domingo, 21 de febrero de 2010

Sospechosos habituales


Los ciudadanos libres son siempre sospechosos para el pensamiento único. Leo esta declaración de Joaquín Almunia: "la crisis se originó en los excesos de Wall Street, en una excesiva toma de riesgos, en una actuaciones de algunas entidades totalmente ajenas a los intereses de los ciudadanos". Sami Naïr habló en El País de "la crisis provocada por la especulación financiera privada".
Aquí parece de verdad como si las autoridades no existiesen, como si no hubiera intervención ni regulación. Dejados a su libre albedrío los ciudadanos hacen las cosas mal. Conclusión: no cabe dejarlos a su libre albedrío. La pregunta es de carácter geográfico: ¿en qué planeta viven Almunia y Naïr? Porque si aceptamos la razonable hipótesis de que viven aquí con nosotros, entonces no hay manera de entender cómo es posible que no subrayen el hecho evidente de que el dinero no es privado, sino público y para más señas monopólico. Porque no parece que cuando Almunia alude a excesos y entidades contrarias a los intereses de los ciudadanos se refiera a los bancos centrales.
Dirá usted: no se puede desbarrar más. Pues sí se puede. El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, aseguró que la corrupción es propiciada por "la privatización de servicios públicos", como si no hubiera suficiente experiencia de corrupción en ausencia de privatización, y denunció que Esperanza Aguirre quiere "privatizar hasta las pestañas de los madrileños", como si fuera simplemente verdad.

Carlos Rodríguez Braun
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miércoles, 17 de febrero de 2010

Otra vez Bibiana


El pasado mes de noviembre se hacía pública la cantidad que el Ministerio de Igualdad destinaba a subvencionar los "estudios feministas": nada más y nada menos que 845.000 euros. Ahora se dan a conocer en el BOE los afortunados receptores (PDF) de las ayudas y descubrimos, además, otra partida paralela de 600.000 euros más: el escándalo crece.
Y es que algunos proyectos como la elaboración de un "Mapa de Inervación y Excitación Sexual en Clítoris y Labios Menores", las "Topografías domesticas en el imaginario femenino" o la "Exclusión social y violencia de género en los centros penitenciarios de mujeres en Andalucía" no pueden menos que resultar de un interés muy relativo para el contribuyente que ha costear con sus impuestos los 26.000, 15.000 y 50.000 euros que se dedican, respectivamente, a ellos.
Además, este paquete de subvenciones cercano al millón de euros no es el único que Igualdad dedicará a estos imprescindibles "estudios feministas": en el BOE del 18 de diciembre se recogen las destinadas a "la realización de estudios universitarios de postgrado sobre estudios feministas", este caso por otros 600.000 euros.
Entre los subvencionados en esta segunda partida encontramos apasionantes cursos como "Género, Identidad y Ciudadanía" el "Postgrado-Máster Estudios de la Libertad Femenina" o el "Máster on line oficial en Agentes de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres en el Ámbito Rural".
Los 22 proyectos subvencionados en la primera partida reciben cantidades entre los 15.000 y los 50.000 euros, pero en su mayoría se encuentran en la banda alta de estas cifras, pues la subvención media supera los 38.000 euros.
Algo por debajo de esta cifra, "sólo" recibirá 22.767 euros, pero con un contenido de los más sorprendentes es la investigación que desarrollará un profesor de la Universidad de Granada sobre "Reparaciones europeas contemporáneas y memoria de la esclavitud: esclavas negro-africanas y españolas abolicionistas (siglos XVI al XIX)".
Viendo los títulos de estos cursos e imaginando sus contenidos lo más probable, o no, es que el contribuyente se pregunte cómo hasta ahora habíamos podido subsistir sin ellos.

domingo, 7 de febrero de 2010

España necesita un Gobierno


La imagen del Gobierno español esta última semana ha sido nefasta; sus decisiones, lamentables. No ha entendido nada. El problema se llama «riesgo España», pero matar a los mensajeros resulta inútil. En el exterior circula la sensación de que el nuestro es un país insolvente, y el Ejecutivo tiene buena culpa de ello. La imagen de desconcierto, improvisación, incapacidad política, cesiones sindicales —electoralismo, en resumen— es justo lo que los mercados necesitan para seguir desconfiando de España.
Los inversores internacionales han volcado su atención en los inmensos niveles de deuda pública acumulados como consecuencia de la estrategia fiscal de «barra libre» con que se respondió a la crisis financiera, y han concluido que algunos países, y singularmente España, tendrán serias dificultades para hacer frente a sus obligaciones si no cambian radicalmente sus políticas. La presión no va a ceder. Los mercados financieros actúan como una jauría de lobos y, a la más mínima señal de debilidad, se abalanzan sobre su presa. El Gobierno ha dado repetidas muestras de incapacidad: sabe lo que tiene que hacer e incluso lo pone por escrito, pero su presidente es un rehén ideológico y ha decidido inmolarse, y con él a todos los españoles, en el altar de los sindicatos. Por evitar una posible huelga general que sólo entenderían sus convocantes nos arriesga a todos a una crisis de la deuda, a la quiebra fiscal del Estado y a una larga recesión.
Tres son las líneas de acción urgentes que habría que acometer: resolver el problema financiero, hacer sostenibles las cuentas públicas y modificar el funcionamiento del mercado de trabajo. En las tres, el Ejecutivo ha presentado propuestas tan insuficientes que ha sido peor el remedio que la enfermedad, ya que ha evidenciado internacionalmente sus limitaciones. Por eso España sigue siendo comparada con Grecia. Recuperar el funcionamiento normal del sistema bancario español exige acabar con los problemas que afectan a su balance y reducir el exceso de capacidad instalada en la industria.
El Gobierno ha optado por una estrategia gradualista y políticamente correcta que mantiene la presencia dominante del sector público autonómico en las entidades financieras. Lo menos que se puede decir del FROB es que no ha funcionado, que no ha servido para provocar la reestructuración ordenada de las Cajas de Ahorros. Se ha acabado el tiempo del voluntarismo. El Banco de España ha de actuar con energía y sin dilación, utilizando los mecanismos disponibles de regulación, supervisión e intervención. Supondrá un coste fiscal, bien lo saben nuestros acreedores, y por eso nos exigen un recorte de gasto adicional.
El problema del déficit público es estructural. Surge de considerar ingresos ordinarios lo que no eran sino fruto extraordinario de la burbuja inmobiliaria, y de embarcarse en una política de más gasto público, como si la restricción presupuestaria no existiese para un Gobierno con voluntad social. Hoy tenemos un déficit público que se estabilizará en el entorno del 10 por ciento del PIB y una dinámica explosiva de la deuda, más aún si incluimos los gastos derivados del saneamiento financiero y del envejecimiento de la población. No es posible rebajarlo sin reducir el tamaño de las Administraciones públicas, sin abandonar la filosofía de derechos ilimitados y gratuitos. Sin reflexionar seriamente sobre mecanismos de copago en sanidad, educación y servicios sociales, y sin repensar la estructura de competencias y de toma de decisiones de gasto en el Estado de las Autonomías.
Nuestros acreedores saben que con cuatro millones y medio de parados el país no es viable a medio plazo. Por eso nos exigen una reforma del mercado de trabajo, ya que nuestro Gobierno parece complacido en limitarse a subsidiar parados indefinidamente. Lo aprobado el pasado viernes estaría bien hace seis años; hoy urge legislar para acabar con la dualidad del mercado de trabajo mediante un contrato único, reformar la negociación colectiva para incentivar los convenios de empresa y modificar el sistema de prestaciones por desempleo para que sirva de estímulo a la búsqueda de trabajo y desincentive el paro de largo plazo. Ello supone reconocer que el Estatuto del Trabajador de 1980 está obsoleto y hay que cambiarlo.
En definitiva, recuperar la confianza internacional va a requerir bastante más que una campaña de imagen. El Gobierno está perdiendo el partido fuera: basta ver los diferenciales de deuda y, en casa, la encuesta del CIS. Ha generado una emergencia económica y parece creer que puede responder con vagas declaraciones de intenciones y vacuas apelaciones al diálogo social. Es demasiado tarde. Hacen falta decisiones valientes, aunque puedan resultar impopulares. Es a este Ejecutivo a quien compete liderar el país, señalar la dirección adecuada y comprometer su menguado capital político. Si no se considera dispuesto, que asuma su incapacidad y actúe responsablemente, adelantando elecciones. España es una gran nación con un futuro esperanzador, pero si no se adoptan medidas urgentes, lo peor puede estar por venir.

Editorial ABC
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sábado, 6 de febrero de 2010

Sarkozy y Colbert


Lluís Bassets evoca con admiración en El País a un representante típico del mercantilismo, Jean-Baptiste Colbert, y lo retrata como alguien que aporta ideas para "reparar el capitalismo y organizar la nueva gobernanza mundial". Bassets enlaza a este enemigo de la libertad con Sarkozy, que asegura que "para salvar el capitalismo hay que refundarlo y moralizarlo". Qué manía con esto de salvar el capitalismo. Por si acaso, jamás les preguntan a los ciudadanos si ellos concretamente aplauden cuando estos salvadores les quitan la libertad y el dinero.
Porque el ciudadano de a pie no entra en los cálculos no electorales ni de los próceres ni de los periodistas que tanto los admiran. El ciudadano normal es el que sufrió en el siglo XVII cuando tuvo que pagar las mercancías más caras por culpa del proteccionismo de Colbert, y es el que ahora va a pagar las valientes campañas de refundación y moralización de unos caraduras, y de quienes les aplauden.
Don Lluís, ¿qué es lo que está dañado y es menester reparar? Si el capitalismo quiere decir algo, quiere decir mercado libre, propiedad privada y contratos voluntarios. ¿Dónde está dañado? La crisis se produjo en la construcción, profundamente intervenida por el sector público, y en las finanzas, aún más intervenidas por las autoridades. Dígame, ¿dónde ve usted el capitalismo en los bancos centrales, que son públicos y monopólicos, dirigidos por unos señores seleccionados por los políticos?
Lo que está dañado no es el capitalismo, por tanto. Y todo el énfasis en salvar, reparar y moralizar, lo están protagonizando los mismos gobernantes que quebrantan la propiedad privada y los bienes y libertades de los ciudadanos. Esos gobernantes, que no saben ni pueden gobernar un país y quieren gobernar nada menos que el mundo, ellos sí que necesitan salvarse, no el capitalismo.

Carlos Rodríguez Braun
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