La deuda pública real asciende al 75% del PIB

Una cosa es la deuda pública que se contabiliza de forma oficial y otra muy distinta la cantidad real de dinero que debe el conjunto de las administraciones públicas. Lacreatividad contable (entiéndase trampas o maquillajes estadísticos de diversa índole) lleva instalada en el sector público desde hace años. La cuestión es que no se trata de una práctica ilegal, ya que está permitida por las autoridades comunitarias.

La UE impone a los países miembros una serie de criterios metodológicos homogéneos sobre las cuentas públicas para calcular el déficit y la deuda, pero se excluyen determinadas partidas que, pese a ser etiquetadas bajo el concepto de "flujos de caja", tarde o temprano, también tendrán que ser abonadas por las administraciones vía recaudación de impuestos.

Dicha contabilidad oculta (que bien podría definirse como Dinero B del Estado) incluye, por ejemplo, parte de la deuda que acumula el gran conglomerado empresarial participado o perteneciente en su totalidad al Gobierno central, comunidades autónomas y municipios, así como losavales, peajes en sombra y contratos de servicios(leasing) de dichos organismos administrativos.

El Estado aplica así una doble contabilidad con el fin de ocultar el agujero real de sus cuentas. Así, según los últimos datos disponibles del Banco de España, la deuda bruta total en España asciende a 751.000 millones de euros (equivalente al 75% del PIB) frente a los 585.000 millones (casi el 58% del PIB) oficiales admitidos bajo el los criterios de procedimiento de déficit excesivo que impone Bruselas.

Es decir, la deuda pública de España asciende a 166.000 millones de euros extra que no son contabilizados o, lo que es lo mismo, el 22% de la deuda se queda fuera del balance oficial.

El volumen de deuda que el Estado oculta a la opinión pública ha ido creciendo desde la introducción del euro, al pasar del 14% en el año 2000 al 22% de la deuda real en 2010, tal y como señala Edward Hugh, analista de RGE Monitor, la firma de análisis que dirige el afamado economista de EEUU Nouriel Roubini.

En el caso de las CCAA, ésta ha subido desde el 12% hasta el 25% actual, mientras que la Deuda B de los ayuntamientos ha crecido en la última década desde el 14% hasta el 23%. Destaca, sobre todo, el aumento que ha experimentado este tipo de contabilidad por parte de los ayuntamientos en 2008 y 2009, como consecuencia del desplome del sector inmobiliario.

Una porción importante de la deuda que esconden las administraciones públicas corresponde alretraso en los pagos a proveedores de bienes y servicios. Empresas y autónomos vienen denunciando desde el inicio de la crisis que el sector público no paga o lo hace tarde y mal. La creciente morosidad en la que incurren, sobre todo, CCAA y ayuntamientos, es una forma solapada de ocultar su déficit público real, ya que retrasando los pagos al sector privado evitan agrandar, aún más, su brecha fiscal.

Así, el Estado cuenta en total con más de 70.000 millones de euros pendientes de pago, de los que cerca de 50.000 millones corresponden a gobiernos regionales y locales. Debido, precisamente, a este problema, el Gobierno aprobó el pasado julio la nueva Ley de Morosidad, con el fin de poner bajo control los pagos pendientes que acumula la Administración. Algo difícil, a la vista de la evolución creciente de estos impagos.

Por su parte, la deuda total de las empresas públicas se eleva a 50.000 millones de euros -las sociedades autonómicas deben 16.000 y las locales algo más de 8.000-.

El problema es que toda esta deuda, pese a estar oculta en los balances oficiales, tendrá que ser abonada, con lo que el deterioro real que sufren las cuentas públicas españolas es muy superior al que se declara oficialmente, tanto en Moncloa como en Bruselas. La deuda pública real asciende al 75% del PIB.

M. Llamas

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