La nueva emisión de bonos patrióticos catalanes, por importe de 4.000 millones de euros, debería servir para abrir un proceso de reflexión profundo acerca de las finanzas de las comunidades autónomas y de su capacidad de endeudamiento. La Generalitat realiza esta nueva emisión porque carece de recursos para devolver el dinero que tomó prestado con la anterior emisión que el Gobierno de CiU llevó a cabo en abril. Es lógico porque como el Ejecutivo regional no ha hecho esfuerzo alguno para reducir el gasto público catalán, ahora no cuenta con capacidad financiera alguna para amortizar esos bonos y tiene que emitir otros nuevos, y a tipos de interés mayores, con lo que compromete todavía más el maltrecho presupuesto de Cataluña. De esta forma empieza a cumplirse aquello que dijo en su momento el premio Nobel de Economía, James M. Buchanan, de la consolidación de la deuda pública, porque estos bonos a corto plazo, a base de renovaciones y más renovaciones, acaban por convertirse en deuda a largo plazo dado que los políticos se niegan a llevar a cabo los ajustes necesarios para obtener los ingresos con que cancelarlos. Ellos prefieren gastar y gastar y que el que venga detrás arregle los desaguisados ocasionados.
Aquí, sin embargo, CiU se ha equivocado de estrategia. Los ‘convergentes’ contaban con que sus votos en el Congreso de los Diputados pudieran ser decisivos para que el PP llegara al poder o el PSOE lo conservara y, a cambio de ese apoyo parlamentario, que el Gobierno central les arreglara las finanzas de la Generalitat. Por ello, el Gobierno de Artur Mas ha seguido a lo suyo, manteniendo abiertas las embajadas catalanas mientras la Generalitat no tiene ni para financiar la sanidad ni para amortizar los bonos patrióticos, pensando que tendría en sus manos al próximo inquilino de La Moncloa y que a éste no le quedaría más remedio que darle a Mas todo el dinero que necesitara si quería llegar allí y mantenerse en el puesto de presidente del Gobierno. Pero, como a la lechera del cuento, a Mas puede que no le salgan las cuentas, a tenor de lo que dicen las últimas encuestas de intención de voto.
¿Qué lección debemos extraer de ello? Que para evitar que la deuda a corto se consolide en deuda a largo plazo lo único que se puede hacer es prohibir a las comunidades autónomas que la emitan. Si tienen dificultades para cuadrar sus cuentas, entonces no hay más remedio que obligarlas a que recorten sus gastos o a que suban los impuestos y luego rindan cuenta por ello a los electores. Esto es lo que se denomina corresponsabilidad fiscal, y si queremos que ésta sea una realidad en nuestro país, no hay más remedio que quitar a las autonomías cualquier competencia que puedan tener en materia de deuda. Con ello, y teniendo en cuenta que ya no pueden vampirizar a las cajas de ahorros para que les financien, se conseguirá que equilibren sus presupuestos, les guste o no. Es el único camino cuando los dirigentes autonómicos actúan con las enormes dosis de irracionalidad que caracterizan a la Generalitat.
Emilio J. González
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