Prueba de coche

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Félix Velasco

Osborne abre la tienda de productos del Toro

Grupo Osborne inaugurará este jueves en Madrid la primera tienda de productos con la emblemática imagen del toro, que está ubicada en la céntrica calle Preciados y que será explotada bajo el régimen de franquicia con el nombre de 'Toro by Osborne'.

Con esta nueva línea de negocio, la compañía comercializará artículos con la marca Toro en establecimientos franquiciados que prevé abrir en distintas ciudades españolas.

En concreto, se venderán productos textiles, de hogar, regalos y complementos, entre otros, según informó el grupo, que desde el año pasado tiene en marcha una tienda 'online' de productos del Toro.

Osborne comenzó a explotar la imagen del toro que representa su marca a principios de 2009 para capturar el negocio existente, al tiempo que "prestigia" su marca y refuerza la lucha contra el fraude.

Europa Press

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Félix Velasco

El pésimo estado de la Nación

España atraviesa la peor crisis económica, política, social e institucional de los últimos cincuenta años. Apenas queda algo que funcione dentro del país. Los problemas, muchos de los cuales se arrastran desde hace décadas, han irrumpido todos de golpe espoleados por la debacle económica. No hay un solo indicador al que agarrarse para recobrar la confianza. El país navega sin rumbo vapuleado por elementos que nadie acierta a controlar.

Asistimos impávidos desde hace tres años a como España se desintegra económicamente. El desempleo alcanza ya máximos históricos y bordea la fatídica cifra de cinco millones de desempleados. La inversión ha caído en picado y nadie parece dispuesto a crear riqueza dentro de nuestras fronteras. Las empresas cierran y apenas abren nuevas. Los jóvenes, víctimas de un sistema educativo ideologizado e ineficiente que hace aguas por los cuatro costados, han perdido ya toda esperanza de encontrar un empleo. Los mayores ven como su jubilación corre riesgo de esfumarse.

El Estado, por su parte, ha dilapidado ya los excedentes de las vacas gordas y ha incurrido en deudas en el extranjero que, más pronto que tarde, tendrá que devolver con el dinero de los contribuyentes, asfixiados por una presión fiscal desbocada que no hace sino aumentar. El Gobierno, lejos de aplicar el sentido común y la moderación cuando llegó al poder al principio de la crisis, ha hecho todo lo posible por arruinar al país en un tiempo récord de solo tres años. Hoy, quemadas las naves y con el PSOE en franca retirada electoral, se aferra al poder impidiendo una necesaria renovación que no puede venir sino es a través de unas elecciones generales.

Pero el drama español es mucho más que económico. Las instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional, están muy desacreditadas. La Justicia en su conjunto atraviesa una crisis aguda provocada por la politización y la falta crónica de fondos. El epítome de esta dolencia se condensa en la sentencia que devolvió a la ETA a los ayuntamientos y las Juntas provinciales del País Vasco en la figura de Bildu, una coalición de nuevo cuño tras la que se escondieron los batasunos de siempre. Sin más necesidad que la obsesión de Zapatero por negociar con los asesinos, se han retrocedido diez años en la lucha antiterrorista.

El estado de nuestra Nación es, en definitiva, deplorable. Urge, más que un debate, un replanteamiento de fondo, una revisión completa al sistema del 78 que devuelva la cordura al país y la serenidad a sus habitantes. No deberíamos bajo ningún concepto esperar a que la situación implosione como ha sucedido en Grecia. Pero para ello Zapatero y todo su Gobierno deben irse de inmediato y convocar elecciones anticipadas. Las consecuencias de no hacerlo, de seguir burlándonos de nuestros acreedores internacionales, podrían ser desastrosas.

Libertad Digital

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Félix Velasco

Prófugos de la Casa Usher

Esto es el fin, muchachos. Hasta aquí hemos llegado. Ahora, se acabó el chollo. Como una desierta mansión a punto de desmoronarse, sólo criadero de telaraña y polvo, sólo oquedad donde la voz rebota sin respuesta, así es el Estado hoy en España: ausencia. No de Gobierno. No sólo. La ausencia de Gobierno es trivial y aun deseable. Siempre que los engranajes del Estado giren: así Bélgica, donde las cosas van tirando, si no mejor al menos no peor, al cabo ya de un año de interregno. El drama español nace de haber constatado hasta qué punto lo trazado en la transición era un no-Estado. Y cómo, llegado el momento de emergencia —único en el cual un Estado se hace de verdad imprescindible—, nada hay a lo cual echar mano para contener el desguace. No hay una sola articulación institucional que no cruja. Ni una norma legal que no esté supeditada al arbitrio voraz de los poderes locales. Y los lectores de Edgar Allan Poe se despiertan en un fiel remedo de la «Casa Usher», este edificio fantasmal que ahora agoniza con todos sus habitantes dentro. Y hay que evocar la brillantez cínica del más grande de los diplomáticos florentinos del Renacimiento: no es gran cosa que un país muera, todo en este mundo es efímero, las naciones también; lo fastidioso es que la nación se te caiga encima. Difícilmente sobrevive nadie a ese cataclismo.

Y todos huyen. Es bien lógico. ¿Quién podría reprochárselo? Moratinos se afanó sin exito en prolongar en la FAO la cadena de minuciosos desastres con los cuales contribuyó a hacer de un país que hasta entonces era Europa tercer mundo. Aído, de flamenco en hilaridad de género, va a desembocar ahora en una bonita sinecura de corrección política en la ONU. Puede caerse el Estado, ¿qué más da, siempre que el sueldo de quienes gobernaron sobreviva? La carrera de ministros, ex ministros y curiosos gerifaltes socialistas en busca de su Eldorado vitalicio no ha hecho más que empezar.

¿Cómo voy a reprochárselo? Los ciudadanos comunes hemos ido aprendiendo algún oficio o artesanía, mediante cuyo ejercicio ir ganándonos la pitanza. Lo fascinante de España es que –en apabullante porcentaje– los profesionales de la política jamás tuvieron oficio. Ni artesanía. En lo que al PSOE concierne, ese modelo se eleva a caricatura. Es el modelo Pajín-Aído: venir al mundo con carné del partido en los pañales y sueldo de aparatchiki de por vida. No es necesario ni que aprendan a hablar. La analfabetización de la política —que es el rasgo más diferenciador de la era Zapatero— nace en eso: el angelismo, que nos llevó a la ruina y a la voladura del Estado, es la variedad pura del infantilismo. De in-fans: el que no sabe hablar, el iletrado. ¿Por qué sonríe el ángel? Porque es bobo. No hay misterio.

Un ejército de ganapanes socialistas se ha quedado ya en la calle tras la derrota en autonómicas y municipales. Un ejército aún mayor irá de bruces a la nada, cuando las elecciones andaluzas cierren la etapa de mayor corrupción clientelista en la España moderna. Nadie llorará por la bancarrota de pequeños concejales o falsos funcionarios, que vivieron sin dar jamás un maldito palo al agua. Hasta aquí llegó el mar, se acabó el chollo. Los de arriba, como siempre, ponen su cartera a salvo.

Gabriel Albiac

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Se acabó lo que se daba

NO es Grecia, ni Portugal, ni España las que están en peligro. Es el euro, la moneda única europea, la novena maravilla del mundo, más cotizado que el dólar. Lo ha puesto en peligro el hecho de que el euro griego no inspira tanta confianza como el euro alemán, pese a valer (todavía) lo mismo. Lo que no es lo mismo es la seguridad de que el país pagará sus deudas.

Es el resultado de haber establecido una moneda única sin tener una política económica común. Algo así como empezar una casa por el tejado. Tenía que haberse empezado dictando normas comunes en impuestos, seguridad social, jubilaciones, competencias, etcétera, y sólo cuando se hubiera alcanzado una cierta homogeneidad, establecer una moneda común. Hacerlo a la inversa era saltar al vacío con bastantes probabilidades de estrellarse. Pero había prisa. Desde Carlomagno, el gran sueño de galos y germanos —tal vez por haberse peleado a menudo— ha sido reconstruir el Imperio Romano, unificar Europa, y tras haberlo intentado tantas veces por separado, creyeron encontrar la ocasión de hacerlo juntos en la Europa destruida por su última contienda. Así surgió el proyecto de la Comunidad Europea, y con ella, el euro. Un proyecto más político que económico, con los fondos de cohesión como igualador de la Europa pobre y la Europa rica. Las prisas, el subordinar la economía a la política, el creer que todo se solucionaba con unos miles de millones sin cambiar las mentes ni las estructuras nos ha llevado al borde del precipicio en que nos hallamos. ¿Cómo no iban los europeos pobres a gastar más de lo que tenían sabiendo que los europeos ricos iban a pagar sus deudas?

La crisis ha sido el detonante de esta quiebra que amenaza a todos. Hoy, Europa está rota por la mitad, con los ricos advirtiendo a los pobres que se acabó lo que se daba y los pobres rechazando los sacrificios que les imponen los ricos. Ambos tienen sus razones, aunque las de los ricos son más fuertes, al tener la sartén por el mango. Pero los pobres pueden usar la fortaleza de los débiles: no pagándoles lo que les deben. Y armando un jaleo de mil demonios. ¿Qué va a pasar con el euro? ¿Se expulsa a Grecia de él si no cumple las condiciones que se le imponen? ¿Se crean dos tipos de euros, uno para los ricos y otro para los pobres? ¿Qué se hace con los euros en circulación? Pregunta sobre pregunta, con respuestas que crean más problemas que resuelven, los indignados gritando: «¡Ya nos han oído!». Y los paganos advirtiendo: «¡Lo tomáis o lo dejáis!». En una colisión, perderán ambos, aunque, como siempre, serán los pobres quienes más pierdan, quedándoles como única satisfacción haber hecho un buen agujero en la cartera de los ricos. Flaco consuelo, con la suya vacía.

José María Carrascal

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Félix Velasco

El gobierno no produce

Todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo... El gobierno no puede entregar nada a alguien, si antes no se lo ha quitado a alguna otra persona. Cuando la mitad de las personas llegan a la conclusión de que ellas no tienen que trabajar porque la otra mitad está obligada a hacerse cargo de ellas, y cuando esta otra mitad se convence de que no vale la pena trabajar porque alguien les quitará lo que han logrado con su esfuerzo, eso... mi querido amigo... ...es el fin de cualquier Nación. “No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola” 

Adrian Rogers (1931)

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Félix Velasco

Un poco lentos

Lo habéis visto bien:

Presupuesto de la obra… 973 € 

Precio del cartel… ¡mejor no saberlo!

Trabajo a realizar… cambio de 3 farolas 

Plazo de ejecución… 3 meses

( A MES POR FAROLA) 

ASI NOS VA

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Félix Velasco

Cada vez menos para sostener a más

El Estado del Bienestar en nuestro país ha sido dañado gravemente por la crisis económica. Uno de los indicadores que se toman como referencia, la tasa de soporte, así lo demuestra. La relación entre el número de afiliados a la Seguridad Social y el número de perceptores de prestaciones de desempleo y pensionistas fue del 1,44 de media en el periodo enero-abril de este año, según el Avance del Mercado Laboral de Afi-Agett correspondiente al mes de junio. Es decir, que por cada tres cotizantes a la Seguridad Social hay dos perceptores de prestaciones por desempleo o jubilación. Este dato es el más bajo desde 2000 y supone el cuarto año consecutivo de descenso desde el 1,88 alcanzado en 2007.

Cabe recordar que al acabar abril había 4.269.360 parados inscritos en los servicios públicos de empleo y que el número de afiliados a la Seguridad Social era de 17.474.201, la cifra más baja desde diciembre de 2010. En este entorno, el sistema de pensiones mantiene su superávit, pero cada vez es inferior. En los cuatro primeros meses del año ascendió a 6.746 millones de euros, un 6,5% menos que en el mismo periodo de 2010.

Pero no todas las comunidades tienen el mismo comportamiento. Madrid es la más solvente con el 2,13 cotizantes por pensionista o parado, y cierra el ranking Asturias, con 1,05. Las tasas de soporte más elevadas se dan en las regiones con mayor actividad económica, como Navarra, Cataluña, País Vasco, Aragón, La Rioja y la mencionada Madrid, la única que supera la tasa del 2%. Por el contrario, las comunidades con población más envejecida, como Galicia y Asturias, son las que tienen las tasas más bajas. En estos casos, ya hay prácticamente un cotizante por cada beneficiario de prestación por desempleo o jubilación. A ellas se suman las regiones del oeste peninsular (Extremadura, Castilla y León y Andalucía).

Los sociólogos explican que hay muchos ciudadanos que en su juventud se trasladan a las regionales más industrializadas, en donde cotizan, y que cuando se jubilan vuelve a su tierra, donde cobran la pensión. De ahí que los desequilibrios están un tanto distorsionados por esta cuestión.

No obstante, la Seguridad Social maneja otros datos, los de afiliados ocupados y en desempleo sobre el total de pensionistas. Según sus cifras, habría 2,54 afiliados por pensionista. Aún así es el porcentaje más bajo desde 2004.

Afi-Agett explica que hay tres elementos que influyen directamente sobre las diferencias regionales en la tasa de soporte: el nivel de actividad económica, el funcionamiento del mercado de trabajo y la estructura poblacional. Así, por ejemplo, la fuerte caída del número de afiliados en el arco mediterráneo y las islas ha provocado un importante descenso de esa tasa en las citadas comunidades.

Estos datos coinciden con los saldos de la Seguridad Social por comunidades autónomas. Los números correspondientes a 2008 desvelan, según Fedea, que más de la mitad de la regiones españolas —nueve de dieciséis— son deficitarias, es decir, que las cotizaciones de los empresarios y de los trabajadores que residen en esas comunidades son insuficientes para pagar las prestaciones y pensiones de sus ciudadanos. Gracias a que todavía la Seguridad Social es una caja única obtiene superávit al acabar el año.

La comunidad más deficitaria, con diferencia, es Asturias, con 8.957,6 euros por habitante, según el mencionado estudio. Le siguen Galicia, con 3.789,1 euros, y Castilla y León, con 3.304,2. Entre las regiones con superávit destaca Madrid, con 4.642,8 euros por habitante. Después están Baleares (3.386,6 euros) y Canarias (2.706,1 euros). La media nacional es de 294,6 euros por persona.

En la misma línea va la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, según los datos de este organismo correspondientes a 2010. Llama la atención que, aunque son cuentas provisionales, en las que todavía había ingresos pendientes de computar, solo Baleares, Canarias y Madrid presentan saldos positivos.

La intensidad de la crisis actual y las dificultades existentes para crear empleo, unido al envejecimiento de la población, pueden conllevar que sea necesario más de una década para regresar a los niveles de tasa de soporte anteriores a 2007, subraya el informe de Afi-Agett. Sin embargo, la tasa de soporte podría tocar «suelo» este año y empezar a subir a partir de 2012, aunque lentamente.

Javier González

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Félix Velasco

Patriotismo alimentario

¡Pelegrí que te vi! Otro paleto contemplando su ombligo. Locuaz aldeano. Se ha inventado el patriotismo alimentario. José María Pelegrí, consejero de Agricultura del Gobierno de la Generalidad de Cataluña. El patriotismo alimentario, Pelegrí que te vi, lo practicamos todos los españoles que consumimos productos catalanes. Son nuestros productos. Hace cuatro años, por unas declaraciones necias de Carod Rovira, en muchos lugares de España se boicoteó el cava. Me sumé al boicot. No consumí cava en aquellas fiestas navideñas. La verdad es que mi boicot fue mentiroso. No he probado el cava en mi vida, y tampoco me gusta su hermano mayor, el champagne o champán o como Pelegrí que te vi guste llamarlo. Mi boicot a Cataluña se resume en el cava y los caracoles, esa asquerosidad. El resto lo como, lo bebo y me nutre. Pelegrí que te vi ha dicho que si un catalán pide en un restaurante una botella de vino de Rioja no está ayudando a los empresarios catalanes. Sólo eso, pero ya es bastante. A los empresarios del resto de España que los ayude su tía. Pelegrí que te vi, si de él dependiera, prohibiría a los catalanes consumir productos de otras regiones de España. Pero si en la etiquetación se crea una confusión de origen, el producto sería aceptable y digno de ingresar en las bocas catalanas. Por ejemplo, el jamón de Jabugo. Intolerable que un catalán consuma jamón de Jabugo –a Pujol le encanta–, pero si en la etiqueta se lee «Pernil de Jabuig», el catalán consumidor en lugar de pecar mortalmente lo hace con carácter venial. Como se ponga de moda entre los independentistas lo del patriotismo alimentario el barullo puede ser de aúpa. La pregunta del millón a Pelegrí que te vi es la siguiente: ¿le molestaría igual que un consumidor catalán pidiera una botella de Burdeos o de Borgoña? Que responda Pelegrí que te vi. ¿Se permitiría a los ciudadanos catalanes o residentes en Cataluña consumir caviar iraní o ruso, o tan sólo se prohibiría el de Riofrío, Granada, que sale buenísimo? En cuanto al pescado, ¿sólo se admitirían los peces del Mediterráneo? El Mediterráneo, el mar sabio y cultural, el mar de las civilizaciones, el «Mare Nostrum», es bellísimo y cambiante, pero da unos percebes que parecen alfileres de modista. ¿Prohibidos los percebes gallegos? ¿Y las anchoas de Santoña? ¿Y las morcillas de Burgos? Tanta buitifarra cansa y hace peligrar los límites del colesterol. Pelegrí que te vi, hay que analizarse el colesterol. Y con todos los respetos que me merecen los vinos del Penedés, no existe comparación posible con los de la Rioja o la Ribera del Duero. El patriotismo alimentario que propugna este peculiar merluzo carece de buen fin. El mejor cliente de Cataluña es el resto de España. De imponer tan ridícula restricción, y si el resto de los españoles actuaran de manera similar, el negocio agrícola, ganadero y de alimentación de Cataluña se rompería los piños en el primer encontronazo. ¿Por qué son tan antipáticos estos nacionalistas con quienes no lo son? Además de la antipatía, pésimamente educados, alejados de la cortesía por razones incomprensibles. Voy a seguir cumpliendo con mi patriotismo alimentario. Comprando productos de Madrid, del País Vasco, de las dos Castillas, de Cantabria, de la Rioja, de Andalucía, de Canarias, de Baleares, de Valencia, de Murcia, de Aragón, de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Navarra, de Ceuta, de Melilla, y claro está, de Cataluña. Productos de España, Pelegrí que te vi, tontet del culet.

Alfonso Ussía

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Félix Velasco

¡Que paguen los más ricos!

Una de las principales críticas que se dirigen contra el capitalismo es la desigual distribución de la riqueza. Los hay muy pudientes y los hay muy desharrapados, de modo que aparentemente la equidad exigiría que parte de la riqueza de los primeros fuera a parar a los segundos para nivelar las diferencias: al cabo, los acaudalados ni siquiera lo notarían y los más pobres obtendrían suculentos beneficios.

De hecho, éste es en parte el propósito de nuestros modernos Estados del Bienestar y, asimismo, ésta es la receta mágica que algunos propugnan para lograr atajar los déficits públicos actuales sin recortar el "gasto social": recuperar o subir el impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones, crear un impuesto para las grandes fortunas, gravar con mayor intensidad las rentas procedentes del ahorro... Pero, ¿realmente nos conviene que toda la fiesta la paguen los más ricos? Mejor dicho, ¿qué significa exactamente eso de que "paguen los más ricos"?

Muchas veces –demasiadas– tendemos a simplificar la realidad económica en imágenes o conceptos que nos resulten manejables y que podamos entender. Cuando pensamos en una persona es rica, nos imaginamos de inmediato a un individuo que, cual Tío Gilito, tiene piscinas llenas de oro (o de dinero fiduciario) que le permiten comprar cualesquiera bienes y servicios. La redistribución de la renta, por consiguiente, sería algo tan fácil como arrebatarles unas poquitas monedas de oro a los tíos gilitos para dárselas a los carpantas de este mundo.

El problema es que la estampa no resulta en absoluto realista. Los ricos no son unas personas que tienen muchísimo dinero en el banco, sino gentes que poseen un enorme patrimonio en forma de tierras, inmuebles o, sobre todo en nuestras sociedades capitalistas, participaciones en empresas. Cuanto oímos que Bill Gates o Warren Buffett poseen zillones de dólares, no es que acumulen entre los dos el 99% de todos los dólares en circulación, sino que su cartera de propiedades y empresas (como Microsoft o Coca-Cola) alcanza un valor de mercado de zillones de dólares.

Y, ahora, deténgase a pensar un momento. ¿Por qué Microsoft o Coca-Cola valen lo que valen? ¿Porque tienen ambas un almacén gigantesco repleto de miles de millones de sistemas operativos y de latas de cola? No precisamente: las mercancías presentes de esas compañías son una minúscula parte de su valor de mercado; a fecha de hoy, por ejemplo, Microsoft tiene un valor bursátil de 204.000 millones de dólares y sus inventarios apenas ascienden a 1.000 millones; Coca-Cola asciende a 150.000 millones con unos inventarios de apenas 3.000. ¿De dónde viene entonces el enorme valor de mercado de estas empresas que convierte a sus principales propietarios en los hombres más ricos del planeta?

Pues de los bienes que se espera que produzcan dentro de 5, 10 ó 20 años. Dicho de otra manera, Microsoft, Coca-Cola (y todas las demás empresas) no son valiosas por lo que han producido hasta la fecha hoy, sino por lo que producirán mañana. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera derivan su valor de lo que producirán mañana, pues nadie, ni siquiera Bill Gates, sabe qué productos sacará a la venta Microsoft dentro de 20 años (en el caso de Coca-Cola este juicio predictivo resulta algo más sencillo). El valor de las compañías –y por tanto, el patrimonio de los "ricos"– procede de su capacidad para generar, mantener y ampliar un modelo de negocios que sirva al consumidor mejor que sus competidores, esto es, de su capacidad para generar beneficios de manera sostenida a lo largo del tiempo (lo que en términos contables se conoce como "fondo de comercio" o Goodwill).

Por desgracia para los redistribucionistas, esa capacidad de generación futura de beneficios no puede consumirse en el presente (no nos podemos beber los millones de litros de cola que se fabricarán en el año 2025), de modo que para perseguir fiscalmente a los ricos sólo quedan dos opciones: o quedarse con una parte de la renta que su patrimonio genera en el presente o apropiarse directamente de una porción de ese patrimonio (de sus empresas, inmuebles, tierras...).

Lo primero es lo que consiguen los impuestos sobre la renta (IRPF o Sociedades): parte del valor monetario de la producción anual (beneficios, rentas de alquiler, intereses...) se transfiere al Estado y éste presuntamente lo redistribuye entre la población. El perjuicio más evidente de este tipo de tributos es que, por un lado, minoran los recursos a disposición de capitalistas y empresarios, que podrían haber sido reinvertidos en la generación de más bienes futuros de consumo futuros (nos volvemos más pobres de lo que podríamos haber sido); por otro, disminuyen la remuneración que recibe el capitalista por asumir riesgos al invertir y por retrasar la satisfacción de sus necesidades al ahorrar.

Pero acaso resulten más dañinos los segundos tipos de impuestos: los impuestos sobre el patrimonio y las herencias. En este supuesto, si el monto del impuesto supera al de la renta anual generada por el patrimonio productivo, el capitalista tendrá que desmembrar y liquidar parte de ese aparato productivo, socavando así su producción de riqueza futura para los consumidores.

Imaginemos, para entenderlo, que con una caña de pescar podemos recoger 100 pescados al año y que el valor de mercado de esa caña es de 600 pescados. Si consideramos que el propietario de la caña es un rico capitalista comeniños al que hay que esquilmar fiscalmente, podemos imponerle, por ejemplo, un tributo sobre la producción anual de pescado del 50%, de modo que cada doce meses deberá entregarle al Estado 50 pescados. Como consecuencia, el pescador dispondrá de 50 pescados menos cada año para fabricar nuevas cañas e incluso, dependiendo de la magnitud del impuesto (imaginemos uno del 90%), podría llegar a plantearse dejar de pescar.

Ahora supongamos, en cambio, que se aprueba un impuesto del 20% sobre el patrimonio del pescador (sobre el valor de mercado de su caña de pescar), de modo que cada año deberá entregarle al Estado 120 pescados. ¿Cómo podrá hacerlo si su producción anual es de 100 pescados? De ninguna manera: simplemente esos 20 pescados extra que exige el Estado no existen (pues se producirán a lo largo del próximo ejercicio). Como mucho, el pescador podría tratar de vender una parte de la caña con un valor de mercado equivalente a 120 pescados... si es que hay algún otro malvado e insolidario capitalista que tenga ahorrados físicamente esos 120 pescados.

Sin embargo, recordemos que el mayor valor de las empresas no deriva de sus bienes de capital físicos, sino de la correcta ordenación de éstos para seguir generando beneficios en el futuro. ¿Qué sucederá si el sistema fiscal comienza a trocear y a redistribuir, no ya unos bienes de consumo que no existen, sino partes sueltas de una empresa? Pues que la capacidad de generación de bienes de consumo futuros por parte de esas compañías se desmoronará. Vamos, que no van a seguir produciendo la misma cantidad de bienes pero de manera más fragmentada; no, se destruirá riqueza en términos absolutos. Lo contrario sería como cortar la caña de pescar en 10 trozos y esperar que cada uno de esos trozos siga cazando 10 peces cada año: no, una vez destruida la estructura de la caña de pescar, su capacidad para extraer peces desaparece. Lo mismo sucede con las empresas: una vez desmembrada la armonía entre sus distintas partes, su capacidad para producir en el futuro bienes y servicios que satisfagan a los consumidores, se esfuma. ¿O acaso creen que cada uno de los bienes de capital de Apple (ordenadores, formación de los trabajadores, edificios, mesas, saldos de tesorería...) seguirá siendo igual de productivo si pierde sus sinergias con el resto de la compañía y si deja de estar bajo la sabia dirección de Steve Jobs? Obviamente no: pasarán de generar una enorme riqueza a morirse de asco sin contar con casi ninguna función.

Por eso, el margen para que "paguen los más ricos" es tan estrecho. No ya porque el capital sea bastante móvil y pueda huir con relativa rapidez de aquellos Estados que lo quieren confiscar, sino porque la tributación de las grandes fortunas es literalmente merendarse la gallina de los huevos de oro. Si queremos dividir en 10 trozos una caña de pescar con un valor de mercado de 600 pescados, no obtendremos 10 trozos con valor de 60 pescados, sino 10 trozos con valor 0. Gravar a los ricos no es consumir hoy parte de la renta presente que tienen almacenada en algún banco suizo; tampoco es adelantar a hoy parte del consumo que habríamos realizado mañana; no, es consumir unas migajas hoy a cambio de destruir una enormidad de bienes y servicios que se habrían podido producir y consumir mañana.

Pero eh, aquí, como tantas otras veces en la economía, nos topamos con el insalvable obstáculo de que lo que se ve (los progresistas impuestos a los avariciosos ricos) machaca inmisericordemente en el imaginario colectivo a lo que no se ve (la enorme merma de nuestra renta futura).

Juan Ramón Rallo

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121.420 millones de razones

El mayor error cometido por los políticos españoles en los últimos quinientos años ha sido, sin duda, la creación del Estado autonómico. Sin ningún precedente conocido en la historia de los procesos constitucionales, los trujamanes de la transición endilgaron a los españoles un aborto jurídico-político ante el que no tienen derecho a la disculpa, porque todos ellos, gente con experiencia acreditada, sabían de sobra la desgracia que hacían recaer en sus compatriotas con el Título VIII de la Nicolasa.

El Estado autonómico, que la casta política, con el Rey a la cabeza, sigue defendiendo como la mayor conquista de nuestra democracia, ha servido para exacerbar los delirios separatistas de las regiones con presencia de partidos nacionalistas, para provocar enfrentamientos entre regiones limítrofes, para fraccionar un mercado ya de por sí pequeño convirtiéndolo en una maraña de regulaciones que ahuyenta al inversor extranjero y para multiplicar por varios factores el gasto público que hemos de soportar los contribuyentes actuales y las dos generaciones siguientes como mínimo. Si este es el éxito del que todos debemos felicitarnos, qué considerará la casta gobernante un fracaso colectivo.

Convertidas en corralitos al servicio de los políticos periféricos más desvergonzados, ni siquiera tienen suficiente con los recursos que se les entrega anualmente gracias al esfuerzo de todos los españoles. No les basta. Por eso necesitan pedir prestado en nuestro nombre una cantidad monstruosa de dinero al exterior, que en estos momentos ya supone casi el 12 por ciento de la riqueza nacional.

121.420 millones de euros deben las autonomías de los cuales casi 35.000 millones corresponden a la comunidad catalana, que a pesar de la exclusividad tribal de que hace gala su clase dirigente no van a ser devueltos por los ciudadanos de tan noble región sino por todos los españoles que, además, hemos de soportar los insultos de los Carod de turno. Nos vacían el bolsillo, piden prestado a cargo de todos los españoles un dineral para colocar a los hermanos tontitos y al resto de la esquerrada y no sólo no están contentos sino que acusan a los que financiamos sus francachelas de oprimirlos una barbaridad. Desde luego porque ellos quieren, porque resulta dudoso que el día que declaren la independencia del estat catalá desde la plaza de San Jaime las lágrimas del resto de España lleguen a formar ni un riachuelo. Qué pena que les falten huevos para dar ese paso.

No hay autonomía que se salve del desastre financiero, pues todas en mayor o menor medida son máquinas de consumir la riqueza privada que tanto esfuerzo nos cuesta producir a los ciudadanos, convertidos en víctimas de un sistema territorial inasumible. Hay que acabar con todas ellas y enviar a los políticos autonómicos al paro, no sólo por dignidad nacional, que ya sería motivo de peso, sino por una mera cuestión de supervivencia. La de nuestros hijos.

Pablo Molinos

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Félix Velasco

Alfombras autonómicas

Ayer el Banco de España publicó que la deuda acumulada por las comunidades autónomas al cierre del primer trimestre de 2011 era 121.420 millones de euros, lo que supone un 26,4% más que en el mismo periodo del año pasado. Esta cantidad se aproxima a las que provocaron las intervenciones de Irlanda (139.000) y Portugal (151.000). Este mal dato puede ser peor, porque ha sido práctica habitual en las CC.AA. más endeudadas el retraso en contabilizar facturas pendientes. Debajo de las alfombras autonómicas hay demasiada deuda escondida para mostrar mejor imagen electoral. Una prima de riesgo de la deuda española superior a los 270 puntos básicos es una demostración de que España es cada vez un país con más riesgo moroso. El pasado miércoles los Credit Default Swaps (CDS), un seguro de impago de deuda, otorgaba a Grecia un 75% de posibilidades de suspender pagos antes de 2016, siendo del 47% para Portugal, de un 46% para Irlanda y de un 20% para España. La alarmante situación griega hace que los mercados miren con mayor desconfianza a la siguiente en la cola de posibles intervenidos: España.

Estos datos exigen que el Gobierno actúe con contundencia con el fin de ganar confianza ante los mercados. Las autoridades europeas no van a consentir que España siga intentando ocultar la realidad a base de maquillaje. Salgado debe reunir en julio al Consejo de Política Fiscal y pactar el recorte autonómico que la situación precisa. Si no lo hacemos nosotros, lo hará Europa y el castigo será peor.

Julio Pomes

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Tres cartas

Un asesor político le dio un día a un presidente de gobiernos tres cartas que él debería abrir sucesivamente si las cosas le iban mal.
Así sucedió con lo que el mandatario se enfrentó a la primera misiva.
El mensaje esa escueto, pero rotundo. Decía: «Échale las culpas a tu predecesor».
Aquello surtió efecto durante algún tiempo, pero no fue suficiente para resolver los problemas, por lo que nuestro gobernante tuvo que abrir la segunda carta.
Esta rezaba: «Échale la culpa a la crisis general; di que es tan intensa que a pesar de las acertadas medidas que tomas para enfrentarla, las soluciones aún tardarán en llegar».
Así lo hizo con fortuna desigual porque el argumento convenció a los convencidos y no satisfizo a los detractores que criticaron su reacción tardía y el desacierto de sus decisiones.
El Presidente no tuvo más remedio, entonces, que rasgar la tercera carta que lacónica sentenciaba: «Vete escribiendo las tres cartas».

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Félix Velasco

Epidemia griega

Casi todo lo que dejaron por inventar los chinos lo inventaron los griegos: el teatro, los juegos olímpicos, la trigonometría, los efebos, las musas, la depilación, el yogur, la democracia. Los griegos antiguos, claro; los clásicos. Sus sucesores modernos son menos afortunados y están a punto de reinventar la bancarrota de Estado. El recorrido histórico que va de Pericles a Karamanlis es el que va de la ciudad-nación al fraude-nación y del brillante estadista al oscuro manipulador de estadísticas. Pericles fue el hijo ilustre de un político, Jantipo, y Karamanlis la oveja negra de otra estirpe de próceres, igual que este torpe Papandreu desciende de un Papandreu algo más listo. La degeneración dinástica no es un invento griego pero hay que reconocer que en los últimos tiempos lo han perfeccionado bastante.

El colosal fraude heleno se puede llevar por delante el euro y hasta la Unión Europea tal como la conocemos. La técnica del engaño se basaba en crear un Estado del bienestar ficticio a cuenta de emitir deuda y ocultarla en los balances. Un viejo procedimiento socialdemócrata que en Grecia adoptaron también los conservadores. Crearon subsidios, dádivas asistenciales y pensiones vitalicias que seguían cobrando los muertos. Multiplicaron los funcionarios de una administración corrupta y camuflaron el gigantesco déficit con un birlibirloque de ingeniería financiera. Cuando se descubrió el pastel el país estaba en quiebra irreversible, y ya ni urbanizando la Acrópolis podía pagar el rescate con que la UE acudió en defensa de su propia estabilidad monetaria. Los inversores que han prestado dinero en ese agujero sin fondo están a punto de palmar la inversión y empiezan a desconfiar de todo el mundo. En eso consiste el contagio griego: los acreedores son presa del recelo y están empezando a mirarnos a nosotros, los españoles, con cara de muy mala leche.

España no es Grecia, claro, pero convendría además no parecerlo. La sospecha de una deuda autonómica escondida y la dudosa contabilidad de las cajas de ahorros evocan los fantasmas atenienses, y este reciente clamor de indignados callejeros tiene un aire —por ahora menos virulento— a la protesta popular de los griegos que se rebelan contra banqueros y políticos. La gente que ha vivido por encima de sus posibilidades no está dispuesta a admitir la dolorosa realidad de un ajuste duro y se rebela contra los recortes que tratan de embridar el dispendio. En Grecia quizá sea ya demasiado tarde; está de hecho en suspensión de pagos y el ministro de Defensa se ha hecho cargo de las finanzas para implantar una economía de guerra. Huele a fracaso-país, a Estado fallido. Aquí aún estamos a tiempo de evitar el barquinazo, pero la terapia va a doler y no hay anestesia. Quizá se trate de elegir entre la indignación y la ruina antes de tener que apechar con las dos cosas al mismo tiempo.

Ignacio Camacho

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Félix Velasco

Queremos trabajo

Llevamos casi 8 décadas impidiendo la creación de riqueza, de trabajo; se ha convertido al mercado laboral español en un coto vedado en el que sólo «algunos» trabajadores tienen derechos, y donde casi únicamente el Estado posee el monopolio de la creación de empleo, pues a la «iniciativa privada» históricamente se la mira mal. «Ante la posibilidad de que el capital quiera explotar al trabajador, lo mejor será evitar que exista capital», parecen decir nuestras leyes. El resultado es el previsto: la iniciativa privada no crea gran volumen de trabajo, sólo el Estado abastece de trabajo «bueno», bien protegido. Situación propia de los Estados no liberales, «anti-liberales». En los liberales se procura que el Estado intervenga sólo donde la iniciativa privada fracasa; pero pretender algo así en España es casi un delito: lo privado tiene mala reputación. El empresario teme contratar porque, con la rigidez de las leyes, se puede arruinar si fracasa. Para paliar ese miedo, y la inmovilidad del mercado, en las últimas décadas se han ido haciendo «añadidos» chapuceros a la Ley que únicamente han logrado dividir a los trabajadores españoles en dos clases bien diferenciadas: «funcionarios y trabajadores con contrato indefinido», que gozan de todos los derechos y son «relativamente» inmunes a la crisis, y «becarios, temporales, precarios, desempleados…» que por culpa de las atrasadas leyes laborales españolas ya conforman un batallón de trabajo que se lumpeniza rápidamente y al que nadie defiende, ni los sindicatos de clase ni la Ley. Queriendo ser justos, estamos fomentando una gran injusticia social. Se achaca a «la presión de los mercados» los recortes de derechos sociales ejecutados por el Gobierno. Puede que tales recortes se deban a su propia incompetencia más que a la presión exterior. Nadie explica que es perfectamente compatible preservar los derechos de los trabajadores, que ahora están ultra-protegidos, con facilitar la creación de «nuevo» empleo para que esa neo-clase lumpen que es consecuencia de la injusticia de nuestras leyes antiguas y obsoletas tenga acceso a trabajo digno y no continúe siendo la víctima, el resultado del sacrificio social que hacemos para mantener un mercado laboral absurdo, propio de los autoritarismos de entreguerras. El primer derecho para un trabajador debería ser poder encontrar trabajo. Liberar el mercado para millones de trabajadores supondría, eso sí, que los «intermediarios» (sindicatos, patronal, administración…) que ahora lo controlan perderían influencia. Ése es el gran problema.

Angela Vallvey

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Félix Velasco

Las frases peligrosas

Existen ciertas expresiones que, cuando se generalizan, coadyuvan a crear reacciones colectivas que en una democracia sirven para bloquear una política económica racional. Es preciso, por eso, combatirlas una y otra vez. Recientemente, con motivo de una reunión en Intereconomía, una persona, inteligente por otro lado, me dijo: "El papel fundamental del empresario es crear empleo". Le repliqué de inmediato que el papel fundamental del empresario era intentar obtener los mayores beneficios posibles. El papel complementario y obligatorio del Estado era el que eso lo hiciese en el marco de una economía libre de mercado, y que, en último caso, eso es lo que provocaría el aumento del empleo. Añadí que el empresario –y sobre esto existe un precioso artículo periodístico de Milton Friedman– no es en muchas ocasiones dueño de su negocio. Los dueños son los accionistas –recordemos el trabajo de Berle y Means sobre las disparidades entre la propiedad y el control de las empresas un poco importantes– y tiene que proporcionarles los mayores dividendos posibles. Otra cosa es que, de su dinero, y llevado de su buen corazón, pueda hacer lo que desea, lo mismo que todos y cada uno de los accionistas.

Otra frase –esta vez leída en unas declaraciones de un catedrático de Estadística Actuarial de la Universidad Complutense– me preocupa: "La situación está mal pero no podemos caer en el derrotismo. La historia demuestra que de todas las crisis se sale". O no se sale. Ejemplo próximo: España, en el siglo XVI, logró una opulencia creciente e incluso –había razones para ello, como señaló Tomás de Mercado– parecía que iba a asumir el liderazgo económico mundial. Pero desde finales de ese siglo, y a lo largo del XVII, se hicieron tan mal las cosas que la crisis se hizo permanente. Habría que decir que ésta llegó hasta 1959. Otro ejemplo es el ruso. Sigue sin regenerarse de la crisis que se instauró en su economía cuando, tras Witte y compañía en el Ministerio de Hacienda, y a pesar de las afirmaciones de Mackinder sobre "la isla mundial", abandonó el camino posible para ser una gran potencia económica, y hace un siglo pasó a tener tal conjunto de conmociones económicas y sociales que aun no se ha recuperado.

¿Y qué decir de Japón? Como consecuencia de una especulación inmobiliaria fortísima –que alcanzó cifras tales como que la superficie en Tokio del Palacio Imperial valía tanto como el suelo de todo el estado de California–, de una especulación bursátil que hizo creer a muchos nipones que las cotización podían llegar al cielo, y de un sistema financiero y un Ministerio de Industria y Comercio Internacional no precisamente perfectos, después de la crisis de hace veinte años aun no se ha repuesto. Y no podemos ignorar el caso de Argentina: en 1942, Colin Clark profetizaba en The Economics of 1960 un porvenir espléndido. Su crisis, iniciada en 1930 –caída de Yrigoyen y llegada de Uriburu– perdura aun bajo Kirchner.

No quiere decir esto que la humanidad, en su conjunto, y gracias a la Revolución Industrial, no viva ahora en 2011 mejor que en 1961, y en 1961 mejor que en 1911, y así sucesivamente; y esto igual en Estados Unidos que en Tanzania. Pero esto nada tiene que ver con salidas, o no, de las crisis.

La liquidación de las frases peligrosas, que orientan hacia direcciones populistas, fáciles, aparentemente cómodas, es una de las obligaciones de los economistas. Y no debe importarnos hacer de aguafiestas. Aunque se les llame antipatriotas o servidores de una "ciencia lúgubre", no deben cejar en esa tarea.

Juan Verlarde es catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid

Juan Valverde
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Félix Velasco

La Responsabilidad Social Empresarial

Gracias a su amplia difusión, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial fue estigmatizándose con “frases hechas” que fueron variando su sentido, y que es bueno revisar para evitar reduccionismos y alcanzar una mejor conceptualización. Son estas frases las que permiten que a menudo se hable de esta temática con mucha soltura, creyendo saber y entender lo que se dice.

Son muy conocidas por los consultores, académicos y elaboradores de informes sociales  las siguientes frases:

1) “la empresa debe rendirle cuentas a todos los grupos de interés y no sólo a sus accionistas”

2) “La responsabilidad social empresaria va más allá de la ley”

3) “La RSE no es filantropía”

A continuación se reflexionará sobre los significados que encierran estas frases, en algunos casos partiendo de ellas, y en otros llegando a ellas.

1) El poder de las expectativas y los “stakeholders”

En la película Mentes Peligrosas, Michelle Pfeiffer encarna a una profesora de escuela secundaria, que desembarca en un colegio de algún barrio turbio de California en el cual se le asigna un curso de alumnos problemáticos. Con el objetivo de generar compromiso y mejorar la conducta de los alumnos, esta profesora califica a todos ellos con la nota más alta. Los alumnos deberían entonces, mantener esa calificación, cuidar su nueva reputación. ¡Por fin alguien deposita en ellos esperanza, expectativas!

Todos esperan del buen alumno, que se comporte como buen alumno; todos esperan del buen ciudadano, que se comporte como buen ciudadano. Aquel que es considerado bueno y no se comporta como tal, será castigado no sólo por su mal comportamiento, sino por decepcionar a quienes esperaban de él una buena conducta (su conducta esperable).

Pero ¿qué pasa con el que siempre se porta mal? Si yo siempre obtuve un uno, probablemente se espere de mí un uno. Esto se traduce en una exigencia nula o casi nula por parte de quienes me miran y posiblemente en el auto convencimiento de que no puedo obtener más que ese uno (profecía auto cumplida). Esta falta de exigencia permite que yo me sienta bien y sea felicitado cuando obtengo un cuatro. Sin implicar que ese cuatro cumpla con los estándares de aprobación.

En cambio, si yo siempre obtengo un diez, cuando obtenga un cuatro seré castigado con la desilusión o el descontento propio y de quienes me miran.

¿Expectativas? ¿Qué tiene que ver eso con RSE?

Supongamos que los habitantes de un país A creyeran que los empresarios son todos corruptos. Todos los empresarios tienen un uno. Probablemente la noticia de un hecho de corrupción empresarial no tendría mayor condena que la establecida por la ley (si existiese). El habitante de aquel país no cambiaría su concepción de esa empresa, ya que no esperaba otra conducta de los empresarios.

Cabe aclarar que la percepción de los habitantes de este país sobre las empresas, no implica el mal comportamiento de las mismas; pero sí una mirada indiferente ante comportamientos no deseados.

Por el contrario, supongamos que los habitantes de un país B creyeran en los empresarios. A partir de este momento, todos los empresarios tienen un “muy bien, diez, felicitado”. Un hecho de corrupción empresarial, probablemente, no sólo sería juzgado por la ley, sino por quienes miran a su alrededor, ahora, desilusionados o descontentos.

Cabe destacar que la percepción de los habitantes de este país sobre las empresas, no implica el buen comportamiento de las mismas; pero sí una mirada negativa en caso de conocerse un mal comportamiento.

Siguiendo la línea del ejemplo separaremos en grupos a los habitantes de un país para facilitar o complejizar la comprensión. Diremos, entonces, que los habitantes se encuentran agrupados de la siguiente manera: empresas (empresarios y funcionarios privados), accionistas, proveedores, consumidores, Estado (funcionarios públicos de los distintos poderes), sindicatos (trabajadores y dirigentes) y otras agrupaciones de la sociedad civil (medioambientalistas, etc). Estos grupos son los, así denominados por las ciencias administrativas, stakeholders (o grupos de interés).

En el caso del país A un hecho de corrupción empresarial, como se advirtió unos párrafos atrás, no modificaría la concepción de la empresa en ninguno de los grupos de interés. Así, los accionistas seguirán invirtiendo en esa empresa, los consumidores seguirán comprando productos de esa empresa, etc. En este mismo país, recibirán premios las empresas que no cometan delitos o las empresas a la que no se le conozcan delitos.

En el caso del país B, en cambio, el mismo hecho, provocaría un repudio por parte de todos los grupos de interés. Será entonces un hecho que desalienta las inversiones de los accionistas en esa empresa, que disminuye el consumo de sus productos, que provoca la movilización de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, etc.

La Responsabilidad Social Empresarial propone un modelo de empresa que pueda convivir en sociedades comprometidas (participativas), como la planteada en el ejemplo de País B. Se trata de una tendencia que se está dando en algunos países y que apunta a un modelo de capitalismo sano; que sea inclusivo, que no perjudique a las generaciones futuras, etc.

No se puede hablar de Responsabilidad Social Empresarial y referirse sólo a la empresa. Es una propuesta de cosmovisión de la empresa, dentro de una propuesta de cosmovisión del mundo.

Es por el grado de aceptación de los distintos actores que miran a la empresa que se postula que la empresa debe rendirle cuentas a todos los grupos de interés y no sólo a sus accionistas.

2) La RSE va más allá de las leyes. ¿Y esto…?

En cientos de conferencias y de informes sociales se dice que “la RSE va más allá de la ley”. Es probable que muchos empresarios no hayan puesto real atención en esa sentencia, y tal vez tampoco lo hayan hecho una cantidad importante de académicos y consultores especializados.

La confusión más común está dada por la creencia de que una empresa socialmente responsable debe otorgar mayores beneficios que los que exige la ley; que se puede hablar de responsabilidad social una vez cumplido el marco legal. Sin embargo, esto no es así...

Como se dijo anteriormente, la RSE es la vedette en medio de una propuesta de cambio que incluye a otros actores. Es un nuevo modelo el que se plantea. Esto quiere decir que existe un modelo actual que se quiere cambiar. Ese modelo actual, viene avalado desde hace muchos años por las empresas, las universidades, los gobiernos, los sindicatos, las leyes.

Probablemente, la responsabilidad social de una empresa, en la actualidad, tenga más que ver con espíritu de cambio que con cumplir con el statu quo. Es necesario entonces que existan nuevas leyes que acompañen esta nueva propuesta de modelo.

Las leyes son (o deberían ser) una expresión escrita de la voluntad de una sociedad, vinculada al concepto imperante del valor Justicia (y a toda la cosmovisión de esa sociedad). Por ello, la misión de un Parlamento es contribuir a la consolidación de una sociedad Justa, a través de la generación de leyes. Esto pone en evidencia que el valor Justicia orienta (o debería hacerlo) el quehacer parlamentario.

Con la RSE sucede algo similar. Se trata de un conglomerado de valores positivos (incluido el de Justicia) que atraviesan todo el quehacer empresarial.

La Responsabilidad Social va más allá de la ley, del mismo modo que la Justicia va más allá de la norma escrita; y su concepto acabado implica una sociedad que comparte ciertos valores y que se compromete con ellos en todas sus actividades, independientemente de la existencia de una ley.

Pongamos un ejemplo…

Supongamos que un padre de familia está buscando trabajo y una organización le ofrece contratar sus “servicios” en condición de monotributista. Supongamos también que este padre de familia no ha alcanzado un título universitario, y vive en la Ciudad de Buenos Aires.

Este padre de familia acepta el trabajo y acuerda con la organización un importe mensual de entre $1.000 y $2.000, tomando el caso intermedio, diremos que el importe es de $1.500. Este buen hombre deberá pagar mensualmente de impuestos $111 en concepto de monotributo y $30 en concepto de Ingresos Brutos.

Queda claro que en su calidad de monotributista, no cuenta con aguinaldo ni con vacaciones pagas. Este hombre percibe por su trabajo $1359. Supongamos ahora que ese dinero no le alcanza para asegurar el bienestar de su familia y decide no pagar las cargas mencionadas y así obtener los $1.500 en total.

¿Se trata de una persona socialmente responsable? ¿Es socialmente irresponsable por no cumplir con el marco legal? ¿Se trata de un sistema que opone la responsabilidad social frente la responsabilidad legal? ¿La organización que contrató a esta persona es responsable de esta situación? Cada lector podrá tomar alguna postura al respecto.

Situaciones similares se repiten en el “45,1% del total de ocupados en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires” (Clarín, 21 de Agosto de 2007). Si se pretende cambiar este tipo de realidades en pos de una sociedad más justa, se requiere de la activa participación de todos los actores sociales.

El caso de las PyMES

Las PyMES representan más del 70% de las fuentes de trabajo de todo el país y, luego de la crisis de 2001/2002, fueron la principal causa de la baja del desempleo, afianzando su preponderante papel en la generación de trabajo.

Buena parte del 40% de la fuerza laboral que trabaja en la informalidad y precariedad en el país, pertenece a este tipo de empresas.

Muchas empresas PyMES (incluidas las Micro) deben enfrentarse al dilema planteado en el punto anterior. Hacen las veces de padre de familia que sale a buscar trabajo, y el mismo mercado les “exige” cierto grado de informalidad para alcanzar la supervivencia. No se trata de quienes no quieren pagar los impuestos, sino de quienes hacerlo les cuesta su supervivencia.

Es conveniente volver a preguntarse ¿Se trata de una empresa socialmente responsable? ¿Es socialmente irresponsable por no cumplir con el marco legal? ¿Se trata de un sistema que opone la responsabilidad social frente la responsabilidad legal? El lector tendrá su postura al respecto.

La Responsabilidad Social Empresarial viene a proponer un modelo diferente al implantado en la Argentina desde los 70`s. Durante todos esos años la sociedad misma ha impulsado y aceptado un marco normativo acorde a ese modelo que hoy se propone cambiar. De este modo, la RSE también cuestiona las normas y  “va más allá de la ley”, diciéndonos que parte de nuestra responsabilidad es involucrarnos; participar con espíritu de cambio… incluso de cambio de las leyes.

3) ¿Qué es la Filantropía?

La palabra Filantropía encuentra sus raíces en el griego, que son “philos” y “antropos”.  La primera de ellas se traduce como “amor” (ej.: filosofía – amor por la sabiduría – filarmónica – amante de la armonía, etc.) y la segunda como “hombre” (ej.: antropología – estudio del hombre). Entonces este término encierra el significado de amor por el hombre.

Sin embargo, en el uso, el significado de esta palabra se refiere a donaciones, a dar fondos o bienes, generalmente a organizaciones no gubernamentales o para obras caritativas. Es un concepto muy vinculado al asistencialismo.

¿Por qué la RSE no es filantropía? Porque la filantropía está básicamente en la dimensión de las acciones, y como se viene planteando en este artículo, la RSE es un concepto que nace en el ámbito de los valores. La responsabilidad social no es una acción, pero son todas las acciones estén orientadas por los valores que ella engloba.

Otra razón por la que se intenta alejar este concepto del de Responsabilidad Social es que la filantropía ha adquirido en los últimos años una fama que la desmerece y la devalúa, que la convierte en una herramienta para lavar la conciencia. Ya a principios del siglo pasado, Ambrose Bierce en su Diccionario del Diablo donde esboza definiciones grotescas e irónicas, define al filántropo de la siguiente manera: “s. Anciano caballero, rico y generalmente calvo, que ha aprendido a sonreír mientras su conciencia le roba los bolsillos”.

Eduardo Galeano, en su último libro Espejos, también hace una referencia a la filantropía, a modo de denuncia. Cuenta la masiva publicidad que a fines de los años 20 difundía la gasolina con plomo agregado. En la década del 80, Estados Unidos prohibió esa gasolina porque causó daños severos y muerte a miles de personas. Galeano culmina la anécdota diciendo “Los principales autores del crimen fueron dos ejecutivos de la General Motors, Charles Kettering y Alfred Sloan. Ellos han pasado a la historia como benefactores de la humanidad, porque fundaron un gran hospital.”

La Filantropía no es mala, pero es una acción cuyos valores pueden no coincidir con los del resto del accionar. En cambio, la responsabilidad social empresaria se mide a través de todas las acciones de la empresa. Por ello, puede afirmarse que la Responsabilidad Social Empresarial no es filantropía.

Para finalizar…

Las “frases hechas” deshacen conceptos, por ende siempre es bueno volver sobre ellas para dilucidar sus significados. Muchas veces (probablemente producto de la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire) estos supuestos ayudan a no reflexionar y se toman como verdades absolutas. Se posicionan como axiomas naturales de la teoría, sin ser lo suficientemente claras.

La Responsabilidad Social Empresarial tiene que ver con los valores, con la Misión de la Empresa; constituye una buena excusa conceptual que propone un cambio cultural que fomente la alteridad en lugar de la apatía, la solidaridad en lugar del individualismo, la participación en lugar de la indiferencia, la convivencia con el medioambiente en lugar de su esclavización, etc.

Este concepto viene acompañado de un contexto en el que también se exige un cambio en los roles del Estado, de los Sindicatos, de la Sociedad Civil, y de otros actores. No existirán empresas responsables en sociedades que no lo exijan, en sociedades individualistas, ni en sociedades donde el marco normativo no aliente las conductas responsables.

Según la encuesta del Latinbarómetro 2007 (encuesta de opinión pública desarrollada en 18 países de América Latina), en la Argentina sólo el 46% de la población opina que la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país. Ubicándose así entre los países que menos creen que la empresa privada sea indispensable para el desarrollo. Esto habla mucho de las expectativas que tenemos los argentinos sobre nuestros empresarios; bajas expectativas sobre las empresas también son bajos niveles de exigencia. Para poder exigirle a las empresas también debemos confiar en ellas, y esta confianza se construye y la exigencia está en mantenerla.

Responsabilidad Social Empresarial no es una acción, son todas. Es el mensaje oculto en cada una de las acciones; las comunicadas y las no comunicadas. Es la brújula, es el faro que nos orienta. Se trata de un concepto que intenta volver a descubrir un camino que, durante un tiempo, estuvo cubierto. El camino que las ciencias gerenciales olvidaron señalar.

Baltazar Ojea

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Félix Velasco

Los límites de la precaución

El mes de abril del año pasado, la aplicación del principio de precaución ante la erupción del volcán islandés Eyjafjallajokull provocó la cancelación de 95.000 vuelos, pérdidas por valor de mil doscientos millones de euros y dejó en tierra a más de diez millones de pasajeros. Según las pruebas que se hicieron entonces, el riesgo de que se hubiera producido un accidente se había sobreestimado claramente por el centro de observación de cenizas volcánicas. Los ejemplos de una aplicación precipitada del llamado «principio de precaución», el último de ellos el del caso de la bacteria E.coli, se acumulan y afectan cada vez más a la vida cotidiana de las personas en las sociedades desarrolladas.

El principio de precaución es la base de las grandes cuestiones contemporáneas en materia medioambiental y salud humana, esencialmente está en el núcleo de la formulación de todas las teorías sobre el cambio climático y, como era de esperar, sometido a las mismas tensiones y polémicas. Fue enunciado en 1976 por el ecologista alemán Konrad Von Moltke y saltó a la escena global en 1992 en la Convención de Río sobre Diversidad Biológica, que estableció que «en caso de riesgo de daños graves o irreversibles, la ausencia de certeza científica absoluta no debe servir de pretexto para aplazar la adopción de medidas efectivas de protección».

El elemento más trascendente del principio es que se acepta como hipótesis real algo de lo que no se tiene evidencia, lo que no ha impedido que algunos países como Francia lo hayan llegado a inscribir en su constitución y la Unión Europea lo tenga como un criterio básico de gestión, que fue adoptado el año 2000 inicialmente para ser aplicado en la protección del medio ambiente, pero que ha sido rápidamente trasladado a la gestión de los riesgos contra la salud y la defensa de los consumidores. El Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo lo había convertido en fundamento jurídico en 1998 cuando dictaminó, en una sentencia contra Gran Bretaña, en el caso de las «VACAS LOCAS» que «aunque subsistan las incertidumbres sobre el alcance de los riesgos para la salud de las personas, las autoridades pueden tomar medidas precautorias sin esperar a que la gravedad de tales riesgos quede plenamente demostrada».

La hoy eurodiputada popular Pilar Ayuso estaba en la célula de crisis de la administración española cuando se preparaba para una catástrofe que nunca se produjo con LOS ORDENADORES EN EL CAMBIO DE SIGLO. Ahora forma parte del Comité de Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo y a la vista de los resultados de la gestión en Alemania de la crisis de la bacteria E.coli y se ha convencido de que «deberíamos empezar a revisar este principio, que mezclado con la tendencia a la demagogia de muchos dirigentes políticos puede conducir al caos», o al menos «clarificar mejor los criterios de aplicación».

En su formulación más amplia, la UE incluyó el matiz de la «razonabilidad del coste» de las medidas de precaución, pero en los hechos ha desaparecido. El francés Claude Allegre, ex ministro socialista y miembro de la Academia de Ciencias de la Tierra de París insiste en que asumir el principio de precaución es «una trampa para los políticos, porque a cada accidente correspondería una sanción por no haberlo sabido prevenir, cuando el riesgo cero no existe, porque la vida es riesgo». Como dice el también científico de la salud francés Jean de Kervasdoué, «ser prudentes, analizar los riesgos para intentar evitarlos, es un sabio consejo, pero hacer de la precaución un principio es un drama, porque no se trata de tratar de imaginar la evolución posible según la información de la que se dispone, sino de imaginar lo irreal, con el pretexto de que los daños causados podrían ser importantes».

La Comisión Europea, insiste en que los casos como las alertas alimentarias, el principio de precaución «se aplica solamente cuando existe la certeza científica» y por eso el comisario de Sanidad, John Dalli ha reconocido que después de lo que ha pasado en Alemania «será necesario sacar conclusiones». Pero sobre su mesa siguen casos tan emblemáticos como el de los vegetales transgénicos, donde nadie ha probado que sean dañinos para la salud ni lo contrario, pero siguen esperando un consenso imposible bajo el principio de precaución.

La vacuna que acabó en la basura

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE A. fue uno de los casos emblemáticos de la aplicación injustificada del principio de precaución. A la vista de las proyecciones de una gran mortandad presentadas como altamente probables, los países europeos compraron cantidades ingentes de vacunas dando como ciertas las previsiones más catastrofistas. A un coste medio de 10 euros la unidad, Francia, con 60 millones de habitantes, compró 94 millones de dosis. En España se encargaron 37 millones para una población de 45 millones, aunque luego se revisó a la mitad y como en la mayoría de los países europeos, más del 80 por ciento no se utilizaron, una vez que se demostró que las predicciones eran erróneas. Muchas teorías evocaron entonces la sombra de una manipulación por parte de ciertos laboratorios, que tampoco ha podido ser demostrada.

¿Protegerse de los teléfonos móviles?

LOS MÓVILES CANCERÍGENOS. Primero fue una resolución aprobada por la Asamblea General del Consejo de Europa y días después, a primeros de este mes, apareció otro informe firmado por una agencia de la Organización Mundial de la Salud incluyendo a los teléfonos móviles y las redes wi-fi entre los factores «potencialmente cancerígenos». Este último informe, realizado por un grupo de científicos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, reconoce que no existen evidencias científicas de lo que dicen, pero la aplicación estricta del principio de precaución les ha permitido dar por hecho que sería mejor tomar precauciones.

El nerviosismo que empeora las cosas

LA SOJA ASESINA. En el caso de la gestión por parte de las autoridades locales de la intoxicación alimentaria causada por la ingesta de brotes de soja procedentes de una granja cerca de la ciudad de Hamburgo, se puede considerar como el perfecto ejemplo de cómo agravar una crisis sembrando una alarma injustificada, sin por ello contribuir —sino todo lo contrario— a resolver el problema principal, que siguió causando muertes en el norte de Alemania. La correcta interpretación de los datos científicos y la utilización de los cauces establecidos por la Comisión Europea habrían evitado las enormes pérdidas económicas que se han producido (no solo en España, sino en toda la UE) aunque en el mejor de los casos, un simple consejo a la población de que procediese a desinfectar todos los alimentos crudos habría sido suficiente para evitar males mayores.

Enrique Serbeto

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Félix Velasco

¿Les moverán?

Al principio, las movilizaciones masivas, pacíficas y organizadas, tenían gran apoyo social. Muchos quedaron encandilados con términos como justicia social, consenso participativo y democrático, poner fin a los privilegios de la clase política… pero tras casi un mes de tener tomada la Puerta del Sol, convertida en un campamento carente de las condiciones que ofrece el campo, son muchos los que opinan que el Movimiento 15M ha degenerado bastante. Han querido representar una sociedad que puede opinar en cada decisión, que se abraza, que es ecologista… algo muy bonito e idílico pero que empezó a perder fuerza y credibilidad cuando, por ejemplo, tocaba repartir alimentos que no querían compartir con quienes viven en la calle todo el año a la fuerza. ¿Habrá servido de algo este espacio asambleario? Consecuencias claras son las pérdidas económicas y de puestos de trabajo que ha ocasionado. Responsables de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid (COCEM) exigen al Ministerio del Interior, como responsable subsidiario, que asuma el pago de 30 millones a los comercios que se han visto afectados por el funcionamiento anormal de un servicio público. Luego, además de no ver soluciones a los problemas económicos que sufre gran parte de la sociedad española, este movimiento, que quizás podrían haber canalizado a tiempo, va a empeorar también la situación financiera del Gobierno. Y es que sin respetar la ley, no puede haber libertad.

Irene Villa

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Félix Velasco

Un ejemplo a seguir

En septiembre del pasado año, el parlamento islandés decidió llevar a juicio al exprimer ministro Geir Haarde por negligencia en su gestión ante la crisis, durante la que se produjo el colapso bancario del país. Nueve meses después, Islandia verá al político en los tribunales: hoy arranca el proceso judicial.

Para hoy está previsto que se confirme la acusación, aunque medios islandeses apuntan a que el juicio en sí no comenzará hasta después del verano, ya que el tribunal concederá a Haarde un plazo para presentar objeciones.

El órgano encargado de estudiar el caso es el Landsdómur, un tribunal especial creado en 1905 para tratar procedimientos contra miembros del gobierno y que se pondrá en funcionamiento por primera vez en su historia. Está formado por 15 personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

La acusación

En el auto de acusación preliminar presentado hace un mes, el fiscal Sigridur Fridjonsdottir pide una condena para el ex primer ministro por violar la ley sobre responsabilidad de los ministros al desoír las advertencias que recibió sobre una inminente quiebra de los principales bancos islandeses.

A pesar de los avisos recibidos entre otros por el Banco Nacional, Haarde no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que éste se produjera ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos, según el fiscal, quien no especifica ninguna pena concreta para el delito.

El exprimer ministro, cuyo abogado pedirá que la acusación sea desestimada, calificó de escandaloso que la Fiscalía tardara siete meses en presentar cargos y que al final éstos coincidieran con la resolución en 2010 por el Parlamento en base al informe de la comisión investigadora creada para determinar las responsabilidades en la crisis.

En esa misma votación, el Parlamento exculpó a tres ex altos cargos de su Gobierno, un conservador y dos socialdemócratas, en contra del parecer de la comisión investigadora.

El colapso bancario obligó a nacionalizar los principales bancos del país y situó colocó a Islandia, que tuvo que pedir ayuda financiera al FMI, en la peor crisis de su historia reciente. Las protestas populares provocaron en enero de 2009 la caída del Gobierno de coalición entre el conservador Partido de la Independencia y el Partido Socialdemócrata, encabezado por Haarde, que se retiró de la política al descubrírsele un tumor cancerígeno. La izquierda, en una coalición entre socialdemócratas y "rojiverdes", gobierna por mayoría absoluta desde abril de 2009 un país que negocia ahora su entrada en la UE.

El Economista

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Félix Velasco

Cinco medidas para sacar a España del agujero

¿Qué se puede hacer para sacar a España de la postración económica en la que se encuentra? Desde hace dos años los periódicos se llenan de columnas y reportajes con propuestas de reformas sobre éste o aquél aspecto de la economía. Para responder a la pregunta con la que se abre este artículo, Dieter Brandau planteó un reto a los dos expertos de cabecera de Noticias en Libertad: Carmen Tomás y Alberto Recarte.

El pasado lunes 30 de mayo les propuso que presentasen a los espectadores las "cinco medidas" que tomarían nada más llegar a La Moncloa en el hipotético caso de que mañana fuesen elegidos como presidentes del Gobierno o ministros de Economía: algo así como cinco reformas que hay que aprobar de forma inmediata para sacar a España del agujero económico en el que se encuentra.

Los dos expertos han llegado este lunes con los deberes hechos y han enseñado a la audiencia un esquema que contiene los aspectos clave que la economía española necesita cambiar. No hay constancia de que los miembros del Ejecutivo estén interesados en acometer las reformas, pero por si acaso, éstas son sus propuestas:

Alberto Recarte:

Hay dos reformas en el mercado laboralimprescindibles para que se empiece a crear empleo. En primer lugar habría que acometer un cambio en el sistema de los convenios colectivos, eliminando la ultraactividad (es decir, la prórroga automática de los convenios colectivos) y permitiendo las cláusulas de descuelgue.

En segundo lugar, habría que aprobar una reforma legislativa que instituyese un único contrato laboral: sería indefinido, con una indemnización de 20 días por año con un máximo de un año. Además, esto llevaría a la eliminación de la financiación sindical-patronal.

También habría que encarar una reforma fiscal que permita a la economía española crecer, manteniendo la presión fiscal (para no disparar la deuda pública). De esta manera, se podrían rebajar cinco puntos las cotizaciones sociales y los impuestos de los autónomos (hasta el 15% en este caso), lo que se podría compensar subiendo el IVA dos puntos.

También habría que enfrentarse a dos medidas imprescindibles para evitar la suspensión de pagos. La primera es la recapitalización del sistema de cajas de ahorros. Ésta hay que hacerla inmediatamente, no hay que esperar. Eso llevaría a la nacionalización de todas las cajas y la sustitución de sus consejos directivos.

Por último, habría que limitar el gasto de las autonomías. No hace falta un cambio constitucional, pero si se quiere hacer, pues mucho mejor. Estas cinco decisiones habría que tomarlas simultáneamente. Si se hace, la prima de riesgo y los tipos bajarían rápidamente. También sería más barato abrir una empresa; además, los costes de contratar y los impuestos a las compañías bajarían.

Carmen Tomás:

Lo primero es coger el presupuesto con la mano derecha y la tijera en la izquierda: tiene que haber un fuerte recorte del gasto y que no quede ni una partida de la que no sabemos nada. Por una parte, conseguiríamos pagar menos de intereses (quitando deuda pública) y otra parte iría dirigida al pago de proveedores (hay que recordar que más de 225.000 empresas han quebrado en los últimos años por los impagos de las administraciones).

Reformar el sistema financiero para que haya más financiación. Esto tiene dos objetivos, que las empresas puedan pedir más crédito y, a la vez, cobrar más fácilmente las deudas de sus acreedores.

Reforma laboral: tienen que modificarse las fórmulas de contratación y reformar el sistema denegociación colectiva.

Hay que impulsar una legislación en la que la unidad de mercado sea fundamental. No puede ser que las empresas tengan que contratar un despacho de abogados cuando vienen a España porque desconocen la legislación autonómica. Y esto tiene que ir acompañado de una justicia más ágil.

En la lado de las reformas a medio y largo plazo, está la de la energía (para reducir los costes que pagan empresas y familias), la de la educación, la sanitaria (también para rebajar el gasto público),...

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Félix Velasco

Moody's cree que Cataluña desafía al Estado con sus presupuestos para 2011

Moody's ha propuesto que el Gobierno español fije un techo de gasto para las administraciones regionales para contener el déficit. La entidad considera que el Ejecutivo central "no dispone de instrumentos efectivos" para que las autonomías cumplan con los objetivos de reducción del déficit, como pasa con Cataluña, que prevé cerrar el año en el 2,66%, en vez del 1,3%, lo que equivale a 2.700 millones más de déficit respecto a lo fijado entre Gobierno y comunidades autónomas, informa Europa Press.

Moody's cree que Cataluña "desafía" al Estado con estos presupuestos, pero que la posibilidad del Gobierno de prohibirle firmar nueva deuda este año solo conseguiría retrasar los pagos a proveedores y empeorar los problemas de liquidez de la Generalidad.

La agencia augura que la salida más probable será que el Gobierno central reduzca su propio déficit por encima de lo planeado, como hizo el año pasado, pero alerta de que se trata de una "solución de corto plazo para un problema estructural" que debe afrontar si quiere cumplir sus objetivos de déficit en los próximos años.

Para ello, además de poner el ejemplo de limitar el gasto a las autonomías, también aboga por la cooperación entre las administraciones central y autonómicas para reconducir la presión del gasto en ámbitos sensibles como salud y educación con consenso.

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Félix Velasco

Diez ideas para salir de la crisis sin pasar por Sol

Muy cerca de Sol, en la escalinata de la puerta de los leones del Congreso de los Diputados, ABC ha citado a cuatro representantes de la sociedad civil, que trabajan, a través de sus fundaciones, para impulsar la regeneración de España. En el kilómetro cero de todos los caminos, la indignación une el tótum revolútum de los acampados: indignación con los políticos, con los banqueros y, en definitiva, con los poderosos, expresada en mil carteles diferentes sin orden ni concierto. Es como un grito al cielo. Delante del otro «kilómetro cero», el de la soberanía nacional, no hay carteles ni gritos, pero las fundaciones que se han reunido ahí vienen cargadas de ideas, ordenadas y muy pensadas, que desembocan en una misma conclusión: España sí tiene solución, pero hay que ponerse manos a la obra entre todos y cuanto antes. De todas las propuestas que han hecho la Fundación Everis, el Foro de la Sociedad Civil, el Colegio Libre de Eméritos y la Fundación Ortega y Gasset para la regeneración de España, o «reconversión» como prefieren decir algunos, puede extraerse este decálogo con medidas clave para el futuro del país:

1. Reforzar la identidad de la Nación española

El debate permanente sobre lo que es y no es España, las dudas sobre su identidad, quita atractivo frente al exterior. Es necesario recuperar el consenso básico sobre el modelo de Estado, como propone la Fundación Ortega y Gasset, y reforzar el sentimiento de identidad nacional común de los españoles. El Foro de la Sociedad Civil advierte del debilitamiento del concepto de Nación española que se ha producido en los últimos años, mientras se ha consolidado la idea de «nación» en alguna comunidad autónoma.

2. Políticas y pactos estables de Estado

«Hay que pasar de tácticas de partido a estrategia de país», apunta la Fundación Everis. El Colegio Libre de Eméritos propone un acuerdo profundo de los dos grandes partidos políticos sobre las reformas que hay que hacer en tres campos: institucional, educativo y económico. Los pactos de Estado, sin embargo, son incompatibles con el clima de crispación y tensión permanentes que se vive en la política española, donde el regate corto y el insulto al contrario sustituyen al debate público de ideas y a la búsqueda de puentes para poder alcanzar consensos básicos.

3. Reformas en el sistema educativo

Es una de las propuestas básicas de todas las fundaciones. La conclusión es sencilla: sin reforma de la Educación, no hay regeneración posible en España. Desde la sociedad civil se propone «liberar» a los centros de enseñanza de la tutela política, y tender hacia la internacionalización. Además, ven imprescindible reforzar la excelencia y apostar por el talento en los tramos superiores del sistema educativo. Adecuar la enseñanza a la demanda de empleo es otra de las medidas que se ha puesto sobre la mesa, lo que evitaría la formación de bolsas de parados en los centros educativos que al final se encuentran sin salidas. «En educación primaria y secundaria debe regresarse al espíritu de esfuerzo y motivación», afirma el presidente de la Fundación Ortega y Gasset. Junto a la educación general de la población, el Colegio de Eméritos echa en falta la formación «de auténticas elites».

4. División de poderes y reforma de la Justicia

La «politización» de la Justicia en España es uno de los puntos negros que las fundaciones ven necesario abordar, ya que afecta a la columna vertebral de la democracia, como es la división de poderes. En concreto, se apunta a la reforma de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, para garantizar su máxima independencia y evitar que el sistema de elección de sus miembros esté exclusivamente en manos de los partidos políticos.

5. Cambios en los partidos y la ley electoral

En la Puerta del Sol se grita «No nos representan» y se exige una reforma de la ley electoral. Las fundaciones no cuestionan el sistema de representación política, pero coinciden, en líneas generales, con la necesidad de introducir cambios en una ley electoral que separa demasiado a los elegidos de los electores. También se propone, desde la sociedad civil, un funcionamiento más democrático en la vida interna de los partidos.

El Foro de la Sociedad Civil ofrece una reforma electoral a fondo, con distritos más pequeños para que cada diputado responda directamente ante sus electores. Se plantea además que sean las bases de los partidos las que elijan a sus candidatos, y no las direcciones de los partidos, como ocurre a menudo y se ha visto, por ejemplo, con el «dedazo» de José Luis Rodríguez Zapatero a Alfredo Pérez Rubalcaba, sin pasar por unas primarias abiertas y neutrales.

6. Mayor austeridad en el gasto público

El despilfarro que se ha producido en algunas administraciones públicas en los últimos años han hecho saltar las alarmas. La obligación de reducir el déficit público a pasos agigantados ha centrado el foco de interés en la exigencia de controlar el gasto público y en una ola de austeridad que llega a todos los rincones de la administración, desde la reducción de coches oficiales (el Ayuntamiento de Madrid está en pleno proceso) hasta la supresión de cestas de Navidad (en el Congreso). Se mira con lupa el gasto de todas las instituciones públicas. «Hay que administrar el dinero del contribuyente con austeridad y decoro», sostiene José Varela, presidente de la Fundación Ortega y Gasset. Los ciudadanos, además, castigan el despilfarro de sus políticos, como se comprobó en las elecciones gallegas.

7. Lucha contra la corrupción

El Foro de la Sociedad Civil es contundente en este asunto. Así lo explica su presidente, Ignacio Camuñas: «Los partidos tendrían que tener conciencia de que cualquier persona implicada en un asunto que un juez tipifique como delito no puede ir en sus candidaturas electorales. Los políticos deben ser extraordinariamente exigentes». La presencia de imputados en diferentes candidaturas ha sido objeto de debate en la última campaña electoral.

8. Unidad de mercado en toda España

La propuesta concreta parte del Colegio de Eméritos, que pide eliminar las barreras económicas que puedan crear las comunidades autónomas. Una de las dificultades que puede encontrar una empresa internacional a la hora de asentarse en España es toparse con una maraña de normas e impuestos, lo que obstaculiza su actividad. «Hay que armonizar la legislación autonómica en asuntos como la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda».

9. Innovación y competitividad

Que el actual modelo productivo no funciona, y que España se ve obligada a mejorar en innovación y competitividad es algo en lo que coinciden todos, políticos, sociedad civil e incluso, a su manera, los acampados de las plazas españolas. La Fundación Everis propone promover incentivos y políticas útiles para el emprendimiento. El Foro de la Sociedad Civil apunta que la innovación y la competitividad, junto a la internacionalización, son claves para que España progrese. José Varela, de la Fundación Ortega y Gasset, destaca que hay que favorecer una legislación que se centre en favorecer la creación de empresas, «en lugar de enmarañar a los ciudadanos emprendedores en una selva de requisitos burocráticos».

10. Recuperación de valores

«Se ha producido un debilitamiento de valores como la capacidad de previsión, de prudencia y de esfuerzo individuales. La crisis exige restablecer el sentido de las virtudes clásicas, orientadas a capacitar a las personas para ser libres y responsables de sus actos», advierten Miguel Aguiló y Alfredo Pérez de Armiñán, del Colegio de Eméritos. José Varela destaca que «los derechos son inseparables de los deberes, sobre todo en democracia». Ignacio Camuñas sostiene que la crisis de valores es manifiesta y propone recuperar «la búsqueda de la verdad, el sentido de la responsabilidad y justicia, el esfuerzo y el gusto por trabajo bien hecho, la aspiración a la excelencia».

Y como lección de la crisis económica, el ex ministro Eduardo Serra advierte que no se debe vivir nunca por encima de las posibilidades.

Mariano Calleja

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