No al portazgo

Suena raro celebrar la unidad de mercado en España. Es como felicitarnos por el fin del portazgo, el viejo impuesto indirecto que gravaba el tránsito de bienes, animales e incluso personas en las tierras, ciudades y ferias de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra.
Y sin embargo hay que celebrarlo, y tomar conciencia de que la agresión del poder contra los ciudadanos es perdurable y a menudo, como el Guadiana, desaparece sólo para volver a aparecer. Los liberales de la España del siglo XVIII lucharon por el libre comercio, en primer lugar dentro de nuestro país, que padecía aduanas interiores, disparatadas coacciones que acabaron por fin... hasta que llegaron las autonomías. Ayer la vicepresidenta del Gobierno manifestó su alegría porque, otra vez, doscientos años más tarde, las autoridades vuelven a suprimir un obstáculo, lo que, lógicamente, como todas las medidas liberalizadoras, se traducirá en más bienestar: aumentará el PIB en 1.500 millones de euros al año durante 10 años.
Se felicitó, con razón, porque se va a suprimir una «maraña normativa» en nuestros 17 reinos de taifas. Explicó, y esto siempre es de agradecer, que igual no resulta del todo conveniente que a nuestros empresarios, dentro de nuestro propio país, se les obligue a etiquetar sus productos de modo diferente según sea el lugar de España donde los vendan.
Para que no se ofendan los nacionalistas separatistas, que se ofenderán de todas maneras, aclaró que la libertad es buena para todos, una idea importante y no siempre subrayada, y que obtendrán ventajas de ella las autonomías donde la industria y los servicios registren un peso mayor, que no son sólo Cataluña y el País Vasco, sino también Madrid, donde hay más libertad y, por tanto, más prosperidad. Pero en toda España los ciudadanos se beneficiarán de la disminución de algunas de las mil trabas que las administraciones públicas interponen en su trabajo.
Podemos, otra vez, remontarnos hasta el siglo XVII para encontrar las primeras quejas de los economistas españoles en contra de la abundancia de leyes que ahogan la iniciativa de los empresarios. Bendito sea Dios. Claro, aún más habría que bendecirlo si las autoridades, en lugar de suprimir los portazgos, se limitaran a no crearlos.

Carlos Rodríguez Braun

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