El Tribunal de Cuentas lo ha certificado y sus consecuencias aún se siguen pagando: obras que, después de hacerse, han sido insostenibles o inútiles y no han entrado en funcionamiento o que para mantenerlas están suponiendo un sobrecoste que antes no existía; ayuntamientos que aún tienen que pagar multas por no haber cumplido las condiciones a las que aceleradamente se les obligó; y chatarra, mucha chatarra en carteles.
El «Plan E» incluyó dos fondos para apresuradas obras en municipios. En el primero, el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) realizado en 2009, se fueron 7.860 millones; en el segundo, llamado Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, en 2010, otros 4.250 millones de euros. En total, 12.110 millones de euros.
Sólo con el primero de ellos, con el FEIL, se fueron 37 millones de euros en carteles. Eran obligatorios, condición imprescindible. Tanto que quien no los colgó a tiempo ha sido multado, ha tenido que devolver las subvenciones recibidas y, encima, con intereses. Es el caso del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), que en 2010 se embarcó en la reforma de una pequeña plaza de su casco antiguo animado por las subvenciones del «Plan E».
El cartel lo colgó, pero tarde, cuando la obra ya estaba empezada. Lo dejó más tiempo, por eso de compensar la publicidad que debía hacérsele al Gobierno, pero ni aun así se le ha perdonado la sanción. El resultado: una obra que costó 92.686 euros y que se hizo porque la pagaba íntegramente el Estado, acaba suponiéndole al Ayuntamiento 107.319 euros que ahora tiene que abonar al Estado, los 92.686 euros de subvención que debe devolver, más 14.683 euros en concepto de intereses.
Con la crisis ya al galope, a los españoles se nos fueron con el FEIL 36,65 millones de euros en los obligatorios carteles colocados a pie de cada obra y en los debía aparecer, bien visible, la leyenda «Gobierno de España». Según el amplio muestreo realizado por el Tribunal de Cuentas, en esa primera fase del «Plan E» cada cartel costó una media de 1.194 euros. Los tuvieron que comprar las empresas a las que se adjudicaban las obras, o los ayuntamientos en caso de que los trabajos los hicieran directamente con medios propios.
Pero, tanto en un caso como en otro, era parte del precio que cubría la subvención del Estado. Se hicieron un total de 30.698 obras con esa primera fase del «Plan E» -otras 25.363 con la segunda-, y cada una debía tener su cartel. Su tamaño era considerable, bien visible, y el Gobierno de Zapatero se esmeró en regular cómo debían ser. No se escatimó ni en lustre ni en tamaño.
Obras elegidas al tuntún
Con tantas prisas se tramitó el plan, que la inmensa mayoría de ayuntamientos reconocen que decidieron las obras al tuntún, en el sentido más literal que la RAE da al término -«sin cálculo ni reflexión»-, sin evaluar detalladamente sus consecuencias ni determinar si hacían falta. Ha dado fe de ello el Tribunal de Cuentas: el 81 por ciento de los ayuntamientos confiesan que eligieron los proyectos a hacer con el FEIL sin estudiar si eran realmente necesarios.
Además, el Gobierno tampoco veló por que se creara el empleo anunciado. Esos 8.000 millones sólo dieron de sí para dar trabajo temporal a 201.000 desempleados. De media, cada uno de ellos estuvo contratado no más de tres meses. Dividido ese «Plan E» por los parados colocados en él, cada uno costó 39.065 euros, 13.000 por mes.
Lejos de lo que el Gobierno de Zapatero dijo para justificar aquella riada de gasto público, la realidad demostró que dar empleo a más o menos parados no fue primordial. De forma generalizada, las obras del «Plan E» dieron trabajo a muchísimos menos desempleados de lo que figuraba en los proyectos.
Y es que, según ha destacado el Tribunal de Cuentas, «la contratación de desempleados no se configuró como un criterio necesario para la obtención (de las subvenciones), ni tampoco como criterio de baremación». No colgar el preceptivo cartel publicitario sí se castigaba con la pérdida de la subvención; pero no contratar los parados prometidos, no.
Entre los casos palmarios, los que se dieron en La Línea de la Concepción (Cádiz): siete obras pagadas con la primera fase del «Plan E», entre las siete se había dicho que se iba a contratar a 154 desempleados, pero ni un parado fue ocupado en esas obras. En El Puerto de Santa María se prometió dar trabajo a 274 parados, pero en realidad únicamente se contrató a 83 trabajadores. Son sólo dos ejemplos; la lista es inmensa.
Y todo eso para obras que, como se eligieron apresuradamente, ni se planificaron correctamente, ni se tramitaron con pulcritud, ni se pensó en si eran útiles. El Tribunal de Cuentas relata un rosario de irregularidades en la tramitación de estos proyectos por parte de los ayuntamientos, que debían estar supervisados por el Estado.
Los casos son múltiples: abundan los fraccionamientos irregulares de contratos, mala aplicación de los criterios de selección de los contratistas; sospechas por la excesiva concentración de obras adjudicadas a una misma empresa en un mismo municipio; contratos modificados sin causa suficientemente justificada...
Gobierno reincidente
Los fiascos que el Tribunal de Cuentas ha certificado en aquella primera fase del «Plan E» -7.860 millones de euros- no los vio el Gobierno de Zapatero. Lejos de ello, no dudó en presumir de que había sido un «éxito». Así lo dejó escrito el entonces vicepresidente Manuel Chaves. Y por ese «éxito», y por «coherencia con el rumbo» -argumentó Chaves-, el Gobierno socialista decidió reincidir con una segunda fase del «Plan E» para seguir llenando de obras -y de carteles- los municipios españoles. La llamó Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Otros 4.250 millones de euros.
Roberto Pérez
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