domingo, 27 de enero de 2013

No al portazgo

Suena raro celebrar la unidad de mercado en España. Es como felicitarnos por el fin del portazgo, el viejo impuesto indirecto que gravaba el tránsito de bienes, animales e incluso personas en las tierras, ciudades y ferias de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra.
Y sin embargo hay que celebrarlo, y tomar conciencia de que la agresión del poder contra los ciudadanos es perdurable y a menudo, como el Guadiana, desaparece sólo para volver a aparecer. Los liberales de la España del siglo XVIII lucharon por el libre comercio, en primer lugar dentro de nuestro país, que padecía aduanas interiores, disparatadas coacciones que acabaron por fin... hasta que llegaron las autonomías. Ayer la vicepresidenta del Gobierno manifestó su alegría porque, otra vez, doscientos años más tarde, las autoridades vuelven a suprimir un obstáculo, lo que, lógicamente, como todas las medidas liberalizadoras, se traducirá en más bienestar: aumentará el PIB en 1.500 millones de euros al año durante 10 años.
Se felicitó, con razón, porque se va a suprimir una «maraña normativa» en nuestros 17 reinos de taifas. Explicó, y esto siempre es de agradecer, que igual no resulta del todo conveniente que a nuestros empresarios, dentro de nuestro propio país, se les obligue a etiquetar sus productos de modo diferente según sea el lugar de España donde los vendan.
Para que no se ofendan los nacionalistas separatistas, que se ofenderán de todas maneras, aclaró que la libertad es buena para todos, una idea importante y no siempre subrayada, y que obtendrán ventajas de ella las autonomías donde la industria y los servicios registren un peso mayor, que no son sólo Cataluña y el País Vasco, sino también Madrid, donde hay más libertad y, por tanto, más prosperidad. Pero en toda España los ciudadanos se beneficiarán de la disminución de algunas de las mil trabas que las administraciones públicas interponen en su trabajo.
Podemos, otra vez, remontarnos hasta el siglo XVII para encontrar las primeras quejas de los economistas españoles en contra de la abundancia de leyes que ahogan la iniciativa de los empresarios. Bendito sea Dios. Claro, aún más habría que bendecirlo si las autoridades, en lugar de suprimir los portazgos, se limitaran a no crearlos.
Carlos Rodríguez Braun
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Félix Velasco

La hojarasca

La proliferación de normas administrativas autonómicas ha convertido al país en un caos profusamente organizado
Con la ley en la mano, para enterrar en Andalucía o Extremadura a una persona fallecida en Valencia o en Cantabria habría que cambiarla varias veces de ataúd, tantas como comunidades autónomas atraviese el coche fúnebre. Igual sucede con los traslados de enfermos, que deberían mudarse de ambulancia. Lo suele contar el expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara como ejemplo del descalzaperros normativo en que se ha convertido la organización territorial del Estado. Por fortuna los españoles disponemos de un agudo sentido pragmático para saltar sobre el fárrago reglamentista que caracteriza nuestra Administración pública; miles de ordenanzas, preceptos, códigos de regulación y formalismos legales cuyo cumplimiento estricto garantizaría la absoluta parálisis. Vivimos en una especie de ilegalidad consentida que es la muestra más palmaria de la existencia de una legalidad inútil.
Cuando Borrell habló del «carajal autonómico», en los años 90, aún no se había producido la última vuelta de tuerca de la cesión de competencias, con la que Aznar puso a tope el mando de la centrifugadora. El resultado de esa última descentralización ha sido un formidable desbarajuste administrativo, una asilvestrada babel burocrática de licencias, permisos, requisitos y salvedades que han convertido el país en un caos profusamente organizado. Los ciudadanos españoles pagan distintos impuestos según el territorio en que vivan y los funcionarios cobran salarios desiguales; las recetas farmacéuticas y los servicios sanitarios varían de una autonomía a otra y las empresas sufren un calvario regulatorio para operar en diferentes puntos de la geografía nacional. La pasión ordenancista que instituyó Felipe II y desesperó a Larra ha derivado en una espesura inoperante en la que los defectos del antiguo Estado central se multiplican por diecisiete. Un desorden que malversa las virtudes del autogobierno al construir una desquiciada máquina de legislar.
La Ley de Unidad de Mercado anunciada ayer por el Gobierno debería de servir para una simplificación razonable del galimatías que acogota el tejido industrial y lo pierde en un laberinto jurídico. El condicional se debe a que no había terminado la vicepresidenta de divulgar el proyecto cuando estallaba la celotipia de los virreinatos, excitados ante la perspectiva de una pérdida de cuotas de poder. Las protestas esgrimirán la defensa de los consumidores para camuflar las prerrogativas taifales detrás de una reclamación identitaria; tenemos batalla a la vista, una rebelión aldeana contra el principio que informa la construcción de Europa. La perspectiva más temible es que el plan se convierta en un nuevo papel mojado, y que en vez de las cien mil leyes promulgadas desde 1978 tengamos cien mil y una con los mismos efectos: un marasmo de ineficacia, un bosque de hojarasca, un prolijo y a la vez estéril ovillo de nada.
Ignacio Camaho
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Félix Velasco

jueves, 24 de enero de 2013

Yonkis de la queja

El nacionalismo es un sentimiento ensimismado y victimista que consiste en culpar de los males propios a los demás
Si España no cumple el déficit, la culpa la tiene el Gobierno. Si Cataluña no cumple el déficit, la culpa también la tiene el Gobierno… de España. Esa es la tesis esencial de un nacionalismo que consiste en culpar de los males propios a los demás porque la ficción del pueblo cautivo necesita el complemento de un chivo expiatorio. El gran fracaso de las autonomías no ha sido su quiebra por derroche sino la imposibilidad de evitar que el autogobierno acabase con la coartada del victimismo. Los nacionalistas viven en un proyecto permanente que se define por su propia insatisfacción; si consiguieran cuajar sus propósitos finales y satisfacer el anhelo de independencia que domina su imaginario simbólico se quedarían, en teoría, sin la gran disculpa del Estado opresor y tendrían que organizarse solos. Pero el soberanismo jamás se conforma con la simple soberanía, que conlleva una engorrosa responsabilidad. Una Cataluña independiente encontraría en el pasado reciente o remoto el argumento exculpatorio para seguir depositando sobre España el peso de un presunto débito histórico. El punto de partida de la reclamación identitaria está siempre en la exigencia de quedarse con lo propio y repartir lo ajeno. Lo mío es mío y lo tuyo, de los dos.
Por eso la llamada «transición nacional», que Artur Mas y sus socios declararon iniciada ayer con su estéril declaración sobre el derecho a decidir -¿a decidir qué?-, no representa más que una formulación relativamente distinta de la misma matraca de siempre. Hasta ocho veces se ha pronunciado el Parlamento catalán a favor de una autodeterminación unilateral que no le reconoce la razón jurídica. Esta vez han introducido el concepto de sujeto soberano para arrogarse un derecho que no les corresponde, estrategia clásica de la mentalidad victimista: se trata de inventarse una presunción de legitimidad para luego declararla atropellada. De convertir una pulsión sentimental o emotiva en fundamento de una falsa facultad política.
Pero incluso esa solemne manifestación de ensimismamiento está impregnada de la ambigüedad que caracteriza la estrategia nacionalista. En su fárrago de anacolutos, quiasmos, retruécanos y eufemismos elude de forma torticera la referencia explícita a un proceso de secesión. No es más que otra vuelta de tuerca en la creación de un clima de ruptura emocional basado en la autoafirmación excluyente y en la identificación de un culpable externo. La nación perseguida y tal y tal; una vulgar fábula de vaga retórica anticolonialista que se desmiente por el mismo hecho de que una institución plenamente autónoma pueda proclamarla sin la menor interferencia coactiva. Simplemente un papel mojado. Humaredas perdidas, neblinas estampadas, que decía Alberti. Desolada quimera cernudiana.
Todo eso ya lo saben ellos. Lo que les importa es la cantinela solipsista porque viven colgados de una perpetua reivindicación como yonkis de la queja.
Ignacio Camacho
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Félix Velasco

sábado, 19 de enero de 2013

Corrupción

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Félix Velasco

sábado, 12 de enero de 2013

Adelante

Tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres y lo que estás haciendo para llegar a ser. No te conformes viviendo en el presente absurdo al que nos han traído decisiones e intereses ajenos. Ni te recrees en un pasado ficticio, en el que algunos quieren anclarte para justificar sus fines, plagado de mitos e historias tergiversadas para enraizarse. Avanza hacia el futuro con decisión, valentía, solucionando las dificultades cotidianas. Camina hombro con hombro junto a un pequeño grupo de personas honradas, sin contaminación ideológica, que tengan pasión por vivir, ansia de superación, alegría vital y pletóricos de esperanza por el resultado de su esfuerzo, dedicación y trabajo.
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Félix Velasco

miércoles, 2 de enero de 2013

El don de la libertad


Del Curso REFLEXIONES SOBRE DON QUIJOTE: Libertad es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad, a lo largo de su vida. Por lo que es responsable de sus actos. La primera representación escrita del concepto"libertad" se cree que es la palabra cuneiforme sumeria Ama-gi. Se cree que es la primera instancia de los seres humanos utilizando la escritura para representar a la idea de "libertad". Traducido literalmente, significa "volver a la madre". En español la palabra libertad proviene del latín libertas, -ātis, de igual significado. Como curiosidad, la palabra inglesa para libertad, freedom, proviene de una raíz indoeuropea que significa "amar"; la palabra de la misma lengua para decir miedo, afraid, viene de la misma raíz, usado como contraposición a libertad mediante el prefijo a por influencia del latín vulgar.
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Félix Velasco

martes, 1 de enero de 2013

La trama catalana de la ITVs y Oriol Pujol

La trama catalana de las ITV había diseñado un enorme plan de negocio fraudulento alrededor de las inspecciones energéticas. Los principales imputados, el empresario Sergi Alsina y el político Josep Tous, ambos excompañeros de clase y amigos de Oriol Pujol, informaban al político puntualmente de la marcha de los negocios y este les daba instrucciones y apoyo político. Según las conversaciones que figuran en el sumario de la causa, la red corrupta iba a repartir los beneficios con el secretario general de Convergencia, además de estar asociados a su esposa, Ana Vidal, en una empresa de consultoría.
Los detenidos el pasado marzo no solo ofrecían concesiones públicas de ITV, sino que pretendían cobrar de la asociación de empresas del sector por otros favores políticos. Así, el 30 de septiembre de 2011, Josep Tous, presidente de la sectorial de Energía de Convergencia y número dos de la Diputación de Barcelona, llama a Modest Llopis, un abogado de la máxima confianza de Oriol Pujol, al que iban a contratar como representante del «lobby» de las ITV. Tous le dice a su interlocutor que «ya he hablado con Oriol y le he dicho que te podía recomendar como abogado (...) de la Asociación de los Organismos de Control». Tous añade que también le dijo a Oriol «que si se pierde [el intento de cambiar la ley], Modest ha hecho de abogado y cobrará lo que tenga que cobrar; que tenemos posibilidades de tumbarlo políticamente, pues entonces nos lo cobramos todos».
Lo que había que «tumbar» era la supresión de la obligatoriedad de inspecciones energéticas -los Organismos de Control de Seguridad- que recogía la Ley Omnibus, diseñada por la Generalitat para simplificar los trámites administrativos y agilizar el sector económico. Los investigadores de la Agencia Tributaria entregaron al juzgado un informe titulado «Presunta colaboración de Oriol Pujol para el mantenimiento de las OCS en la Ley Omnibus». Los agentes destacan que el político dio su bendición a la elección de Modest Llopis como letrado para esta causa y a los cobros. El hijo de Jordi Pujol recibió la llamada de Tous, quien le dijo que si tienen su ayuda (la de Oriol) «podemos ganar y les cobraremos más», lo que «a Oriol le parece bien», según las conclusiones de los agentes de Vigilancia Aduanera que llevan el caso.
Días después de las citadas conversaciones, Josep Tous, al que los investigadores consideran la «mano ejecutora» de Oriol Pujol en la trama de las ITV, envía al político un SMS aún más explícito: «Me he olvidado de decirte que hemos quedado con Modest que los tratos son un tercio para cada uno». Pujol responde marcando distancia: «Yo no tengo que hacer nada, de verdad. Vosotros dos. Gracias».
Los números, a Oriol
Los informes de la Agencia Tributaria también demuestran que las tarifas del «lobby» de las ITV las aprobaba el político. Así, los investigadores recogen que Tous llamó a Llopis el 6 de octubre de 2010 y le dijo que «ha hablado con nuestro amigo (O. Pujol y que le ha dicho que los honorarios estarían en un coste de entre tres y cuatro, y un 'succes' [éxito] alrededor de cien (...) si son 6 operadores, pues 20.000 cada uno». Un día antes, Tous y Llopis comentan que «para ellos de liberalizar a no liberalizar son muchos millones de euros de facturación (250)», por lo que «Josep Tous le dice que llame a Oriol Pujol para que le dé alguna indicación de números».
Las pesquisas de la Agencia Tributaria apuntan claramente a que el secretario general de Convergencia tenía intereses económicos en la trama. Así, distintos puntos del sumario recogen que una parte de la empresa que los imputados iban a crear para gestionar ITVs, Aprime, sería propiedad de Oriol Pujol. Utilizarían sociedades interpuestas y los servicios del abogado de Oriol Pujol, Modest Llopis, para organizarlo. Además del gráfico que hoy reproduce ABC (bajo estas líneas), uno de los detenidos, el empresario Sergi Pastor, dijo abiertamente por teléfono varias veces que él, Sergi Alsina y Oriol se repartirían la mitad de la empresa, como ya publicó este diario.
Por otro lado, Hacienda ha acreditado que la esposa de Oriol Pujol, Ana Vidal, recibió pagos de la trama más que sospechosos. El principal de ellos es una factura de 200.000 euros más IVA que el cabecilla, Sergi Alsina, le pide que le haga. Ana Vidal demuestra en una conversación telefónica (6 de octubre de 2011) que el empresario le encarga que le gire facturas y hasta le dicta el concepto que debe poner:
Sergi Alsina: Me has de pasar de Avima (empresa de la mujer de Oriol Pujol) una factura en concepto de 200 más IVA en fecha 30 de septiembre y en concepto honorarios según contrato, pago a cuenta honorarios según contrato...
Ana Vidal: Vale, pero... vale.
S.A.: Doscientos mil más IVA.
A.V.: Esta cantidad, ¿seguro? ¿Lo has hablado con Modest?
S.A.: Seguro, seguro.
Sergi Alsina y el otro amigo de Oriol Pujol, Josep Tous, tenían amarrado el departamento de Industria de la Generalitat. De hecho, CiU había encargado a Tous que reordenara el complicado mapa de las ITV en Cataluña. Tous cobró por estos trabajos de forma irregular, ya que la Generalitat hacía los pagos al político a través de empresas interpuestas y fraccionando los contratos para no sacarlos a concurso. Tous, con la total connivencia de Oriol Pujol y aliado con Alsina, iba a aprovechar esta tarea para sacar nuevas concesiones de ITV que la trama ya estaba vendiendo.
Las conversaciones del sumario demuestran que Josep Tous, que estaba a sueldo de Alsina, trataba como un subordinado al subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, también detenido e imputado. Los integrantes de la trama están acusados de tráfico de influencias, falsedad documental y delito fiscal. Oriol Pujol, que es aforado, no está imputado, pero es probable que, en su momento, la titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Barcelona, Silvia López Mejía, envíe la parte que afecta al político al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el competente para imputarlo.
Javier Chicote
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