sábado, 28 de enero de 2012

Las dos clases sociales

Gran acierto el de Carlos Marx al considerar que las sociedades funcionan como si se entablara una lucha de intereses entre dos clases sociales, burgueses y proletarios. Solo que esto podía servir para los países industriales del siglo XIX. Ahora esas dos clases no existen. En su lugar se alzan otras dicotomías. La más útil para entender la sociedad española actual es la que sigue. Parto de la población ocupada y sus familias: (A) Los pecheros o contribuyentes. No porque los demás no paguen impuestos, sino porque esa clase A se distingue porque es la que acumula más carga fiscal, siempre en términos relativos a los ingresos. (B) los subvencionados. No porque otros carezcan de sunvenciones públicas, sino porque en ese grupo B destaca mucho la suma de ingresos que provinen del erario. En los pecheros estaríamos casi todos los que tenemos ingresos modestos o medios. En los subvencionados estarían los que su posición se asienta sobre el dinero que reciben del erario (políticos, liberados sindicales o patronales, empresarios subvencionados, corruptos, personas acaudaladas que logran pagar pocos impuestos de manera legal o ilegal). Naturalmente, los del grupo A quieren que los impuestos bajen. Los del grupo B quieren que suban, que se amplíe el llamado "Estado de bienestar", porque lo es sobre todo para ellos. Nótese que los pecheros tienen que mantener también a los no ocupados, bien a través de la familia o los impuestos. Los no ocupados son un grupo creciente de la población. Vale. 
Amando de Miguel
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Félix Velasco

Glorioso ZP

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¡Y encima se marcha sin ser juzgado, cobrando jugosas pensiones,... por su desastrosa administración,... y le dan una medalla!
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Félix Velasco

Tres argumentos

Primero, el aumento del paro no es sólo culpa del freno y marcha atrás en la recuperación, que también, sino del intervencionismo en el llamado mercado laboral; mal llamado porque un 47,3 % de paro juvenil indica que no estamos ante un mercado. Los catastróficos resultados de este pseudomercado no responden a decisiones y contratos voluntarios de los ciudadanos. Los políticos, sindicalistas y grupos de presión no podrán «luchar» contra el paro si no reconocen que son sus principales responsables. Segundo, la reforma laboral ha sido siempre imperativa y lo es ahora más que nunca. La estadística de la EPA puede cargar de razón a las autoridades para hacerla. Sospecho que volverán a hacer un pasteleo, porque padecen el habitual miedo a la libertad, pero el optimismo me lleva a anticipar que, como hicieron casi todas las reformas laborales, no van a empeorar las cosas. Tercero, aquí no hay disyuntiva entre ajustar o crecer. Esta falacia se debe sólo a la política. Las familias y las empresas se han ajustado, dolorosamente. La política no se había ajustado, ni antes de la crisis, ni después: esa demora es lo que ha agravado la situación. Las dos labores que las administraciones no han hecho –bajar impuestos y gastos, y abrir mercados–, siguen siendo cruciales, y no valen las consignas del estilo «hay que crecer» o «hay que evitar la fractura social», para continuar cebando la bomba fiscal, como si los mayores impuestos o los déficits continuados no tuvieran impacto económico apreciable.
Carlos Rodríguez Braun
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Félix Velasco

La cacharrería

La reforma judicial anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, supone una gran noticia y motivo de alegría para millones de ciudadanos. No es una reforma caprichosa, por cuanto en su mayoría, se contemplaba en el programa electoral del Partido Popular. Pero hay que reconocerle al ministro rapidez y dídimos. No ha perdido el tiempo y le ha puesto «ovos» al asunto. «Ovos» en portugués significa «huevos», y el arriba firmante es muy partidario, de cuando en cuando, de usar el bellísimo idioma de los lusitanos. 
Serán los jueces, y no los políticos, los que elegirán a sus representantes en el Poder Judicial. Nueva Ley de Planta. Nuevo Código Mercantil para garantizar la unidad de mercado. Nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde el siglo XIX. Reforma de la Ley del Aborto de Bibiana Aído, la profesora de baile. Reforma del Estatuto de las Víctimas. Nueva Regulación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, y la pena de prisión permanente revisable. Las escandalosas sentencias dictadas últimamente y que han alarmado a la sociedad necesitaban de una respuesta inmediata. Y la pena de prisión permanente, que es un truco semántico para ocultar la también solicitada por una mayoría de la sociedad cadena perpetua, significa un paso de valentía social. Los peores delincuentes, los autores de los crímenes más horrendos, no podrán gozar de los besos garantistas de nuestra Justicia buenista y demagógica. Lástima que les llegue tarde a una serie de criminales, de asesinos y de terroristas con un horizonte de libertad excesivamente cercano a pesar de sus gravísimos delitos. 
La «prisión permanente revisable», o como quiera llamarse, era una demanda de la sociedad siempre desatendida. Y el Gobierno de Mariano Rajoy, desde su Ministro de Justicia, ha atendido la demanda de la sociedad. La modificación de la Ley del Aborto de Bibiana Aído, la profesora de baile, era una barbaridad. La barbaridad ha sido aliviada, que no vencida, pero se ha entrecerrado la puerta abierta de la impunidad con el asesinato de los seres más inocentes y el funcionamiento de las trituradoras. Y la sociedad, más que demandar, exigía el retorno del bueno de Montesquieu, la independencia del Poder Judicial, sin la cual un sistema democrático deja de serlo automáticamente. Y Gallardón ha dado el paso. A Montesquieu se le permite, de ahora en adelante, volver a instalarse en la Justicia española. 
Los socialistas, por medio de un portavoz patricio, han dicho que Gallardón quiere entrar como un elefante en una cacharrería. Ha creído usar de una frase ingeniosa, sin apercibirse de que lo ha hecho con una sentencia diáfana y descriptiva. Nada importa el animal que en la cacharrería irrumpa, paquidermo o felino. El alboroto es el mismo. No por el elefante, sino por el desorden caótico de los cacharros. Los socialistas han reconocido que su Justicia era una cacharrería, y en este aspecto, hay que reconocerles al menos un arranque de sinceridad.
Alberto Ruiz-Gallardón es fiscal en excedencia. Y ha propuesto un Fiscal General del Estado respetado y admirado por casi todos. A Eduardo Torres-Dulce le dio pelifrús Conde-Pumpido, el de la mirada diagonal. Y el nuevo ministro de Justicia es hijo de un jurista excepcional, José María Ruiz-Gallardón, que unía a su excepcionalidad profesional un temperamento fuerte y un sentido de la decencia y la eficacia asombroso. Entrará como un elefante en una cacharrería, precisamente por eso, porque se trata del vertedero de cacharros inútiles que nos ha dejado el PSOE en la Justicia. 
Alfonso Ussia
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Félix Velasco

La aventura aérea catalana

En el pleno del mes de diciembre del ayuntamiento de Barcelona, medio de tapadillo, los concejales aprobaban sin apenas publicidad la última subvención a la compañía Spanair; una más. La concesión se hizo sin debate, a escondidas, sabedores los ediles de la dudosa legalidad de unas ayudas —unos 150 millones desde 2009— que han sido, prácticamente, el único sustento de una aerolínea nacida con voluntad «de país». Con el anuncio de suspensión de vuelos, más que el fracaso de una compañía se estrella el sueño de la administración catalana, también de parte de su empresariado, que trató de establecer en El Prat una base de vuelos intercontinentales que rompiese con la dependencia de Barajas. Se trataba de convertir Barcelona en un «hub internacional»: el sueño se acabó.
Si la última etapa de Spanair es la de la impotencia de la Administración y la incapacidad para atraer a un socio industrial, otros sucesos han marcado su trayectoria. El más trágico, grabado en negro en la historia de la aviación española, el accidente del vuelo JK5022 con destino a Gran Canaria, que el 20 de agosto de 2008, en Barajas, segó la vida de 154 personas.
Habían pasado veinte años desde que Spanair comenzase a operar como exitosa compañía chárter. Fundada por la escandinava SAS, que aún tiene un 10,9%, y Marsans, el gran salto adelante se produce en 1994, cuando comienza a operar vuelos regulares en territorio español. Al poco tiempo da el salto internacional, donde llega a tener enlaces con Washington, Río, Buenos Aires y La Habana. En marzo de 2002 Spanair se integra en SAS y, en 2003, queda bajo el paraguas de Star Alliance.
El accidente de 2008 precipitó el cambio de manos de la compañía, que se había convertido en un lastre para la escandinava. Ante la posibilidad de que Spanair acabase en manos de Iberia, lo que desde Cataluña se explicó como el anuncio de la marginación definitiva de El Prat, acabó por cuajar la solución pública. Casi como si fuese un deber patriótico, Spanair quedó en manos de Iniciativas Empresariales Aeronáuticas (Ieasa), que aglutina a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fira y un grupo de empresarios. Fue una aventura tan cara como efímera. Un pozo sin fondo. El «no» de Qatar Airways y las dificultades económicas de la Generalitat precipitaron el fin. La aventura aérea catalana se ha estrellado.
La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue a Ferran Soriano y su equipo en la gestión de Spanair "por si de su actuación en los próximos días pudiera desprenderse presunta malversación de las ayudas públicas o inversiones que el Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona les concedieron".
El presidente de Asetra, Ignacio Rubio, ha afirmado en un comunicado que la "deficiente gestión" del equipo de Ferran Soriano ha acabado con una empresa viable hace unos años atrás, y ha denunciado la falta de una "gestión de calidad" en la viabilidad de la compañía. Además, ha denunciado la pérdida de más de cerca de 25 millones de euros de las "inversiones" del erario público sin garantías de devolución a las arcas del Gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona por parte de la dirección de la aerolínea.
La asociación considera que deberá estudiarse legalmente "si los actuales responsables de Spanair y los dirigentes políticos que apoyaron la concesión de las ayudas o inversiones - como las califica la aerolínea- conocían la situación financiera real de la compañía y entregaron dinero y ayudas públicas a una compañía en presunta quiebra técnica a sabiendas de su situación económica malversando presuntamente el dinero de los ciudadanos"
Por ello Asetra insta a la Fiscalía General del Estado a investigar la gestión de Ferran Soriano en Spanair y el destino de tales "inversiones" como en su día se hizo con el cierre de la empresa Air Madrid.
El presidente de la asociación ha remitido esta tarde una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la que le manifiesta su pesar por el cierre de las operaciones de Spanair y pide el apoyo del Gobierno para recolocar a los pasajeros de la aerolínea y proteger a sus profesionales y sus familias.
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Félix Velasco

lunes, 23 de enero de 2012

Impuestos

‎"Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona debe haber trabajado para ello, pero sin recibirlo... 
El gobierno no puede entregar nada a alguien, si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. 
Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad esta obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitara lo que han logrado con su esfuerzo, eso... mi querido amigo...
...es el fin de cualquier nación. 
No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola."
Adrian Rogers
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Félix Velasco

domingo, 22 de enero de 2012

Regeneración y recuperación

Creer que la recuperación económica se alcanzará por medios puramente económicos es miopía y es reduccionismo. La realidad no está hecha de compartimientos estancos. Sería fatal quedarse con la visera y los manguitos y aplazar la regeneración nacional, ahora que el FMI nos anuncia un decrecimiento del 1´7 en 2012, dando verosimilitud al informe de JP Morgan —aún no digerido— que apuntaba a un apocalíptico paro español del 27 por ciento a final de año. Que procedan los contables, pero este reto les desborda: ha llegado la hora inaplazable de la regeneración. De la altura de miras va a depender nuestro futuro todo, incluyendo el económico. El esfuerzo será doble porque venimos de dos legislaturas desastrosas, de sembrarnos de piedras el camino, de meter el sentido de nación en una batidora y de cultivar con perverso mimo la falta de fe en nosotros mismos. Ninguna institución puede zafarse.
No habrá futuro si la justicia sigue careciendo de los recursos humanos y tecnológicos precisos para cumplir su cometido con eficacia e independencia, si la dilación de procesos y la saturación de expedientes son la norma, la fiscalía sigue politizada y el juicio a un juez provoca reacciones corporativistas de las que cabe inferir la resistencia de un cuerpo del Estado al imperio de la ley.
No habrá futuro si nuestros mejores jóvenes abandonan España, si la educación continúa alejada del concepto de instrucción pública, si se traduce en ñoños adoctrinamientos, mantiene su ridícula fragmentación, su falta de valores comunes y esa ínfima calidad que se constata cada vez que se nos somete a estándares comparativos.
Despertemos: regeneración y recuperación van de la mano. Nadie discute la necesidad de los ajustes, el sometimiento a la disciplina presupuestaria, el respeto a lo previsto en el nuevo artículo 135 de la Constitución y la consecución de los objetivos europeos (¿salvo quizá Montoro?). Todo ello, junto con las reformas laboral y financiera, es condición necesaria, pero no suficiente, para la recuperación económica.
España tiene un grave problema de competitividad; descartados el dirigismo, la planificación y la fe en un Estado omnisciente —que, como Dios, proveerá—, los poderes públicos solo pueden, y solo deben, actuar sobre las condiciones del entorno de los negocios, no directamente sobre ellos. Basta con consultar el informe anual del Foro Económico Mundial para constatar la enorme cantidad de factores ligados a la competitividad que, a su vez, tienen que ver con la adecuada actuación de los poderes públicos. Un país no entra en la senda económica virtuosa solo porque tenga buenos emprendedores y empresarios y una mano de obra cualificada. Es preciso algo más.
Es preciso que arraigue una cultura emprendedora favorable al riesgo, mejorar un entorno donde rijan realmente la igualdad ante la ley, el cumplimiento de los contratos, la protección de la libre competencia, la erradicación de la corrupción y de los favoritismos políticos, la persecución eficaz de las infracciones económicas, incluyendo la piratería y el engaño publicitario. Donde la justicia funcione deprisa, con independencia y sin sometimiento fáctico a otros poderes del Estado (y no digamos a poderes privados). Donde las universidades estén en contacto con las empresas. Donde las administraciones no obstaculicen la creación y el desarrollo de negocios con infinitas trabas burocráticas, reglamentismos kafkianos y permanente desconfianza hacia los únicos generadores de riqueza y de empleo productivo, las empresas. Donde las infraestructuras se adecuen a las necesidades de las industrias y a las estrategias de los actores económicos, ni más ni menos. Donde empresas y consumidores actúen en un mercado único, libre de barreras internas en forma de farragosas normativas territoriales. Asumámoslo: no habrá recuperación sin regeneración.
Juan Carlos Girauta
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Félix Velasco

Un coste de 319.200 euros por cada escaño autonómico.

Los parlamentos autonómicos costarán este año a los españoles 392 millones de euros. Muchos de ellos ya tienen aprobadas sus cuentas para este año; otros están aún a la espera de que concluya la tramitación de los presupuestos de su respectiva comunidad autónoma, de los que sale el dinero con el que se financian. En muchos casos, las cantidades que reciben no solo se dedican a pagar los gastos derivados de la actividad parlamentaria, sino también los de otros organismos que están orgánicamente vinculados a los parlamentos regionales, como ocurre con las cámaras de cuentas autonómicas —que conviven a la par que el Tribunal de Cuentas del Estado— o con los defensores del pueblo regionales, que coexisten con el Defensor del Pueblo estatal.
A la extensa nómina de diputados regionales que hay en España se añaden las no menos extensas plantillas de funcionarios al servicio de estas cámaras legislativas y una nutrida lista de puestos de libre designación política de los partidos, apartado que incluye al personal de confianza, asesores y servicio de comunicación de los grupos parlamentarios.
El gasto de conjunto es abultado. De hecho, los parlamentos autonómicos cuestan, en total, el doble que el Congreso y Senado juntos.El presupuesto del Congreso es de 91,7 millones de euros; el del Senado, de 55,14 millones. Entre los dos, 197 millones de euros en números redondos. De hecho, el Parlamento de Cataluña cuesta prácticamente lo mismo que el Senado.
Coincidiendo con la crisis y el aumento de la sensibilidad ciudadana al respecto, la mayoría de los legislativos autonómicos han recortado sus gastos en los últimos años o han anunciado públicamente que van a hacerlo. Pero, aún así, gastarán este año unos 392 millones de euros, según los datos oficiales recopilados por ABC de los distintos presupuestos autonómicos.
En su conjunto suman 1.228 diputados regionales, de lo que resulta un coste medio de 319.200 euros por cada escaño autonómico. La cifra sale de sumarle al sueldo de cada parlamentario la parte proporcional del resto de gastos —muchos y muy variados— de su respectiva cámara autonómica: costes de mantenimiento de edificios, suministros, telefonía —cuya factura global entre todos los legislativos autonómicos se cuenta por millones de euros al año—, funcionarios de plantilla de cada una de estas cámaras, la nutrida nómina de asesores y personal de confianza de los grupos políticos a los que se paga con cargo al presupuesto de estos parlamentos, coches oficiales, actividades culturales y divulgativas, gastos de representación...
Los extremos
En cifras absolutas, el parlamento autonómico que sale más caro es el catalán, que este año se gastará 52,3 millones de euros. Y eso que la cifra se ha ido recortando en los últimos años, porque en 2008 el Parlamento catalán llegó a manejar 81,4 millones de euros, según los datos que reflejaba el presupuesto de la Comunidad autónoma para aquel año.
En el lado contrario, el más austero para este 2012 será el Parlamento cántabro, que tiene previsto gastar 8,1 millones de euros. Lógicamente, la dimensión de unos y otros varía de forma sustancias, y eso también influye en sus presupuestos. Cada uno tiene un determinado número de escaños según el número de habitantes de la región.
En cifras relativas —coste total dividido por el número de diputados— la diferencia es tremenda entre las distintas cámaras autonómicas. La lógica lleva a pensar que el coste por escaño es similar de unas regiones a otras, pero no es así.
La cifra varía desde los 165.152 euros por los que saldrá este año cada escaño del Parlamento de La Rioja —el más barato siguiendo este parámetro—, a los 429.167 euros que costará cada escaño del legislativo de Canarias, una cifra muy similar a la que se da en el Parlamento de Andalucía: por 427.982 euros saldrá este año cada uno de sus escaños.
Entre esos dos extremos, el resto arrojan cifras de lo más variado. La Asamblea de Madrid, con 37,7 millones de euros de presupuesto para el presente ejercicio y 129 diputados, sale a 292.171 euros por escaño; las Cortes de Aragón costarán este 2012 un total de 24,8 millones, a razón de 370.149 euros por cada uno de sus 67 escaños; en el Parlamento de Cataluña, 387.407 euros de coste por diputado; el de Asturias, 322.222 euros por diputado; el Parlamento Vasco, con un presupuesto de 29,6 millones de euros, sale a 394.667 euros por escaño... El coste por diputado no coincide en ninguno de ellos. En cada cámara regional, su escaño sale por un precio distinto.
La media que arroja el cómputo de los diecisiete parlamentos autonómicos es, para este año, de 319.210 euros por cada uno de los 1.228 escaños que suman en su conjunto.
Caros diputados
A los españoles les cuestan bastante más los diputados regionales que los escaños de las Cortes Generales. Frente a esa media de 319.200 euros de gasto público por cada escaño autonómico, en las Cortes Generales es de 238.376 euros.
En el Congreso de los Diputados, el coste unitario por escaño es de 262.000 euros, y de 207.293 euros en el caso del Senado. Lo dicho, mucho menos que en el cómputo global de los parlamentos autonómicos.
De hecho, teniendo en cuenta estos datos, el Senado, al margen de la polémica sobre su utilidad, se podría considerar incluso especialmente «barato», porque cada uno de sus escaños sale claramente por menos que los de las comunidades autónomas. Salvo los parlamentos de Castilla-La Mancha y de La Rioja, todos los demás cuestan proporcionalmente más que el Senado. Y, en varios casos, la comparación es contundente: el coste unitario por escaño de los parlamentos de Andalucía y de Canarias es más del doble que el del Senado. Y a parecida conclusión se llega si se comparan con el Congreso. De los diecisiete parlamentos autonómicos, en nueve de ellos cada escaño les sale a los ciudadanos por más de 300.000 euros al año.
Pese a los anuncios de austeridad que se han ido realizando a lo largo de estos meses, no todas las cámaras regionales han apretado el cinturón a sus cuentas en la misma medida durante estos últimos años en los que la crisis, sin embargo, ha mordido a la sociedad española. Alguna cámara autonómica mantiene prácticamente el mismo presupuesto que el año pasado, caso de Aragón. Otras han recortado sus cuentas de forma más visible.
Ahorro por supresión
Uno de los parlamentos autonómicos que se ha comprometido a ahorrar es el de Castilla-La Mancha, donde aún se tienen que aprobar los presupuestos de la Comunidad autónoma. En cualquier caso, la previsión apunta a que el coste de su parlamento regional se reducirá en torno a un 20 por ciento, según ha anunciado el presidente de la Cámara. Eso significa que pasará de los 12,14 millones de euros que gastó este parlamento regional en 2011, a alrededor de diez millones durante el presente año.
Eso sí, el recorte se logrará, fundamentalmente, por la desaparición de la figura del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, decisión que anunció María Dolores de Cospedal meses atrás, poco después de tomar posesión como presidenta de la Comunidad.
El año pasado, la oficina de este Defensor del Pueblo regional se llevó 2,16 millones de euros de los 12,14 que en conjunto manejó el Parlamento de Castilla-La Mancha. Así que su desaparición, de entrada, supondrá rebajar el presupuesto de este Legislativo a unos diez millones de euros. Eso permitiría por sí solo cumplir el recorte del 20 por ciento de los gastos que se ha anunciado, sin necesidad de meter la tijera en más partidas de este Parlamento autonómico.
Roberto Pérez
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Félix Velasco

sábado, 21 de enero de 2012

Imposibles


Deja de pensar en "imposibles". Escribe con letras destacadas: ¡PUEDO HACERLO! ¡YO SOY CAPAZ! Coloca esta afirmación donde puedas verla, léela con frecuencia y grábala en tu voluntad. Te asombrarás de lo que lograrás.
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Félix  Velasco

Los derroches de Artur Mas

La Generalidad gastará este año un total de 832.260 euros, a razón de 70.000 euros mensuales, en concepto de alquiler de su Delegación en Bruselas, situada en la céntrica Rue de la Loi conocida por la ubicación de numerosos edificios de la UE.
Según señala la Memoria de Arrendamientos y Compras de Inmuebles que acompaña a los Presupuestos de la Generalidad para 2012, consultada por Europa Press, el gasto del alquiler de la sede, de 250 metros cuadrados, ha subido 32.000 euros este año respecto a la cifra de 2011.
A principios de este mes, el Gobierno catalán anunció que Cataluña mantendrá su delegaciones en el extranjero pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ofreció a las comunidades las infraestructuras del Estado en el exterior para ahorrar y crear sinergias.
El presidente Artur Mas ha defendido que estas delegaciones son fundamentales para la promoción económica y cultural de Cataluña en el exterior, por lo que la Generalidad no piensa suprimirlas pese a la crisis.
La delegación en Buenos Aires es la única que se ha visto afectada por los recortes y el Gobierno ha decidido clausurar, mientras que mantiene las de Berlín, Londres, Nueva York, Bruselas y París.
Precisamente, el Parlamento catalán ha aprobado esta semana una moción -con los votos de PP y CiU-, según la cual Cataluña publicará anualmente el coste detallado del funcionamiento y mantenimiento de las oficinas y delegaciones de la Generalidad en el extranjero.
La moción de los populares no reclamaba directamente clausurar alguna de las delegaciones con las que cuenta actualmente la Generalidad, y se limitaba a plantear la "reconversión o cierre, si corresponde," de las actuales delegaciones en Londres, París y Berlín -sin mencionar la de Nueva York ni la de Bruselas-.
Por otro lado, el Ejecutivo catalán destina 730.726 euros al alquiler de tres sedes en Madrid, siendo la de la Delegación del Gobierno en la capital española, situada en la calle Alcalá, y el contiguo centro cultural los que suman la mayor parte de esta suma anual para este año con 705.633 euros.
En concreto, prevé destinar 443.636 euros al alquiler del centro cultural de la Generalidad en Madrid, de 850 metros cuadrados, y 261.997 euros a la sede de la Delegación del Gobierno, de 689 metros cuadrados.
Además, pagará 5.703 euros en concepto de aparcamiento y 19.390 euros en concepto de un apartamento adscrito a la Delegación del Gobierno catalán en la ciudad madrileña.
Libre Mercado
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Félix Velasco

Las 9 reglas de las personas creativas

1. Haz más de lo que te dicen que hagas.
2. Intenta hacer cosas nuevas.
3. Enseña a otras personas lo que ya sabes.
4. Convierte el juego en trabajo, y no al revés.
5. Tómate pequeños descansos.
6. Trabaja cuando los demás están descansando.
7. Permanece siempre creando.
8. Haz tu propia inspiración.
9. Ama lo que haces, o abandona.
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Fracasos


Si crees que has pasado mucho tiempo sin los logros, es posible que sólo estuvieses experimentado, cometiendo los errores lógicos para tener la experiencia y el conocimiento de que hoy disfrutas. Nada se ha perdido si tomas conciencia de que el tiempo que ahora tienes a tu disposición lo puedes aprovechar para empezar a construir. 
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ZP y los tribunales

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Fondos

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lunes, 9 de enero de 2012

Arriésgate


No te conformes, arriésgate, supérate y vive intensamente. Piensa que cada día que pasa, no volverá. Nada está escrito, nada es imposible,... ni siquiera posible,... todo depende de tu voluntad, de esa fuerza interior que te permite afrontar los desafío. ¡Lucha con entusiasmo,... como si fueras a vivir siempre; y vive apasionadamente,... como si fueses a morir mañana! 
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domingo, 8 de enero de 2012

El principio de incompetencia de Peter


Así comienza “El Principio de Incompetencia de Peter”, un clásico en la literatura del management: Cuando yo era pequeño, se me enseñaba que, los hombres de posición elevada sabían lo que hacían. Se me decía: “Peter, cuanto más sepas, más lejos llegarás.” Así, pues, continué estudiando hasta graduarme y, luego, entré en el mundo aferrado firmemente a estas ideas y a mi nuevo título académico. Durante mi primer año de enseñanza, me sorprendió descubrir que numerosos maestros, directores de escuelas, inspectores e interventores parecían ser indiferentes a sus responsabilidades profesionales e incompetentes para el cumplimiento de sus obligaciones. Por ejemplo, la preocupación principal de mi director era que todas las persianas se hallaran al mismo nivel, que hubiera silencio en las aulas y que nadie pisara ni se acercara a los rosales.
La tesis central del principio de Peter es que en cualquier organización jerarquizada, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia.
El libro, escrito por Lawrence J Peter en 1969, pone de relieve que muchas posiciones de alta dirección suelen ser ocupadas por gente sin la suficiente cualificación o aptitudes. Ortega y Gasset ya captó la esencia en el principio en 1910, antes de que Peter lo formulara: Todos los empleados públicos deberían descender a su grado inmediato inferior, porque han sido ascendidos hasta volverse incompetentes – Afirmaba el más conocido filósofo español.
Cabe destacar, que en una estructura jerárquica de mérito-recompensa, los integrantes pueden progresar indefinidamente en la escala hasta que el mérito o la capacitación se estanca les impide ascender más. Tal vez ese sea el punto de inflexión al que no se debe llegar nunca, puesto que el empleado podría ser mucho más efectivo en el puesto inmediatamente inferior, según inferimos del Principio de Peter.
El libro, muy breve y de fácil lectura, ejemplifica su teoría con múltiples casos como éstos:
Ejemplo 3: E. Diestro es un aprendiz de mecánico trabajador e inteligente en un taller de coches. Demuestra un gran perfeccionismo y talento para detectar averías complejas y repararlas, por lo que es ascendido a mecánico especialista, desempeñando una gran labor. En su segundo ascenso, Diestro se convierte en encargado, donde su mayor cualidad se convierte en su peor defecto: por mucho trabajo que haya, él siempre se distrae reparando cualquier cosa. Raras veces se le encuentra en su puesto, y se dedica a meterse en el trabajo de otros, que se quedan mirando mientras él soluciona alguna avería. El taller se convierte en un caos y siempre se encuentra desbordado de trabajo.
Ejemplo 8: El general Buenguerra era un héroe de guerra bien conocido por sus subordinados, por su trato cordial y sencillo, por su desdén hacia los reglamentos y por su valor en el campo de batalla. Buenguerra llevó a sus hombres a muchas gloriosas victorias. Pronto fue ascendido a mariscal de campo, donde dejó de tratar con soldados para codearse con políticos y generales de otros ejércitos, siendo imposible para él ajustarse al protocolo necesario. Discutía con todo el mundo y no se adaptaba porque había sido ascendido a un puesto donde era incompetente, y la dirección de la guerra pasó a sus subordinados.
Peter concluye que eventualmente, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para el desempeño del mismo, y que finalmente el trabajo es realizado por empleados que aún no han alcanzado su nivel de incompetencia.
Algunos argumentan que el principio de Peter es una crítica implícita de las estructuras muy jerarquizadas. En una organización donde la cadena de mando es muy larga (piramidal), es decir donde hay numerosos escalones intermedios, los problemas del Principio de Peter se harán más evidentes. Por contra, en una estructura plana o downsized, donde existe poca distancia desde los cargos más bajos y los más altos.
Otro concepto cruzado es el del llamado efecto halo. Dicho concepto implica que a menudo caemos en el error de pensar que porque una persona es buena haciendo A, será también buena haciendo B y C y a la inversa, si es malo haciendo A, también lo será haciendo B y C. El concepto fue acuñado en 1920 por un psicólogo llamado Edward Thorndike, quien analizando el funcionamiento de las escalas militares, se dio cuenta de que todos los oficiales evaluaban a sus subordinados en el desempeño de sus tareas de una manera un tanto maniquea: eran buenos o eran malos en casi todas sus atribuciones.
Alberto López Correa
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Sin confusión

No confundamos la enseñanza con la educación, la salud con la sanidad, ver con mirar, oír con escuchar,... La educación logra que los pueblos sean fáciles de dirigir, pero difícil de manipular, fácil de gobernar pero imposible de esclavizar. No es lo mismo.
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Félix Velasco

viernes, 6 de enero de 2012

No a la desleal competencia pública

Si buscamos la definición de empresa en la RAE encontramos: "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos" (énfasis añadido). De esta descripción se desprende que, para considerase como tal, una empresa debe ganar dinero a cambio de ofrecer un servicio o producto. Algo cada vez más difícil para las empresas españolas, especialmente para las pequeñas: están ahogadas por la intolerable morosidad de las administraciones públicas, no tienen acceso al crédito y su capital humano no dispone de flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. Pero hay otro problema que se suma a estos: la competencia desleal. Una competencia que viene de las administraciones, las cuales, supuestamente, están para favorecer la iniciativa privada y la seguridad jurídica, actuando como meros árbitros.
En los últimos cuatro años han desaparecido más de 300.000 empresas en nuestro país, lo cual ha sucedido con la connivencia del Gobierno de Zapatero, porque muchas lo han hecho por no poder soportar la competencia de un mercado donde lo público no juega con las mismas reglas. La Administración Pública, haciendo uso de su fuerza y de su poder, entra en el mercado y se lleva clientes. Una práctica cada vez más habitual, como demuestra el hecho de que en España haya más de 4.000 empresas públicas, la mayoría creadas por las comunidades autónomas. En sólo cinco meses de 2010 se crearon 31. Entidades que cuentan con ventajas añadidas frente a las privadas: agilidad en el proceso de constitución, tienen a sus respectivos gobiernos como garantes, subvenciones, el legislador en casa...
La proliferación de estas entidades podría –a lo mejor– estar justificada si fuesen rentables y ofrecieran un buen servicio, pero su ineficiencia y su deficiente servicio están más que probados, no sólo a causa de la burocracia administrativa y la falta de estímulo de sus equipos. Los datos del Banco de España evidencian que en los últimos tres años el endeudamiento de las más de 4.000 compañías públicas casi se ha duplicado, pasando de 38.523 millones a finales de 2008 a 57.170 en el tercer trimestre de 2011.
El principal objetivo que se ha marcado el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es cumplir con la reducción del déficit comprometida ante Bruselas. Para ello tendrá que recortar al máximo la partida del gasto público. Y uno de los apartados en los que existe mayor recorrido para ajustar es el ligado a las empresas y fundaciones públicas. Las comunidades autónomas afrontan un reto sin precedentes: eliminar 445 empresas públicas en los próximos meses para recortar su abultado gasto y reconducir su déficit. Por tanto, si para recortar gasto hay que eliminar empresas públicas, su existencia es totalmente arbitraria y caprichosa.
Los datos obtenidos por estas empresas muestran que no existe justificación económica para su mantenimiento, ya que son ineficientes e introducen distorsiones en el mercado. Esta intervención pública ya no se hace imprescindible en la mayoría de los sectores donde se estaba produciendo, como se ha podido ver en los últimos años. Sin embargo, su presencia en el mercado sigue aumentando sin control.
Las administraciones públicas crean sus propias empresas para, presuntamente, solucionar necesidades coyunturales, añadiendo, de esta forma, un coste fijo a las arcas públicas. Si en vez de este mecanismo los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el propio Estado optaran por contratar a empresas privadas para prestar esos servicios, estarían convirtiendo el coste en variable, a la vez que ganarían en eficiencia, por el grado de experiencia y conocimiento de estas compañías.
Es momento de favorecer la iniciativa privada, porque es la única que nos puede sacar de este hoyo.
Francisco Aranda Manzano
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Cataluña contra Europa

Los nacionalistas catalanes ya han empezado a arremeter contra la intención del Gobierno, manifestada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Estado controle los presupuestos autonómicos incluso antes de su aprobación. En principio, y si las cosas no cambian, ésta será una de las principales novedades de la ley de estabilidad financiera, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que concluya marzo. Su contenido, sin embargo, vendrá condicionado por la Unión Europea. Eso es algo que olvidan los catalanes.
El pasado 23 de noviembre, el diario oficial de la UE publicó la nueva directiva europea sobre los presupuestos nacionales, en la cual se establece claramente la obligación de que el Estado controle las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Asimismo, y de acuerdo con esta directiva, las autonomías tendrán que responder en caso de que haya desviaciones de sus objetivos presupuestarios. Incluso obliga a que se establezca un sistema de responsabilidades para los niveles de la Administración Pública que incumplan lo establecido en materia presupuestaria. La directiva, como es lógico, reconoce al Gobierno central la facultad de establecer dichos objetivos, no a las autonomías, ni siquiera a Cataluña; porque, como ha expresado reiteradamente, la Unión Europea considera a las autonomías una parte de la Administración Pública sometida al control del Estado, no entidades independientes y con personalidad propia que puedan actuar de espaldas o en contra de lo que disponga el Gobierno central. Si a Cataluña no le gusta, donde debería protestar es en Bruselas, porque, a fin de cuentas, lo que va a hacer el Ejecutivo de Rajoy es trasponer lo que dice la directiva comunitaria.
La directiva, además, tiene toda la lógica del mundo, y ni mucho menos va en contra de la Constitución, como dicen desde la Generalitat, porque cuando la Carta Magna se refiere a la autonomía financiera de las CCAA lo que quiere decir es que éstas deben contar con recursos suficientes para poder financiar los gastos derivados de sus competencias. En este sentido, la Generalitat hace una lectura torticera de la Constitución, porque quiere interpretar autonomía como indepencencia total del poder central, y eso es un modelo de Estado que no está, ni cabe, en la Constitución. Lo que les molesta a los catalanes es que, con esa ley, el Gobierno central va a recuperar un control sobre las autonomías y sus políticas que nunca debió perder. Por ejemplo, el Ejecutivo de Rajoy podría prohibir a la Generalitat financiar sus embajadas en el exterior si es a costa de desatender algo tan fundamental como la sanidad pública o, simplemente, si no tiene recursos para ello. Y, desde luego, con esa directiva se acabó cualquier pretensión de concierto, como pide Artur Mas.
En definitiva, esa directiva europea, que en breve se transformará en ley, viene a poner orden en el caótico Estado de las Autonomías, poniendo a cada uno en su sitio y dando a cada cual lo que le corresponde. Y si a los nacionalistas catalanes esto no les gusta, ya saben cuál es el camino: irse de España y, sobre todo, de la UE. Esto último es lo que no quieren; pero si se pensaban que Europa les iba a reír sus gracias, hace tiempo que deberían haber comprendido, por la forma de actuar de las instituciones comunitarias, que no iba a ser así. Si Cataluña quiere ir contra Europa, tiene mucho, por no decir todo, que perder.
Emilio J. González
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Félix Velasco

martes, 3 de enero de 2012

Autoengaño


El miedo a la verdad, el autoengaño, el aceptar como bueno solo lo que nos gusta aunque no nos convenga,... es el camino seguro hacia la ineficacia, el fracaso, la hipocresía y el conflicto. Ignorar la realidad garantiza un resultado desastroso a corto plazo, así como una convivencia emocionalmente deteriorada. Ver las cosas tal como son, con objetividad, sin relativismos en los que esconderse, utilizando la razón para templar la emoción, nos permite ser eficaces, equilibrados y auténticos. 
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