funciona.
Que los bancos no crean dinero debería ser algo evidente desde el momento en que pueden quebrar: si el banco generara dinero, en cuanto estuviera en dificultades no tendría más que pintarlo. ¿Para qué ampliar capital y salir a bolsa si pueden manufacturarlo por sí mismos? No, repito: los bancos no crean dinero, crean promesas por las que ellos mismos se obligan a entregar dinero, es decir, crean deudas propias (y eso es algo muy distinto al dinero, pues la manera por excelencia de extinguir las deudas es pagando con dinero). Un depósito a la vista o un billete al portador –los dos pasivos por excelencia de la banca comercial– son justamente eso: una promesa del banco, exigible por su acreedor en cualquier momento, de entregar dinero a su acreedor.
Pero que los bancos no creen dinero no significa que sus promesas de pago no sean utilizadas como medios de pago o incluso como depósitos de valor, dos de las funciones básicas del dinero (aunque, fijémonos, que no serán empleadas como unidades de cuenta, pues precisamente las deudas de los bancos se contabilizarán en dinero). Son, como decíamos, medios de pago alternativos o, como les gusta denominarlas a muchos economistas, sustitutos del dinero.
¿Y por qué la gente las utiliza como sustitutos del dinero? Pues básicamente porque son más cómodas y baratas de emplear que el dinero propiamente dicho. Y lo son no tanto por ese cuasi chascarrillo popular de que es más fácil llevar en el bolsillo un talonario o un fajo de billetes que varios kilos o toneladas de oro, sino sobre todo porque gracias a los bancos el dinero puede cambiar rápidamente de manos sin necesidad de desplazarlo físicamente.
Imagine que tengo 100 onzas de oro depositadas en el banco BUEN DINERO y que utilizo 75 en comprarme un automóvil. Si el dueño del concesionario tiene abierta una cuenta corriente en BUEN DINERO, podré pagarle el coche sin mover mi oro ni un solo milímetro; nuestro banco sólo tendrá que efectuar un sencillo apunte contable: si bien hasta el momento me debía a mí 100 onzas, a partir de ahora me deberá 25 a mí y 75 al dueño del concesionario. El oro, sin moverse, ha cambiado de titularidad.
Suponga ahora, en cambio, que el dueño del concesionario no es cliente del banco BUEN DINERO, sino del banco COBRE PRONTO. En tal caso, una vez le haya pagado (en billetes o con un cheque) al dueño del concesionario, COBRE PRONTO le reclamará a BUEN DINERO 75 onzas de oro... a menos que COBRE PRONTO también le adeude oro a BUEN DINERO (por ejemplo, porque un cliente de aquél le haya comprado alguna mercancía a otro cliente de éste). Si le debiera, verbigracia, 77 onzas de oro, los saldos acreedores de uno y otro se cancelarían con la simple entrega de dos onzas de oro de COBRE PRONTO a BUEN DINERO. Imagine: gracias a la compensación de las deudas entre los bancos (lo que se conoce como cámara de compensación interbancaria), hemos realizado transacciones por importe de 152 onzas simplemente movilizando dos de ellas. ¿Empieza a entender por qué son tan útiles los bancos?
Pero la historia no termina aquí. Para entender la otra función fundamental de la banca debemos comprender por qué es falso que generen medios de pago "de la nada". Seguramente piense que la forma más habitual por la que la banca crea promesas de pago es a cambio de dinero (en nuestro ejemplo, el oro), pero no es así. Piense en la banca como un negocio que vende sus deudas a cambio de otras cosas. Una posibilidad, sin duda, es que las venda a cambio de oro, mas no tiene por qué ser la única. El banco también puede vender sus promesas de pago a cambio de las promesas de pago de sus clientes (o, mejor dicho, el banco compra las deudas de sus clientes pagando con sus propias deudas). Por ejemplo, yo puedo comprometerme a entregarle dentro de un mes 1.005 onzas de oro al banco BUEN DINERO si él me entrega hoy promesas de pago de 1.000 onzas (lo que equivale a un préstamo de 1.000 onzas a un tipo de interés mensual del 0,5%): aunque hoy no dispongo de las 1.005 onzas de oro, el banco me permite utilizar desde ya 1.000 de ellas.
Pero esto no supone crear medios de pago de la nada: más bien se crea medios de pago a cambio de nuestra promesa de que en un mes le pagaremos al banco 1.000 onzas de oro. ¿Cree usted que una deuda con el banco no es "nada"? Si tiene una hipoteca, dudo que mantenga por mucho tiempo esa opinión: el derecho a recibir dinero es un activo tremendamente valioso (sobre todo si se termina pagando).
En definitiva, la banca se dedica a convertir en medios de pago (a monetizar) todo un amplio elenco de bienes presentes y bienes futuros: las deudas que monetiza no son más que el compromiso a entregarle en el futuro al banco un dinero que obtendremos de la venta de bienes que ya existen o que existirán. El banco monetizará, pues, no sólo el oro que depositamos en sus reservas, sino cualquier cosa que hoy tenga valor y que el banco crea ventajoso comprar a cambio de sus deudas (de sus promesas de pago). En contra de lo que suele pensarse, el banco no necesita captar depósitos para prestar; al contrario, suele crear nuevos depósitos (nuevas promesas de pago) cuando presta. Para el público, esto tiene ventajas muy grandes: la gente que carezca de dinero, pero que disponga o vaya a disponer de bienes con valor monetario, podrá acudir al banco para vestir como medios de pago esas propiedades a cambio de un módico precio (justamente, el pago del intereses).
¿Significa lo anterior que los bancos pueden monetizar sin consecuencias cualquier cantidad de bienes presentes o futuros? No. Tengamos en cuenta que el banco siempre que crea nuevos medios de pago se está endeudando: su manera de monetizar bienes presentes o futuros es comprándolos mediante la emisión de nuevas deudas propias. Al fin y al cabo, los billetes de banco o los depósitos que crea para comprar los bienes presentes o futuro son compromisos suyos a entregar oro... y a entregarlo a la vista: cualquier acreedor del banco puede exigirle en cualquier momento que le proporcione unas cantidades de oro que, obviamente, el banco no tiene en reserva y que tendría que conseguir liquidando los bienes presentes o futuros que ha monetizado previamente.
Por consiguiente, el banco debería ser extremadamente prudente a la hora de monetizar bienes distintos del oro: si esos bienes ya existen (bienes presentes), lo ha de ser porque su precio en términos de oro puede fluctuar enormemente en el momento de la liquidación, de modo que el banco recuperaría con la ejecución del bien presente menos oro del que ha adelantado con sus promesas de pago; y si esos bienes todavía no existen (bienes futuros), porque estaría incrementando la cantidad de medios de pago sin que lo haya hecho la de bienes disponibles para ser adquiridos (generando con ello inflación), de modo que, en caso de necesidad, no podría vender hoy los bienes futuros para convertirlos en oro y pagar sus deudas.
Por ejemplo, si el banco adelanta al dueño de un concesionario 1.995 onzas de oro a cambio de que en tres meses le devuelva 2.000 onzas después de haber enajenado todos los coches que tiene a la venta, lo que está monetizando el banco es el valor monetario de los vehículos. ¿Qué sucederá si en tres meses el dueño del concesionario sólo ha podido liquidarlos por 1.500 onzas? Pues que el banco tendrá un agujero de 500 onzas que tratará de rellenar liquidando otros bienes presentes del dueño del concesionario (si es que prestó una garantía personal), y si éste carece de bienes presentes, deberá atacar sus bienes futuros según vayan creándose (pero, mientras tanto, se quedará corto de oro, con el consiguiente riesgo de suspender pagos).
La enorme flexibilidad de los medios de pago de la banca ha llevado a diversos economistas a proponer que el banco sólo pueda vender sus deudas a la vista para comprar dinero (coeficiente de caja del 100%). La cautela es comprensible pero innecesariamente rígida. A la postre, los acreedores del banco pueden cobrar de dos maneras: o recibiendo oro o recibiendo aquellos bienes que comprarían inmediatamente si dispusieran de oro. El banco puede, por tanto, mantenerse razonablemente líquido y funcionar sin problemas siempre que se limite a monetizar oro y aquellos bienes de consumo sobre los que no quepa ninguna duda que van a ser adquiridos a muy corto plazo por los consumidores y al precio por el que se han monetizado (esto es, que se van a transformar a corto plazo y con seguridad en oro o sean susceptibles de saldar la deuda de los bancos entregándoselos a sus acreedores directos o indirectos). O dicho de otra manera, un banco que siguiera estas directrices podría hacer frente a todas sus deudas aun cuando no tuviese suficiente oro en sus reservas y todos sus acreedores fueran a la vez a reclamárselo.
Más allá de eso, la monetización de bienes presentes con escasa demanda o de bienes futuros traerá consecuencias inflacionistas, tenderá a generar ciclos económicos y pondrá en jaque la liquidez y la solvencia de los bancos: estos se endeudarán a corto plazo (emitirán billetes o depósitos) para invertir a largo (sólo recuperan el oro merced a la venta de una mercancía futura que todavía no existe). La concesión de préstamos contra bienes futuros no debería hacerse mediante la creación de deudas a la vista por parte de la banca, sino mediante ahorro y préstamos a la banca (renuncia por parte de un tercero a los bienes presentes que el deudor de la banca quiere adquirir hasta que fabrique los bienes futuros con cuya venta se amortizará el préstamo). Uno de los casos más extremos y devastadores de comportamiento imprudente de la banca es la concesión de hipotecas mediante la creación de depósitos a la vista: en esos supuestos, lo que se monetiza no es la vivienda, sino los sueldos del hipotecado durante los próximos 20, 30 ó 40 años (las mercancías que irá produciendo y vendiendo durante esas décadas). La casa es sólo un bien presente que actúa como garantía adicional y cuyo precio de ejecución fluctúa enormemente.
Tal vez ahora entienda por qué a lo largo del s. XX se ha ido privilegiando a la banca permitiéndole que no pague sus deudas (que no las pague en oro, sino en un "dinero especial" que crea a discreción el Estado) y proporcionándole un acceso privilegiado a una banca central dispuesta a refinanciarla siempre que se encuentre al borde de la suspensión de pagos. Pero todo esto lo explicaremos en otros artículos.
Juan Ramón Rallo
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Félix Velasco

domingo, 7 de agosto de 2011

La calle no es de los indignados

La calle es un espacio público. Como tal, tiene tantos usos potenciales como queramos darle sus dueños últimos, los ciudadanos. El primero y esencial, aquel para el que se inventaron calles y plazas, es el de poder circular por ellas para desplazarnos. Pero evidentemente no es el único, y algunos de ellos entran en colisión con otros. No podemos circular si en la calle hay una manifestación o un mercadillo. De ahí que sean los poderes públicos, a los que elegimos democráticamente, quienes regulen qué usos pueden darse en nuestras calles y cuándo.
Esa es la principal razón por la que el derecho de manifestación está regulado, debiendo recibir autorización de la delegación del Gobierno. También el comercio lo está; los kioscos, por ejemplo, pagan una licencia para poder operar. El código de circulación es la forma en que se regula que los coches puedan desplazarse de forma ordenada y con los menores problemas posibles. Puede haber mejores arreglos, pero si alguna razón de ser tiene el Estado es el de mediar entre los distintos derechos de los ciudadanos cuando estos chocan entre sí. Y como la calle no es propiedad de nadie en particular, su regulación corre a cargo del Estado.
De ahí que no tenga sentido la reclamación por parte del movimiento 15M de una parte del espacio público en la Puerta del Sol para su exclusivo uso y disfrute. Da lo mismo cuál ha sido la causa del desalojo, pero la única crítica que cabe hacerle es que ha llegado demasiado tarde. ¿Qué excusa había para amenazar a Alcaraz con una multa cuando la concentración de las víctimas en noviembre se excedió de los límites previstos de la plaza de Colón, si resulta que basta con usar otros eslóganes para que te permitan hasta plantar tiendas en el corazón de la capital de España? ¿Con qué cara va el Ayuntamiento de Madrid a cobrar las licencias a los bares que ponen una terraza en la calle después de la barra libre que ha disfrutado la acampada de Sol?
La calle no pertenece a la extrema izquierda, por más que se proclame a sí misma como "el pueblo" y asegure que los políticos a los que sí han votado los ciudadanos no los representan. La máscara de ser un "movimiento pacífico" no puede ocultar que desde el 16 de mayo en adelante no ha hecho otra cosa que violar la ley de forma constante. Y la violación de la ley debe perseguirse, ya sea con detenciones y juicios o con cargas policiales.
Afirma Jáuregui que "no es lógico que la ciudad esté invadida de tiendas de campaña, porque se viola el derecho de otros ciudadanos" y Rubalcaba que "200 personas no pueden poner patas arriba una ciudad". Ambos tienen razón. Pero la tienen desde hace dos meses y medio, durante los cuales dejaron hacer a un movimiento al que esperan atraer. Así que no intenten hacer pasar al PSOE como un garante de la ley y el orden. Como reconocía su idolatrado fundador Pablo Iglesias, la legalidad sólo la enarbolan cuando les permite adquirir lo que necesitan. No han cambiado tanto en cien años.
LD
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Ediles del PSC y CiU se han subido el sueldo después de las elecciones

Los casos que menciona La Gaceta son los referidos a la alcaldesa de Calaf, municipio de menos de 4.000 habitantes, que ha incrementado sus ingresos y los de su equipo en un 30%, pese a que todos ellos tienen otras ocupaciones profesionales.
Por su parte, el alcalde de Calonge, Jordi Soler, cobrará 62.000 euros brutos anuales tras aumentarse un 35% los honorarios. El Ayuntamiento de Port de la Selva ha aumentado, por su parte, un 29,6% los gastos en sueldos de los altos cargos electos.
Otro caso es el de Port de la Selva, cuyo consistorio ha aumentado un 29,6% los gastos en sueldos de altos cargos. Su alcalde, Josep María Cervera, pasará a cobrar 2.700 euros pese a que también tiene otras ocupaciones profesionales.
En Cassà se aprobó un aumento del sueldo bruto de su alcalde de CiU, Enric Bagué, de más de un 15% respecto al anterior regidor. Percibirá 54.000 euros anuales alegando dedicación exclusiva. No obstante, el alcalde dio marcha atrás ante la avalancha de críticas recibidas.
El caso de Vallromanes: CiU gobierna tras pactar con la lista más votada, Independientes de Vallromanes. La alcaldesa Mariluz Muñoz puede percibir 28.000 euros, lo que ha comportado una ampliación de los presupuestos del municipio.
Otro caso es el de Mollet, que aprobó un aumento de sueldo del 32% -lo que lo deja en 78.000 euros- para su alcalde Josep Monràs, que cobraba 83.500 euros de la Diputación de deportes. La Diputación está en manos de CiU y PP, pero Monràs podrá mantener sus ingresos provenientes de allí intactos. Monràs fue perseguido por centenares de ciudadanos tras aprobarse este aumento.
El alcalde socialista de La Canonja, dice La Gaceta, es igualmente notorio. El aumento de sueldo es de 35.000 euros y alcanza los 60.000 anuales. La Canonja se constituyó como municipio independiente en abril de 2010.
En Montcada i Reixac, Albert Barenys, coordinador general del ayuntamiento del PSC, ha visto aumentar su sueldo en 23.000 euros, sólo nueve días después de acceder al cargo. Ahora percibirá 65.000 euros por su cargo de confianza.
LDE
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Del 15M al 15M, historia de una desilusión colectiva

Cuando el pasado 15 de mayo decenas de miles de jóvenes y no tan jóvenes 'tomaron' Madrid bajo un grito colectivo de indignación, parecía que realmente algo estaba empezando a cambiar en una sociedad hasta ese momento excesivamente resignada y adormecida por la anestesia de un sistema político encapsulado que acota a la clase dirigente para evitar el contacto con el pueblo soberano. Luego vino lo de Sol, y aquello se convirtió en un síntoma de reacción ante los abusos del poder y las injusticias de un sistema que se ceba sobre los ciudadanos a los que dice servir. Pero tras las elecciones del 22 de mayo las cosas empezaron a cambiar, y lo que en un principio había sido un movimiento heterogéneo, transversal, apolítico y de una aparente fuerte raigambre en la pluralidad social, poco a poco fue cayendo en manos de los 'expertos' en manejar este tipo de situaciones: anarquistas, antisistema, radicales de toda condición.
Las manifestaciones del 19-J que confluyeron en el centro de Madrid quisieron retomar la esencia del movimiento, a pesar de la escenografía típica de izquierdas, pero ha pasado el tiempo y se puede decir que queda bastante poco de 'acampadasol' y el Movimiento 15M, aunque las razones que lo motivaron y buena parte de sus exigencias siguen vivas y continúan siendo necesarias, y de hecho una buena parte de la sociedad española simpatiza con el trasfondo del movimiento, razón por la que es incomprensible que éste se haya desviado de su impulso inicial hasta el extremo de empezar a convertirse en un factor de distorsión para la ciudadanía, en lugar de ser un elemento de cohesión. Si hace un par de meses una gran mayoría de la sociedad veía con agrado la protesta de estos jóvenes 'indignados', hoy esa misma gran mayoría les ve como un grupo de inconsecuentes inmaduros que solo buscan diversión.
Esa sensación y la deriva radical de algunas de sus exigencias hacen que hoy el 15M se vea con recelo. Es más, cunde la sensación de quesus últimas acciones en Madrid tienen más que ver con una forma de boicot a la visita del Papa que con una auténtica reacción social ante la crisis político-económica que vive este país. ¿Es que para propiciar cambios en nuestro sistema, como desde un principio propusieron los indignados, hay que llevarse por delante la Jornada Mundial de la Juventud? ¿O es que el verdadero problema radica en que el Movimiento no quiere verse comparado con el poder de atracción de la JMJ? Si es así, se trata de un error de estrategia completamente absurdo. Lo que debería intentar el Movimiento es hacerse también eco de muchas de las demandas que esa inmensa cantidad de jóvenes que se va a dar cita en Madrid tiene y que coinciden con muchas de las del propio 15M.
15-M, un fallo de estrategia. Esta es la crisis de una generación perdida, de una generación a la que sus mayores les ha robado su futuro, y en esa reflexión no hay ideología ni religión que valga: es un hecho incontestable, y necesita respuestas desde muchas perspectivas, desde muchas visiones distintas pero confluyentes en un mismo fin.
Si el 15M quiere mantener vivo el sentido heterogéneo y transversal que le vio nacer, debe aceptar en su seno toda clase de identidades y admitir diferentes puntos de vista sobre los mismos problemas, o de lo contrario acabará convirtiéndose en aquello que sus enemigos siempre dijeron que era: un movimiento capitalizado por la izquierda, al servicio del poder. Sería una pena que el 15M se quedara finalmente en una serie de tentativas de ocupar plazas provocando enfrentamientos inútiles con la policía, cuando podría haberse convertido en un referente de reacción social. Lo cierto es que sus impulsores no han sabido dirigir los pasos del Movimiento, y éste hoy ha caído en una decadente estrategia de tensión que solo consigue generar más rechazos que adhesiones. A tiempo de corregir ese rumbo están, y de provocar un debate serio y sereno sobre los cambios que requiere este país, también, pero ojalá no echen por la borda tanto esfuerzo colectivo por alcanzar aquellos fines tan nobles y que conciliaron a tanta gente: una democracia mejor y una sociedad más justa.
Federico Quevedo
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