Sí, han leído bien: el BBVA pagará por la compra el precio de un euro, y el Fondo de Garantía de Depósitos aportará para la operación una cifra próxima a los mil millones de euros. Cifra que se verá superada, quizá más que doblada, por el compromiso del Fondo de asumir durante diez años, el ochenta por ciento de las pérdidas que se produzcan en la cartera de activos de UNNIM.
En otras palabras, el BBVA, se queda con el tonto, siempre que reciba una cuantía que compense la insuficiencia de éste. ¿Cuál será la cantidad final que el Fondo acabará entregando al BBVA por hacerse cargo de la ruina? Esto está por ver, pero pueden ser cifras que superen en dos o tres veces el sacrificio actual de la entidad de garantía de los depósitos.
De todos modos, es un final feliz, pues feliz es cualquier final que acabe con un tormento, y lo de estas tres Cajas y su fusión, era un un sin vivir financiero. Es cierto que no es el único caso que quita el sueño en este robusto sistema financiero, pero sí es el resultado de la disciplina de fusiones, instrumentada para dejar de hablar de aquello que había que hablar. Nunca entendieron, ni Banco de España ni Ministerio de Economía, que fusionarse dos o tres incapaces, sólo da como resultado otro incapaz mayor.
Hecha la adjudicación, me pregunto ¿y los gestores de aquellas tres Cajas? ¿Dónde están, qué hacen, cuál ha sido su coste personal y patrimonial por la mala gestión? ¿Fue sólo torpeza e incapacidad o hubo acciones fraudulentas que condujeron a la debacle? Jugar con el dinero de los demás, sin rigor ni cautela, no debe ser un deporte del que se salga ileso. Es más, ni siquiera se debe salir de forma silente, pues, la sociedad necesita saber qué ocurre cuando se actúa con desprecio de las normas de la recta conducta.
Esta semana que termina, hemos visto sentarse en el banquillo de los acusados al Presidente del Gobierno de Islandia, bajo el cargo de “mala gestión de la crisis económica”. Pero en España, las cosas van por otro camino. La detentación de lo público implica una patente de corso para hacer y deshacer cuanto le venga en gana, con el único coste, mientras haya información, del rechazo en las elecciones cada cuatro años.
Pero, me pregunto: ¿por qué las actuaciones de gobierno no son enjuiciadas desde el imperio de la Ley, como las de cualquier otro ciudadano? Y evitemos la tentación de las responsabilidades políticas; eso son pamplinas.
¡Qué envidia lo de Islandia! ¡Quién pudiera ser islandés!
José T. Raga
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