Quien emprende aprende que la generación de bienestar social, característica de la labor empresarial, no es nada de lo que el empresario tenga que avergonzarse, porque lo ha conseguido arriesgando sus recursos, y jamás imponiendo a los ciudadanos los bienes y servicios que ofrece a la venta. Ésta es la diferencia radical entre el mercado y la política. En el mercado el empresario sólo gana si sus clientes también lo hacen, es decir, sólo gana si sus clientes compran libremente lo que él vende, algo que sólo harán si piensan que lo que compran vale más para ellos que el dinero que entregan a cambio. Así es como el mercado crea riqueza para todas las partes contratantes. En cambio, lo que debería suscitar vergüenza es lo contrario del emprendimiento, a saber, la coacción política y legislativa. Allí sucede que los ciudadanos nunca pueden elegir no comprar y no pagar. Se habla con desprecio de los mercaderes, pero a los mercaderes podemos no pagarles: basta con que no les compremos su género. No es así con los políticos y los burócratas de las administraciones públicas, a quienes debemos pagar a la fuerza, mediante impuestos, y padecer toda suerte de regulaciones y limitaciones al libre uso de nuestras propiedades y a nuestra capacidad de contratar con las demás personas físicas y jurídicas.
Quien emprende aprende que el beneficio empresarial nunca está garantizado. Desde púlpitos, cátedras y tribunas sin fin, ese beneficio es denostado como un ingreso ilegítimo, excesivo o cruel. De hecho, hasta la propia palabra «lucro» tiene un eco casi obsceno, como si fuera una suerte de apropiación indebida, o en todo caso, indigna. Nada está más lejos de la verdad. El beneficio empresarial es un ingreso digno, producto de la relación libre entre los ciudadanos, como acabamos de comentar. Asimismo, deriva de un riesgo que casi nunca es ponderado: el riesgo de perder todo el capital. El que haya tantos trabajadores y tan pocos empresarios se explica por esa asimetría en el riesgo. En efecto, un trabajador puede perder su empleo, un riesgo real, y de hecho multiplicado por las intervenciones de las autoridades, supuestamente diseñadas y aplicadas para proteger los «derechos laborales», pero que en la práctica se traducen en más paro para más personas durante más tiempo. Ahora bien, al perder su empleo, el trabajador prácticamente nunca pierde su capital. Un camarero puede ser despedido, pero no por eso deja de conocer su oficio. Una ingeniera de caminos puede ser despedida, pero no por eso le arrebatan el título de ingeniera ni los conocimientos teóricos y prácticos de su formación y especialidad. Es decir, los trabajadores conservan casi siempre su capital humano, que pueden poner en funcionamiento en otro empleo. En cambio, el empresario, si la empresa quiebra, no sólo pierde su trabajo si está allí ocupado, sino que puede perder absolutamente todo el capital que invirtió en ella. Es interesante que pocos recuerden ese riesgo cuando despotrican contra las ganancias de los capitalistas.
Quien emprende aprende que el empresario no tiene que «devolver» nada a la sociedad. Sólo deben devolver los que han robado, y los empresarios no roban, es decir, no arrebatan los bienes de los demás mediante la coerción. Sin embargo, se extiende la idea de que los empresarios deben tener «responsabilidad social», un concepto vaporoso pero que destila la noción de obediencia al poder, un poder, claro está, al que nadie le pide «responsabilidad social», y mucho menos que «devuelva» los bienes ajenos de los que se apropia.
Quien emprende aprende a desconfiar de los políticos que aseguran que la mejor manera de ayudar al emprendedor es poblar el Estado, las comunidades autónomas y los municipios de burocracias más o menos simpáticas y comités de expertos más o menos independientes dedicados a promover el emprendimiento. En este campo, como en tantos otros, la labor de la política es tan importante como mal ponderada. No se trata de montar nuevos departamentos oficiales, con más funcionarios y más presupuesto. Y no, tampoco se trata de subvencionar, peligrosa actividad que distorsiona incentivos y anima toda suerte de conductas ineficientes, en el mejor de los casos. Se trata de algo más simple, porque no requiere hacer sino dejar hacer, y a la vez más complicado, porque la política contemporánea no concibe hacer el bien sin intervenir activamente.
Quien emprende, en suma, aprende que los políticos pueden hacer, pero casi nunca hacen lo que deben para ayudar a los empresarios. A saber, dejarlos en paz.
Carlos Rodríguez Braun
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